Los papeles secretos del ARA San Juan: una pesquisa a fondo que pone en jaque a ocho oficiales de la Armada

Doscientos cuarenta sellos rectangulares con la palabra “CONFIDENCIAL” escrito en mayúscula encabezan cada una de las fojas que componen el dictamen del “auditor militar” comodoro Ricardo Daniel Méndez. Por sus conclusiones, ocho oficiales de la Armada de la República Argentina (ARA) fueron llevados al Consejo General de Guerra, el de mayor envergadura desde el regreso de la democracia en el país, en 1983. Según sus conclusiones, cada uno de ellos habría tenido algún tipo de responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017.

Son el Almirante (R) Marcelo Eduardo Hipólito Srur. Ejercía el cargo de Jefe del Estado Mayor General de la Armada, siendo su máxima autoridad al momento de los hechos que dieran lugar a la pérdida de contacto y posterior naufragio del Submarino ARA San Juan.

Contraalmirante (R) Luis Enrique López Mazzeo. Se encontraba a cargo del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA).

Capitán de Navío Claudio Javier Villamide. Era el jefe inmediato superior del comandante del ARA San Juan, capitán de Fragata Pedro Fernández, al momento en que tuvo lugar el fatal siniestro sufrido por ese Submarino. Durante el año 2017 se encontraba a cargo del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS).

Capitán de Navío (R) Carlos Ferraro. Estaba a cargo del Proyecto de Submarinos (PYSU) al momento de producirse la entrega del buque de guerra al COFS luego de su reparación de media vida en el año 2015.

Capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso. Tenía a su cargo el Estado Mayor del COFS.

Capitán de Fragata Hugo Miguel Correa. Se encontraba destinado en el Comando de la Fuerza de Submarinos. Fue designado Jefe de Operaciones de ese Organismo, cargo que ostentaba al momento del naufragio del ARA San Juan.

Capitán de Corbeta Jorge Andrés Sulia. Prestaba servicios en el Comando de la Fuerza de Submarinos, encontrándose a cargo de la Jefatura Logística de ese Organismo.

En la foja 239, al momento de abordar las “responsabilidades disciplinarias”, el comodoro Méndez afirma que después de su investigación “se ha acreditado la existencia de hechos susceptibles de ser encuadrados dentro de las conductas tipificadas como faltas gravísimas” según el Artículo 13, incisos 16 y 23 del Anexo IV del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas de la ley 26.394.

El auditor suscribió también que “se han constatado algunas conductas susceptibles de ser encuadradas dentro de las tipificadas como faltas graves”.

Por ejemplo, al entonces jefe de la Armada, se le imputa que: “Al tomar conocimiento de la avería inicial sufrida por el submarino ARA San Juan, haber sido negligente en su accionar al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo, al no haber profundizado el análisis de la situación planteada. No haber ordenado ninguna medida concreta tendiente a superar la situación de apremio en que se encontraba la nave, ni haber dispuesto ningún recaudo para asesorarse por especialistas frente a una novedad de trascendencia que le fue comunicada que excedía con creces lo habitual en la navegación de un submarino en operaciones”.

También se lo cuestiona por “limitarse a encomendar a sus subordinados la tarea de superar el incidente inicial denunciado por la nave”.

Las conclusiones a la que llegaron los investigadores sobre el accionar de los militares que tenían bajo su órbita la seguridad del buque siniestrado será descripta en detalle en el capítulo “los responsables de la tragedia”.

Para redactar la auditoría, el brigadier utilizó la fuente Time New Roman, los renglones están separados por un espacio y el tamaño de letra 11,5.

Cada una de las fojas está cruzada con una frase donde, también en mayúscula se lee “COPIA SECRETO”, al lado de la palabra “copia”, hay un número que identifica a la persona a quien fue entregado el documento “secreto”.

Infobae no sube a la web los papeles secretos del ARA San Juan, justamente para no revelar la fuente de información, pero sí, a lo largo de cinco notas, se sintetizará, de manera textual, las acusaciones que pesan sobre cada uno de los oficiales acusados, y las razones por las que se habría hundido el único submarino operativo que tenía el país.

Es una forma poner luz en un tema de interés público, pero sobre el cual hay oscuridad. Las audiencias del Consejo General de Guerra se realizan a puerta cerrada. Solo pueden asistir, además del tribunal militar, los imputados y sus abogados defensores.

A las querellas, es decir a los representantes de las víctimas en la causa penal que se instruye en los tribunales federales de Caleta Olivia, se les negó la posibilidad de asistir a las reuniones.

La intención de estos abogados, Luis Tagliapietra, Fernando Burlando, Valeria Carreras y Lorena Arias, es descubrir las “contradicciones” en las que podrían incurrir en las declaraciones que realizaron, en calidad de testigos, o imputados en la causa que instruye la jueza Marta Yañez.

A más de tres años de la mayor tragedia de la Armada Argentina en tiempos de paz, aún se desconocen “las razones que habrían ocasionado el fatal siniestro sufrido por el Submarino ARA San Juan”.

Así lo entiende el auditor militar y lo describe con crudeza a partir del punto 5.1 de las “conclusiones”.

“Del análisis efectuado en el presente informe, mediante el auxilio de los antecedentes reunidos, informes periciales y demás medios probatorios rendidos y de la asistencia técnica con la que ha contado el suscripto, surge que no ha podido adquirirse una certeza absoluta respecto de las razones que produjeran el naufragio del Submarino”, sostiene.

A renglón seguido el comodoro abogado aclara: “No obstante ello, en el Capítulo II de este informe se ha presentado un número cerrado de hipótesis en el marco de una escala probabilística de mayor a menor, elaborada en base al rigor técnico que surge de la opinión de los peritos intervinientes, dentro de las cuales se encontraría la que habría desencadenado la tragedia, descartando toda otra alternativa fuera de las allí presentadas”.

Cada una de ellas, serán descriptas en el capítulo “las razones del hundimiento”.

El sumario (legajo disciplinario) firmado por Méndez, está fechado el 16 de septiembre de 2020 y está dirigido al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Juan Martín Paleo.

Paleo, además es uno de los vocales del tribunal militar que está integrado por un presidente, en este caso un civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; el otro vocal, el brigadier Pedro Giraldi; un secretario, el comodoro Ángel Rojo y un auditor, el general de Justicia, Juan Stanchina.

En los tres primeros puntos del voluminoso escrito, el abogado instructor afirma que: “El presente informe, tiene como propósito la determinación de las razones y circunstancias por las cuales se produjera la pérdida de contacto del SUBMARINO ARA SAN JUAN (SUSJ) en fecha 15 de noviembre de 2017. su posterior naufragio, con la lamentable pérdida de la vida de sus 44 tripulantes y las eventuales responsabilidades que pudieren haber surgido como consecuencia de ese hecho”.

A continuación, Méndez explica que: “En este orden, se entiende como esencial el desentrañar previamente la compleja trama de los sucesos acontecidos, cotejándolos -al mismo tiempo- con las cuestiones vinculadas con el estado de navegabilidad y mantenimiento de la nave y con el nivel de adiestramiento de sus infaustos tripulantes y del resto del personal interviniente”.

Asimismo, entiende el comodoro: “Es necesario revisar la actuación cumplida por el personal de la Armada que ha tomado intervención en ocasión a los hechos narrados, a los fines de determinar la existencia de eventuales responsabilidades en el marco normativo que ciñe la presente investigación”.

El auditor militar, en el punto 2.8 destacó que fuera de los dictámenes técnicos y los antecedentes sobre navegaciones anteriores y condiciones en las que zarpo el submarino, se incorporó al legajo, el expediente 17379/2017 que tramitan ante la jueza Yañez.

Por esa razón, el comodoro Méndez recuerda que: “En dicha causa, cuyo objeto procesal consiste en determinar la existencia de las responsabilidades penales de autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y de la Armada Argentina que posibilitaron que el Submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes, zarpara del Puerto de Mar del Plata el 24 de octubre de 2017 y no llegara a su destino conforme ultima orden de operaciones, yaciendo a más de 900 metros de profundidad en adyacencias del Mar Argentino”.

En su dictamen, el instructor enfatiza que: “En Primera Instancia- la situación procesal de aquellos oficiales de la Armada Argentina que fueran imputados por hechos que guardan relación con el objeto del presente legajo disciplinario, son el Contraalmirante (R.E.) Luis Enrique López Mazzeo; el Contraalmirante (R.E.) Eduardo Luis Malchiodi; el Capitán de Navío Claudio Javier Villamide; el Capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso; el Capitán de Fragata Hugo Miguel Correa y el Capitán de Corbeta Jorge Andrés Sulia”.

En todos los casos los citados oficiales fueron procesados por considerarlos autores, penalmente responsables del delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Omisión de Deberes del Oficio y Estrago Culposo agravado por el resultado de muerte.

La resolución de Yañez fue recurrida por todos los procesados ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que resolvió, en un dictamen de 177 fojas, confirmar los procesamientos de López Mazzeo, Villamide, Alonso y Correa; revocar los procesamientos de Malchiodi y Sulia, dictando “una falta de mérito” y revocar el sobreseimiento que Yañez había dictado sobre José Alberto Garro, dictando una falta de mérito, es decir, que como los dos anteriores, siguen bajo investigación.

Los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra, también ordenaron investigar al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y al ex jefe de la Armada, Marcelo Srur.

Si bien esa resolución tuvo impacto político, en el Consejo General de Guerra no tendrá incidencia alguna ya que allí se juzgan las conductas militares, no la de los civiles.

El esquema bajo el cual trabajó el instructor se dividió en cuatro etapas:

1) Desarrollo de los hechos hasta la pérdida de contacto con el submarino Ara San Juan.

2) Antecedentes técnicos relativos al estado de mantenimiento de la nave.

3) Esquema tentativo de cómo se habría producido los hechos y eventual existencia de responsabilidades por parte del personal de la Armada en relación con el hecho investigado.

4) Conclusiones.

Ese mismo será el orden en que Infobae publicará las cuatro notas restantes y que contendrán los puntos salientes de la investigación “CONFIDENCIAL” y calificada como “SECRETA”, por las autoridades militares y avalada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi quien, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, fueron los primeros en leer los papeles secretos del ARA San Juan que hoy comienzan a salir a la luz pública.

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