Al filo del comienzo de la feria judicial, el juez Daniel Obligado decidió revocar la prisión domiciliaria de Amado Boudou, un beneficio que él mismo le había otorgado en el mes de abril. ¿Qué cambió? Según la resolución judicial, la condena por el caso Ciccone ahora está firme, ya que la Corte Suprema rechazó todos los recursos a comienzos de diciembre, y además los hijos del ex vicepresidente pueden estar a cargo de su madre, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente. El magistrado también tuvo en cuenta la situación económica de la familia y las condiciones en las que viven, que también se modificaron durante la cuarentena.
Efectivamente, a comienzos de diciembre, la Corte Suprema rechazó todos los recursos presentados en el caso Ciccone y dejó firme la condena de 5 años y 10 meses para Amado Boudou que había dictado un tribunal oral en 2018. El ex vicepresidente está cumpliendo el arresto domiciliario desde abril: comenzó en un departamento del barrio de Barracas y luego pidió permiso para mudarse a una casa en Avellaneda.
Esa es la primera diferencia importante: la sentencia quedó firme. “Uno de los principios rectores por los cuales se concediera la morigeración en el caso se ha visto superado -el estado de inocencia de la persona- y resta sólo el contralor de la condena impuesta”, dice el juez en la resolución.
Segundo elemento: el contexto de la pandemia por el COVID-19 ya no es el mismo de abril, más allá del aumento de los casos positivos en los últimos días. Obligado midió sus palabras pero se encargó de aclarar que “el instituto de la prisión domiciliaria constituye una alternativa de carácter excepcional como forma de cumplimiento de una condena”.
Tercer argumento: según el juez Obligado, la familia de Boudou cuenta con recursos económicos suficientes. En la resolución se menciona el alquiler de un departamento del ex vicepresidente, y de otra propiedad en México, el sueldo de su mujer como asesora en el Senado, la pensión que recibe Boudou como ex vicepresidente, y el “apoyo económico de familiares y compañeros de la política”.
Cuarto. El juez también tuvo en cuenta las condiciones habitacionales de la familia de Boudou, que en septiembre pasado se mudó a una casa en el partido de Avellenada, que cuenta con jardín, pileta, quincho, cinco dormitorios y hasta ascensor propio.
Quinto. Todos los miembros de la familia “gozan de buen estado salud” y tienen cobertura médica.
Sexto. Obligado también menciona que actualmente la mujer de Boudou puede contar con la ayuda de una empleada doméstica para cuidar a sus hijos.
Por todos esos motivos, el juez consideró que los hijos de Boudou “no se encuentran en una situación de desamparo, de manera tal que deba ceder el interés social de resguardo de los derechos de los menores por sobre el interés punitivo del Estado en efectivizar la condena impuesta”.
En abril, el juez había argumentado que la mujer de Boudou estaba sola y no tenía ayuda para cuidar a sus dos mellizos. La defensa del ex vicepresidente había profundizado esa línea de argumentación. De hecho, el defensor de menores que representa los intereses de los dos hijos de Boudou se había expresado a favor de la domiciliaria.
Sin embargo, Obligado ahora sostiene que las condiciones cambiaron y que los menores “están contenidos material, moral y afectivamente”. Además, opinó que los mellizos podrían visitar a su padre en la cárcel, si efectivamente regresa a un penal: “El vínculo paterno-filial, que bien advirtieran en los informes aludidos, se viera fortalecido en este período de convivencia, puede ser mantenido como hicieran previamente, toda vez que las visitas sociales a los establecimientos carcelarios han sido reanudadas”.
El martes, los fiscales Guillermina García Padín y Marcelo Colombo habían argumentado que los hijos de Boudou podían quedar a cargo de su madre. “Las actuaciones obrantes en la presente incidencia que han sido largamente detalladas, dan cuenta de que los menores se hallan contenidos desde el punto de vista afectivo y material, cuentan con el sólido cuidado y acompañamiento de su madre; el grupo familiar tiene ingresos que le permiten cubrir, sin dificultad alguna, todas las necesidades habitacionales, alimentarias, sanitarias, educativas; y cuentan con el acompañamiento y apoyo de una red de familiares, amigos y allegados”, detallaron en su dictamen.
Boudou ya estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento de Puerto Madero con una orden del juez Ariel Lijo. Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del Tribunal Oral Federal 4 por el caso Ciccone. Ese período se extendió hasta el 11 de diciembre de ese año, cuando ese mismo tribunal, con otra composición, decidió otorgarle la excarcelación tras el pago de 1 millón de pesos y la colocación de una tobillera electrónica con GPS. Su tercer paso por el complejo penitenciario de Ezeiza arrancó el 18 de febrero del año pasado, luego de un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación.
Aunque el Código Procesal es muy claro en estos casos, la orden judicial para que Boudou vuelva a la cárcel no se hará efectiva en las próximas horas. Con apenas tres palabras, “firme que sea”, el juez dejó abierta la puerta a que la apelación ante la Cámara de Casación interrumpa la ejecución de la sentencia. Ese artilugio legal descolocó a propios y extraños.
La apelación se puede presentar dentro de los primeros días del año. En ese caso interviene la Sala de Feria. Pero si no hay un pedido concreto para habilitar la feria, pasará al mes de febrero y actuará la Sala IV.
Con ese escenario, Boudou podrá festejar el Año Nuevo en su casa.
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