La Justicia resolvió este jueves suspender la venta de 86 hectáreas de tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires. Los lotes pertenecían a la Nación y fueron transferidos a la Ciudad a través de un convenio, aprobado por la Ley N° 6.131, durante la presidencia de Mauricio Macri.
Entre los terrenos en cuestión, se encuentran los predios del Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31bis), el triángulo de Salguero, playones ferroviarios en Villa Crespo y los pertenecientes al ex Mercado de Hacienda.
El juez de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, advirtió en su fallo que no se cumplió con las audiencias públicas obligatorias ni con el procedimiento de doble lectura para sancionar esta ley, ordenado por los arts. N° 89 inciso 4 y N° 90 de la Constitución de la Ciudad.
El recurso de amparo había sido presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria - FIUBA (CLIC), IPYPP y la Defensoría de Laburantes. Los demandantes también habían argumentaron que la ley “no respeta la participación ciudadana que exige el Plan Urbano Ambiental para el manejo del Banco de Tierras e Inmuebles de la Ciudad”.
El fallo salió en medio de la intensa disputa entre el Gobierno porteño y la Casa Rosada por la quita de la coparticipación. En un contexto de recorte presupuestario, la administración de Horacio Rodríguez Larreta -que esperaba poder contar con el dinero de la venta de las tierras- suma un nuevo revés que afectará sus arcas públicas.
Para intentar distender la situación, en las últimas horas, el gobierno nacional convocó a Rodríguez Larreta a la Casa Rosada para acordar los recursos que necesita la Policía de la Ciudad para funcionar durante el 2021. Lo hizo a través de una carta en la que le plantearon que “el objetivo de la reunión será definir los lineamientos del proceso de diálogo entre ambas jurisdicciones, así como la conformación de los equipos técnicos pertinentes”.
El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el de Economía, Martín Guzmán, fueron los encargados de hacer la convocatoria formal, en el marco de la conformación de una comisión bilateral para alcanzar un acuerdo consensuado en el traspaso de facultades y funciones de seguridad a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La norma, aprobada hace una semana en Diputados, le quita a la administración porteña un 1,18% del dinero que recibe de parte del Estado nacional.
Sin embargo, la discusión por los terrenos públicos en la ciudad de Buenos Aires no es nueva, a principio de año, en enero, el Gobierno nacional ya había comenzado a poner la lupa sobre el traspaso de 31 escrituras correspondientes a playas ferroviarias y parcelas ubicadas en Caballito, Belgrano y Liniers y la concesión de los espacios debajo de dos viaductos, el Mitre y el San Martín, además del Paseo del Bajo y compensaciones por pagos no realizados desde Nación.
La mayoría de los predios fueron transferidos a fines del 2018 por el gobierno de Mauricio Macri como parte de un convenio entre ambos distritos que propuso la entrega de esos inmuebles a cambio de que la gestión porteña se hiciera cargo del financiamiento de la última etapa de la obra del Paseo del Bajo.
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