La disputa por la quita de los fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires sigue al rojo vivo. Ayer, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que no acudirá a la reunión con los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, para no “avalar” los planes del oficialismo. Formalmente, lo habían convocado para intentar llegar a un acuerdo sobre el monto que debe ser transferido.
El alcalde también adelantó que bajo ningún punto de vista retirará la denuncia por inconstitucionalidad que presentó el lunes pasado ante la Corte Suprema en contra de la ley 27.606, que le quita a la administración porteña un 1,18% del dinero que recibe de parte del Estado nacional, que pasará del 3,5% de coparticipación, a un 2,32%. La ley aprobada en el Congreso por el Frente de Todos y sus aliados establece que, por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, la gestión porteña recibirá anualmente $24.500 millones, en 12 cuotas mensuales.
La Ciudad denuncia que ley 27.606 “genera una disminución en los fondos coparticipables que le corresponden a la CABA y ello es en sí mismo un perjuicio o lesión tanto económico-financiero como institucional por resultar violatorio de la autonomía constitucional de la jurisdicción y resquebrajar la posición de igualdad de la cual deben gozar todos los actores del federalismo por derecho constitucional”.
“Violenta el federalismo de consenso”
La denuncia presentada por Rodríguez Larreta, a la cual tuvo acceso Infobae, principalmente plantea que la ley impulsada por el gobierno de Alberto Fernández es inconstitucional debido a que “viola el carácter convencional o concertado” que debe regir tanto la transferencia de facultades y funciones de seguridad, como el coeficiente de coparticipación que corresponde a esta Ciudad.
Según señalan, ambas cuestiones “ya habían quedado firmes y consentidas con anterioridad” y, por lo tanto, la nueva ley “afecta derechos adquiridos de la Ciudad de Buenos Aires”.
Como el artículo 75, inciso 2, de la Constitución se establece que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”. Desde el Gobierno porteño argumentaron que “está claramente dispuesto que la transferencia y reasignación de recursos correspondientes debe realizarse con consentimiento previo de la jurisdicción involucrada”.
En esa línea, le recuerdan a la Justicia que incluso la palabra federal “tiene su origen en el término latino ‘foedus-eris’ cuyo significado es pacto o alianza”. Y agregan: “He ahí la esencia misma del federalismo: la necesidad de efectuar pactos o alianzas entre los distintos niveles de gestión”.
“La ley 27.606 violenta un pacto previo a la par que obliga a la CABA a continuar con una función transferida en términos distintos a los aprobados al asumir la función sin que exista aprobación de la jurisdicción involucrada”, dice el texto de la demanda.
Según la Ciudad, si la Nación consideraba que se le había otorgado una suma excesiva a cambio del traspaso de la Policía “solo había dos caminos: un nuevo acuerdo, un nuevo convenio para renegociarlo, o de lo contrario, el camino judicial”.
El acuerdo “estaba firme”
El Ejecutivo nacional envió la ley al Congreso expresando “en forma errónea” la necesidad de que el convenio de traspaso sea aprobado por ley. Sin embargo, la denuncia plantea que el precepto constitucional “es claro” en cuanto señala que una la ley del Congreso “no es siempre obligatoria sino sólo ‘cuando correspondiere’”.
Para la Ciudad “el traspaso fue operativo con la sola firma de los convenios”. Y de hecho había sido ratificado por el Congreso indirectamente en varias oportunidades.
Luego de concretarse el acuerdo original “se sucedieron tres acuerdos fiscales que fueron ratificados por el Congreso y se aprobaron tres Presupuestos nacionales por ley del Congreso”. En todas estas normas figuraban los fondos que eran transferidos a la ciudad de Buenos Aires, pero nunca recibieron ningún tipo de impugnación.
El acuerdo posterior es “una trampa”
En su artículo 2, la ley 27.606 establece que el gasto anual que demande el traspaso de la Policía serán acordados en forma bilateral por los gobiernos nacional y porteño en un plazo de 60 días corridos a partir de la sanción de la ley. De ahí la convocatoria realizada por De Pedro y Cafiero este fin de semana.
Sin embargo, en el artículo 3 también dice que “hasta la entrada en vigencia” de este acuerdo bilateral se transferirá en forma mensual y automática un total de $24.500.000.000.
Entonces, como el Gobierno porteño entiende que llegar a un acuerdo sobre el monto que debe ser transferido será muy difícil -sino imposible-, considera que la invitación a este acuerdo bilateral es simplemente “un simulacro” de consenso.
“La CABA debe negociar desde una posición desfavorable ya que le aplican, desde la vigencia de la ley y mientras no se llegue a un consenso, los montos dispuestos en el artículo 3”, dice la demanda.
Y al mismo tiempo subraya que el Poder Ejecutivo “no cuenta con ningún incentivo para efectivamente lograr un consenso con la Ciudad: no hay un plazo que lo apremie, y mientras no se llegue a una acuerdo se aplicará la suma que dicha parte consideró inicialmente conveniente”.
“Es un intento de legitimar esta ley justificando su encuadre dentro de las exigencias del federalismo de concertación”, concluye.
“Viola la automaticidad de las transferencias diarias”
El mismo artículo 3 también estipula que los $24 mil millones se transferirán en 12 cuotas mensuales, mientras que actualmente los fondos llegan a la Ciudad diariamente.
Por eso, el Gobierno porteño agrega que es inconstitucional cambiar los términos del acuerdo porque la automaticidad diaria en la recepción de los recursos “fue un elemento importante para la toma de decisión de adherir a ese acuerdo”.
En ese sentido, recuerdan que el principio de automaticidad en la transferencia de fondos se implementó para evitar “la vieja práctica de demorar el envío de recursos a las provincias a modo de castigo o presión política”.
No “corresponde” consultar al CFI
La ley que impulsó el Gobierno nacional también propone que, en caso de que la Ciudad y el Ejecutivo no lleguen a un acuerdo, intervenga la Comisión Federal de Impuestos (CFI) para “emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual” que debe ser transferido.
Pero las autoridades porteñas afirman que llevar este conflicto a un órgano que tiene representación política es una “trampa”, ya que está conformado con representantes de todas las provincias a través de sus respectivos Ministerios de Hacienda. Cabe destacar que la mayoría de los gobernadores ya se manifestó a favor de reducir los fondos de la Ciudad, por lo que -señalan- no serían actores imparciales.
“Al no existir una modificación en los porcentajes de participación que les corresponden a las provincias, resulta absolutamente improcedente requerir que esas provincias emitan opinión alguna”, denuncia el Gobierno porteño.
El cálculo toma una base incorrecta
La Ciudad plantea que no se puede tomar el año 2016 como base de referencia para calcular el costo del traspaso de la Policía porque se trataba de una período de “transición” en el cual la transferencia de competencias “se iba cumpliendo en forma paulatina hasta llegar recién, más de un año después, a la etapa de consolidación”.
“A fin de estimar correctamente los costos corresponde tomar la ejecución presupuestaria de 2015 cuando la prestación íntegra (de la seguridad) estuvo a cargo del Gobierno Nacional. La estimación que se efectúe tomando como base el año 2016, al no estar culminado el traspaso, resulta parcial”, explican, y detallan que “este importe responde únicamente a las transferencias efectuadas por el pago de haberes del aludido traspaso progresivo y no contiene las transferencias realizadas en virtud de otros gastos no asociados al gasto en personal”.
Medida cautelar
La demanda por inconstitucionalidad contra la ley 27.606 también fue acompañada con una medida cautelar de aplicación inmediata para frenar la quita de recursos que ya comenzó a implementarse.
Según el Gobierno porteño, desde la entrada en vigencia del Decreto 735, que ya reducía la coparticipación, firmado el pasado 10 de septiembre hasta el 10 de diciembre, cuando se sancionó la ley que profundiza el recorte de fondos, la CABA ha dejado de percibir en concepto de coparticipación federal de impuestos, la suma de $11.010 millones. “Ello implica una reducción diaria hasta la entrada en vigencia de la ley de $180.502.205”, aclaran.
“De mantenerse esta situación durante el año próximo, la estimación alcanzaría un total de $65.083.500.000”, concluyen.
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