El gobierno nacional convocó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la Casa Rosada para acordar los recursos que necesita la policía metropolitana para funcionar durante el 2021. Lo hizo a través de una carta en la que le plantearon que “el objetivo de la reunión será definir los lineamientos del proceso de diálogo entre ambas jurisdicciones, así como la conformación de los equipos técnicos pertinentes”.
El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el de Economía, Martín Guzmán, fueron los encargados de hacer la convocatoria formal, en el marco de la conformación de una comisión bilateral para alcanzar un acuerdo consensuado en el traspaso de facultades y funciones de seguridad a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro, que se desarrollará la semana que viene en Casa Rosada, intentará ser una tregua en la tensa discusión que se desató entre el gobierno nacional y el porteño por la quita de la coparticipación a la Capital Federal.
“El Gobierno reafirma la voluntad de diálogo para definir de manera consensuada el gasto anual que demanda la transferencia efectiva en favor de la Ciudad de Buenos Aires”, aseguraron desde el Ministerio del Interior.
La norma, aprobada hace una semana en Diputados, le quita a la administración porteña un 1,18% del dinero que recibe de parte del Estado nacional. En ese momento, los senadores habían tenido fuertes discursos y habían abundado las acusaciones cruzadas. Y algo similar paso en el recinto.
La ley aprobada establece que, por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, la gestión porteña recibirá anualmente $24.500 millones.
Ese monto es bastante menor de lo que venía recibiendo desde que en 2016 el ex presidente Mauricio Macri a través un decreto había aumentado la coparticipación de la Capital Federal a un 3,75%.
La cifra que incluye este nuevo proyecto se actualizará de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC), del año precedente.
El lunes pasado Horacio Rodríguez Larreta formalizó ante la Corte Suprema la demanda contra el Estado Nacional, a raíz de la ley que recortó los fondos de coparticipación a la Ciudad luego del conflicto con la policía en la provincia de Buenos Aires.
Entre sus argumentos, el gobierno porteño sostiene que se está violentando su autonomía y también incumpliendo unilateralmente acuerdos preexistentes.
En el gobierno porteño la decisión sobre qué hacer frente a la convocatoria del Gobierno se tomará el fin de semana. Rodríguez Larreta tendrá una ronda de consulta con algunos de los funcionarios de su Gabinete y definirá si acepta la búsqueda de un acuerdo con la gestión nacional.
La presentación se hizo recién el lunes porque ese día se cumplieron los 10 días hábiles de la sanción de la ley. La última es una nueva demanda a la que ya se había presentado en septiembre pasado, con un pedido de cautelar incluido, cuando la Ciudad fue contra el decreto dictado por el Ejecutivo que recortaba los fondos. Ahora, la ley votada en el Congreso amplía ese recorte.
En el Gobierno de Rodríguez Larreta sostienen que si se mantiene el recorte, la ciudad perderá más de 65 mil millones de pesos. Según la postura del gobierno porteño, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires aportan el 22% del total de los recursos coparticipables a nivel nacional y, tras el recorte, podrían empezar a recibir solo el 1,4 por ciento.
Consideran que la reducción es “inconstitucional” y afectará la seguridad de los 3.000.000 de vecinos que habitan en la Ciudad de Buenos Aires.
El 18 de setiembre pasado, Rodríguez Larreta presentó ante la Corte Suprema una demanda y una acción de amparo contra el decreto que llevaba del 3,5 por ciento al 2,32 el coeficiente de la coparticipación de impuestos de la Capital Federal.
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