Lo que se viene en la Justicia en el 2021: juicios y reformas pendientes, la batalla en la Corte y cambios para Comodoro Py

El 2021, año electoral, promete ser caliente en temas judiciales. Con la vicepresidenta Cristina Kirchner como principal protagonista de causas judiciales, cuestionamientos abiertos a la Corte Suprema de Justicia y la convicción de la existencia de “lawfare” para condicionar gobiernos populares, los tribunales se convertirán una vez más en un escenario a observar: sea por acción u omisión.

Pero además Cristina Kirchner no es la única que habla de persecución: el ex presidente Mauricio Macri también enmarcó en ese terreno las causas contra él y sus funcionarios y en donde se puso el foco, en especial, en el mundo del espionaje, aunque en Comodoro Py hay más causas que salpican a su gobierno y que están activas.

Por lo pronto, el año comenzará con la definición si el ex vicepresidente Amado Boudou debe volver a prisión. “Esta situación requiere una solución política porque el lawfare es una cuestión política. Yo quiero pelear por mi inocencia. Están armando la campaña 2021 en torno a las causas judiciales. Es estructural”, aseveró Boudou.“El año que viene, en campaña, van a ir directo contra Cristina”.

Con la reforma judicial pendiente (podría haber novedades en el verano) y sin definiciones sobre los cambios en la Procuración General, el Gobierno de Alberto Fernández aspira ahora a crear un tribunal intermedio previo a la Corte Suprema que tramite los planteos de “arbitrariedad”. Cristina Kirchner, sin embargo, mira además las demandas que tiene el máximo tribunal y pueden afectar las arcas del Estado. Sobre el final del año, el oficialismo plasmó en un informe sus disparos por el manejo de las escuchas judiciales que están bajo la órbita de la Corte Suprema. Valga recordar: en su gobierno CFK quitó el control de las escuchas cuando transformó la SIDE en la AFI -salida de Horacio “Jaime” Stiuso mediante- y la pasó a la órbita de la Procuración comandada por Alejandra Gils Carbó. Aquí un pantallazo de la reconstrucción que hizo Infobae de lo que se viene en cada escenario.

La Corte Suprema de Justicia

La mirada política sobre el máximo tribunal de Justicia no cesará en este 2021. Tras la sentencia confirmado para el ex vicepresidente Amado Boudou, la vicepresidenta Cristina Kirchner se dedicó a cuestionar uno por uno a los integrantes de la Corte Suprema mientras que el presidente reforzó sus críticas por haber dejado firme la sentencia en la causa Ciccone a través de “280”, una herramienta que tiene el máximo tribunal para confirmar un fallo sin tener que dar argumentos. Precisamente, Alberto Fernández le pidió a un grupo de juristas que le hicieran propuestas para reformar el funcionamiento de la Corte Suprema, en donde incluyó ese artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial. Pero una de las propuestas que le llevó ese comité de expertos al presidente fue la iniciativa para crear un tribunal intermedio, previo a la Corte Suprema, que trate cuestiones de arbitrariedad. El presidente dijo que enviará en marzo esa iniciativa al Congreso, junto al texto para terminar con el 280.

Mientras tanto, la Corte Suprema tiene varios expedientes que la política está mirando. Uno es el que presentó el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta contra la quita de fondos de la Policía de la Ciudad que activó el oficialismo, luego de que una protesta salarial de la Policía Bonaerense que llegó hasta las puertas de la Quinta de Olivos. El hombre del PRO quiere que se dicte la inconstitucionalidad de la norma, pero hasta ahora vio recortado sus recursos y resiste el diálogo al que, a última hora del año, lo convocó el Ejecutivo. Otro de los asuntos que llegaron a la Corte fue la demanda que presentó el Banco Central para pedir la inconstitucionalidad de las leyes porteñas que gravan con impuesto a los ingresos brutos a los títulos públicos y actividades reguladas por la autoridad monetaria. Precisamente, esos impuestos buscaban generar nuevos ingresos para la Ciudad en busca de paliar el recorte hecho por Nación.

El de la Ciudad no es el único reclamo que se tramita en la Corte por planteos provinciales. Hay reclamos anteriores de miles de millones de pesos de las provincias de San Luis y de Santa Fe por la devolución de dinero de viejos reclamos económicos que aún no terminaron de ejecutarse. Se trata del fallo que la Corte Suprema dictó a finales de 2015, justo cuando se fue Cristina Kirchner y llegó Mauricio Macri. San Luis ya reclamó que el Estado le pague 20 mil millones de pesos. El radicalismo de Santa Fe ya le exigió al gobernador Omar Perotti que reclame al Ejecutivo una cifra que calculan en 150.000 millones de pesos.

En su carta contra la Corte Suprema, Cristina Kirchner habló de “causas que puede desestabilizar económicamente a un gobierno”. Ahí los conocedores de los pasillos de tribunales anotan los fallos que la ANSeS apeló para impugnar fallos en favor de los jubilados por reajuste de haberes, junto a las demandas del orden laboral en donde el demandado es el Estado por tener empleados en negro a través de monotributo o adicionales.

Mientras tanto, fue el propio Alberto Fernández el que recordó el jueves pasado en radio los “once recursos extraordinarios presentados” por la defensa de CFK en sus causas pendientes y se preguntó si no deben ser “objeto de cuidado y atención por parte de la Corte Suprema”. A eso se le suma ahora un capítulo clave: el planteo para que se caigan las declaraciones de los “arrepentidos” en la causa de los cuadernos, eje central de ese expediente en donde a la vicepresidenta se la acusa de ser jefa de una asociación ilícita.

La reforma judicial, la Procuración y la DAJUDECO

El escenario judicial no solo se desarrolla en los tribunales. Es que en Congreso se cocinan reformas que pueden salpicar a los actores judiciales. Por un lado, la reforma judicial que Alberto Fernández envió a fines de julio al Parlamento fue aprobada en el Senado pero con cambios sustanciales al proyecto original (se cayó la fusión del fuero contencioso administrativo con el civil y comercial o se crearon cientos de cargos). Sin embargo, en Diputados todavía no se trató el tema. El presidente les pidió días atrás a los diputados que se “dignen” a tratar el proyecto. Se especula con que podría activarse el tratamiento en las sesiones de verano.

El tema de la Procuración es otro de los temas pendientes. Hace un año, Fernández propuso al juez federal Daniel Rafecas para convertirse en el próximo jefe de los fiscales. Sin embargo, primero la pandemia, después la iniciativa de oficial de revisar la gestión de Eduardo Casal como procurador interino y luego el proyecto para recortar cambiar la forma de elección y el mandato del titular del Ministerio Público derivaron en que Rafecas nunca fuera convocado a audiencia ante el Senado.

Por último, la semana pasada, el oficialismo de la comisión bicameral de organismos de inteligencia puso en la mira el rol de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), encargado de hacer escuchas judiciales. Allí se le presentó un informe ante Cristina Kirchner y el jefe de la Cámara de Diputados Sergio Massa, en donde se hizo hincapié en los argumentos de “lawfare”. Habrá que ver qué decide hacer la vicepresidenta con esa investigación.

Comodoro Py

El ritmo de Comodoro Py se vio alterado en este 2020 en medio de la pandemia. Con la mayoría de las “causas k” elevadas a juicio, las denuncias contra el macrismo que aún se encuentran en etapa de instrucción. “Dormidas”, dicen algunos oficialistas que suelen ver la conexión entre los tribunales de Retiro y el antikircherismo.

-La causa penal tiene imputado al ex entonces presidente por el acuerdo sellado entre el Correo de la familia Macri y Nación en 2016 para saldar una vieja deuda millonaria aún se encuentra esperando los resultados de un estudio contable que defina cuál fue el perjuicio generado al Estado. En la causa, que tramita el juez Ariel Lijo, están imputados el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, el responsable de Asuntos Jurídicos del área, Juan Mocoroa, el presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y el apoderado Jaime Kleidermacher. Todos ellos fueron indagados pero aún no se definió su situación procesal.

-Además está la causa en donde el empresario Fabián De Sousa acusó a Macri de ser el jefe de una asociación ilícita que buscó meterlo preso y desapoderarlo del Grupo Indalo. Esa causa está en manos de la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuan. Allí la jueza ordenó en septiembre la indagatoria del ex jefe de la AFIP Alberto Abad para fines de marzo. Fue en esa causa en donde la jueza dispuso analizar los teléfonos de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner. Como la jueza había dispuesto que ese análisis se hiciera entre 2016 y 2019, las defensas impugnaron el período y la Cámara Federal instó a acortar el período de ese análisis a hechos puntuales enmarcados en la causa. “No hay argentino más impune que Mauricio Macri”, dijo entonces CFK en Twitter.

-A la causa contra la llamada “mesa judicial” del macrismo, se le sumó también la denuncia el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y a otros exfuncionarios del Gobierno de Cambiemos en el marco de la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018. Dietrich, Javier Iguacel (extitular de Vialidad Nacional) y Bernardo Saravia Frías (exprocutador del Tesoro) habían sido procesados por el juez Rodolfo Canicoba Corral, cuando el magistrado ya estaba jubilando. En esa lista también se incluyó al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, aunque por un delito más leve. Apelación mediante, la Cámara Federal anuló esos procesamientos porque las defensas dijeron no haber tenido acceso a toda la prueba. Sin embargo, dejó en pie el contenido de las indagatorias prestadas y ahora la jueza María Eugenia Capuchetti deberá resolver situaciones procesales.

-Durante el 2020 se abrieron causas para el macrismo como la investigación penal por los créditos otorgados a Vicentín o el hallazgo de 10 mil dólares en un cajón del ex funcionario Rodrigo Sbarra. Sobre el final de año, la Justicia federal ordenó investigar al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur, por su responsabilidad en el hundimiento del “Ara San Juan” que se llevó la vida de los 44 tripulantes, ocurrida el 15 de noviembre de 2017.

Los “espionajes”

Donde sí se aceleró el trámite de las causas contra el macrismo fue por afuera de Comodoro Py. Por un lado, la causa que nació en enero de 2019 en el juzgado federal de Dolores detrás de la figura del falso abogado Marcelo D’Alessio siguió creciendo y el juez entendió que la investigación estaba completada. Mientras tanto, la Cámara Federal de Mar del Plata alivió la situación del fiscal Carlos Stornelli y desprocesó al periodista Daniel Santoro. Hay aún pendiente la revisión de un fallo posterior donde se les atribuían más hechos a todos los implicados.

A la par, el juez Alejo Ramos Padilla -que podría convertirse en los inicios del 2021 en el juez electoral de la provincia de Buenos Aires- abrió una investigación conexa para investigar las bases AMBA que la AFI instaló en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo. Allí procesó a los ex responsables de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani junto a otros implicados por espionaje ilegal La defensa de Arribas consiguió en la última semana del 2020 que el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, instruyera al juez Ariel Lijo a reclamar esa investigación para los tribunales de Retiro.

El caso que explotó en 2020 fue el que se sustancia en Lomas de Zamora donde se investiga si en la gestión macrista se llevó adelante espionaje desde la AFI macrista a figuras políticas, periodísticas, judiciales y sindicales. Primero se procesó a Arribas, Majdalani, el encargado de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el responsable de Contrainteligencia Martín Coste por tareas de vigilancia a Cristina Kirchner en el Instituto Patria. Fue una denuncia que motorizó la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño.

A la par se abrieron otras dos causas: una para investigar los seguimientos no solo a CFK sino también a políticos que pertenecían a Cambiemos como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Nicolás Massot o Emilio Monzó; y otra para saber si se monitoreaba a los llamados presos k. La fiscalía ha pedido los procesamientos de todos los agentes de la AFI que pertenecían al llamado grupo “Supermariobross” más sus directivos, ex funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y algunos policías. Los fiscales también pidieron procesar como partícipe de la banda a la ex funcionaria de Cambiemos Susana Martinengo por recibir informes de inteligencia ilegal y por haberse valido de los espías para su beneficio personal, pero al mismo tiempo dictaminó por la falta de mérito de Darío Nieto, secretario del ex presidente Mauricio Macri, por entender que no había suficientes pruebas en su contra. Pero las querellas de los presos k quieren a Nieto procesado. El juez Juan Pablo Augé debe decidir si sigue ese criterio.

La novedad que se espera, sin embargo, es saber si esa causa pasará o no a Comodoro Py. El tema está bajo estudio de la Cámara Federal de Casación Penal, aunque la puja entre la jueza Ana María Figueroa y la Sala IV para ver quiénes resuelven la cuestión postergó una definición en el 2020 y el asunto se resolverá en el 2021.

La nueva composición

Lo que sí depara este año es el comienzo de un nuevo diseño en Comodoro Py. Por lo pronto el primer lugar que promete tener un nuevo formato es la Cámara Federal, el tribunal donde se define el rumbo de las causas que se instruyen. Es que por un lado el Consejo de la Magistratura ya envió la terna en donde, se descuenta, el presidente Alberto Fernández elegirá a Roberto Boico -abogado de Cristina Kirchner en la causa Memorándum- para que su nombre sea aprobado en el Senado y se convierta en juez de la Sala II.

Por otro lado, solo falta un decreto para que el juez Eduardo Farah regrese a la Sala II de la Cámara Federal, lugar del que se había ido en el otoño del 2018 luego de haber firmado junto al ahora jubilado Jorge Ballestero el fallo que, momentáneamente, liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la causa Oil Combustibles. Farah pidió su traslado hacia los tribunales de San Martín pero el fallo de la Corte Suprema sobre los traslados le habilitó imprevistamente la puerta para regresar sin problemas.

Ese fallo se dictó a raíz de un planteo concreto de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes por ahora permanecen en la Sala I de la Cámara Federal. El Consejo de la Magistratura ya apuró a un concurso para reemplazarlos: la inscripción de los aspirantes está fijada para los primeros días de febrero y el examen para el 26 de ese mes. Pero Bruglia y Bertuzzi presentaron una demanda y un amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frenar ese concurso hasta que el tribunal internacional revise su situación. Es más: pidieron a Cristina y a Macri llamados como testigos.

En tanto, el Consejo de la Magistratura también busca apurar los otros concursos para ocupar tres cargos claves en primera instancia. Por un lado se quiere avanzar con el concurso ya hecho para el juzgado federal 12, que supo ocupar Sergio Torres (hoy juez de la Corte bonaerense). Allí los primeros lugares en el orden de mérito fueron para Diego Arce, secretario del juzgado de Ariel Lijo; Gonzalo Miranda, fiscal de la UFI AMIA; y Leonel Gómez Barbella (fiscal federal en La Pampa que en su momento llevó la causa contra Papel Prensa). Y además el 28 de diciembre pasado el Consejo de la Magistratura llamó a concurso para cubrir los otros dos cargos vacantes en Comodoro Py: el juzgado 11, que ocupó Claudio Bonadio (fallecido en febrero último); y el juzgado, que estuvo al mando de Rodolfo Canicoba Corral hasta que se jubiló a fines de julio. Hay otros concursos abiertos además para diferentes cargos en tribunales orales federales.

Los juicios

El inicio de este 2021 solo tiene en agenda tres debates orales con ruido político. El primero es el de la ruta del dinero k, que promete tener una sentencia para el próximo 10 de febrero. En el banquillo están el empresario Lázaro Báez, sus hijos y el “arrepentido” Leo Fariña, entre otros. Allí la fiscalía pidió una condena de 12 años de cárcel por lavado de dinero y multas de más de 2000 millones de pesos para el ex jefe de Austral Construcciones. En ese juicio no está Cristina Kirchner, aunque permanece investigada en instrucción por el juez Sebastián Casanello, quien le dictó “una falta de mérito”. El veredicto está en manos del Tribunal Oral Federal 4.

El segundo juicio en peso político es el que se desarrolla contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y el ex jefe de la AFIP kirchnerista Ricardo Echegaray, por defraudación al Estado. La defensa está enfocada en mostrar las irregularidades de la AFIP de Mauricio Macri a la hora de investigarlos. Allí el caso está a cargo del Tribunal Oral Federal 3.

El tercero -y más importante- es que el se sustancia precisamente contra CFK, Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López -ya condenado por enriquecimiento ilícito y devenido en arrepentido en la causa de los cuadernos-, entre otros. En ese juicio se investigan irregularidades en la concesión de las 52 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos nacionales de Néstor y Cristina Kirchner. Es en el juicio en donde Cristina Kirchner declaró apenas unos días antes de llegar a la vicepresidencia, habló del “lawfare” que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri y les advirtió a los jueces y a los fiscales que iban a ser ellos los que iban a tener que responder preguntas. El Tribunal Oral Federal 2 ya programó las audiencias de este año, en el que no se esperan ni alegatos ni sentencia.

En tanto, las otras causas que tienen como protagonista a Cristina Kirchner fueron elevadas a juicio pero aún no se prevé el inicio de esos procesos que corren con distinta suerte.

-La causa “dólar futuro” tiene pendiente una decisión en Casación para que, como quieren las defensas, se anule el caso porque una pericia contable aseguró que la operación no provocó perjuicio para el Estado.

-En el caso del Memorándum con Irán, el Tribunal Oral Federal 8 suspendió una audiencia fijada para avanzar hacia el juicio oral: está pendiente que Interpol resuelva si autoriza que el ex titular de ese organismo Ronald Noble puede declarar como testigo, algo que las defensas entienden clave para demostrar que no se buscó hacer caer las alertas rojas de los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado que mató a 85 personas en la AMIA.

-Los casos Hotesur y Los Sauces están unificados en un mismo debate oral ante el Tribunal Oral Federal 5. Por ahora no está previsto el debate se inició en este 2021. Sostienen que están pendientes pericias y pruebas. Allí están acusados Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, los empresarios Báez y Cristóbal Lopez y también el ex contador de los K, Víctor Manzanares, entre otros.

-Cuadernos. Se trata de un megacaso por la cantidad de causas se anexaron detrás del expediente por las anotaciones del remisero Oscar Centeno. El capítulo central se basa precisamente en esa investigación en donde la vicepresidenta fue acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudó dinero a través de coimas pagadas por los empresarios que hacían negocios con el Estado. El corazón de esa causa son, precisamente, los “arrepentidos”. A fin del año pasado, Casación ratificó -por dos votos a uno- la validez de esa figura y las declaraciones de los “imputados-colaboradores”. Las defensas, sin embargo, buscan llegar a la Corte Suprema para impugnar en esa instancia el caso. El Tribunal Oral Federal 7 -con el juez trasladado Germán Castelli- por ahora no tiene definiciones sobre cuándo empezaría el debate.

Amado Boudou

El 30 de diciembre, cerca de las 10 de la noche, el juez Daniel Obligado resolvió que Amado Boudou debía volver a prisión para cumplir la condena dictada en su contra a cinco años y diez meses de cárcel en la causa Ciccone, condena que fue ratificada por la Corte Suprema a inicios de diciembre. Boudou había logrado un arresto domiciliario en abril, al inicio de la pandemia, firmado por el juez Obligado, en base a que la condena no estaba firme y en que su esposa, mexicana, estaba sola en la Argentina al cuidado de sus dos pequeños hijos. El fallo de la Corte hizo caer la falta de firmeza del fallo. El juez Obligado entendió que, ahora, sus hijos podían estar cuidados por su madre, al hacer hincapié en la situación económica de la familia y las condiciones en las que viven, que también se modificaron durante la cuarentena.

La defensa de Boudou apelará el fallo para evitar que demorar lo más que se pueda la orden del regreso a prisión. El juez les habilitó esa apelación, cuando puso la frase “firme que sea” a la hora de dirimir el momento de la ejecución. Será Casación la que revise entonces la resolución de Obligado de la vuelta a la prisión, aunque la defensa de Boudou podría intentar llevar el tema, una vez más, a la Corte Suprema. Según las palabras de Amado Boudou, “hay que anular los juicios y volverlos a hacer”.

Aborto

Fuera de la agenda de las causas políticas, el Congreso aprobó la ley del aborto. Los pañuelos celestes ya prometieron llevar el tema a los tribunales para que se dicte la inconstitucionalidad. El oficialismo que motorizó la aprobación sostienen que no hay ninguna posibilidad de que una sentencia de esas características prospere. La ley aún no se reglamentó. Por lo pronto, el juzgado federal N° 2 de Salta, a cargo de Miguel Medina, habilitó la feria de enero para tratar un pedido de inconstitucionalidad del Protocolo de Interrupción Legal de Embarazo (ILE), que rige para casos de abortos no punibles en casos de violación o peligro para la salud de la mujer. La presentación busca una declaración judicial que disponga que “ser humano existe desde el momento de la concepción”, como también, que “el niño no nacido tiene derecho intrínseco a la vida del que no puede ser privado”. Habrá que ver si la suerte que tienen estas causas contra la ley del aborto en las distintas jurisdicciones o las que puedan presentarse cuando haya problemas para aplicar la ley votada. En tribunales no descartan que vía, un caso concreto, el tema llegue a largo plazo hasta la Corte Suprema.

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