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Víctor Manzanares, el ex contador del matrimonio Kirchner que estuvo preso y se convirtió en arrepentido en la causa de los cuadernos, consiguió que la Justicia lo autorizara a abandonar la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos. La decisión, a la que se opuso el fiscal Diego Velazco, fue tomada por dos votos a uno por el Tribunal Oral Federal 5, que tiene en sus manos llevar a juicio oral las causas Hotesur y Los Sauces.
En mayo de 2019, Manzanares ya había renunciado a seguir perteneciendo al Programa de Protección de Testigos e Imputados, programa al que ingresó cuando se convirtió en imputado-colaborador en la causa de los cuadernos. Es que el contador quería volver a vivir en Santa Cruz, junto a sus hijos, de los que se había despedido cuando en julio de 2017 fue detenido por orden del entonces juez Claudio Bonadio en la causa Los Sauces. Luego, al convertirse en “arrepentido”, el contador pudo salir de prisión. “Llevé valijas con 2 millones de dólares a la casa de los padres de Néstor Kirchner”, dijo en aquel momento.
Lo cierto es que en aquel momento la Justicia permitió que permaneciera en libertad, pero bajo la colocación de una tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos y la obligación de presentarse regularmente ante autoridades judiciales. En el último año, la defensa denunció una serie de episodios extraños y a reclamar que le quiten la pulsera electrónica. En marzo, Manzanares denunció intimidaciones a un teléfono que nadie conoce. También dijo que una persona estaba sacando fotos en la puerta de su casa.
Ahora, a más de un año y medio de esa decisión, la defensa de Manzanares, a cargo de Roberto Herrera y Alejandro Baldini, pidieron a la Justicia que se le retirara la tobillera electrónica. Allí plantearon que, a su juicio, “la utilización de un aparato electrónico de localización, no reviste relevancia alguna para la evaluación de riesgo procesal, ello teniendo en especial consideración que Manzanares, tiene una custodia personal y permanente por parte de fuerzas de seguridad las 24 horas del día, y se presenta ante la División Delegación de la Policía Federal Argentina, con asiento en Río Gallegos, Santa Cruz”.
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La defensa resaltó además que Manzanares permanece “en el mismo domicilio, junto a su familia, por lo que se encontraría acreditado el ‘arraigo’ suficiente como para acceder a lo peticionado”. En la presentación a la que accedió Infobae, entre los argumentos los abogados pusieron también como ejemplo el caso de Diego Lagomarsino, acusado de ser partícipe del homicidio del fiscal Alberto Nisman, que también consiguió recientemente que el juez Julián Ercolini le autorizara a sacarse la tobillera que monitoreaba sus movimientos.
El análisis de la cuestión quedó en manos de los jueces Daniel Obligado, Adrian Grümberg y Adriana Palliotti. El fiscal Diego Velazco se opuso. Según el fallo firmado hoy, Obligado -el mismo que autorizó el arresto domiciliario del ex vicepresidente Amado Boudou y ahora debe resolver si vuelve a prisión tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena en la causa Ciccone- analizó la cuestión y se inclinó por aceptar el pedido.
“Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que el imputado Manzanares se encuentra cumpliendo de manera satisfactoria con las obligaciones impuestas al momento de ser excarcelado –un (1) año, siete (7) meses y ocho (8) días-; que se encuentra impedido de salir del país; que cuenta con custodia permanente de la Gendarmería Nacional Argentina que le fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal n° 11 en el marco de los autos 17.459/2018, entiendo que se encuentran dadas las condiciones para acceder a lo solicitado por la defensa de Víctor Manzanares y en consecuencia, disponer su exclusión del sistema de personas bajo vigilancia electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”, escribió. Propuso fijar a Manzanares “la obligación de presentarse de manera quincenal” y que el juzgado federal 11 informara cualquier modificación sobre su custodia.
Su colega Grümberg estuvo de acuerdo. E incluso recordó que en setiembre pasado, cuando Manzanares reportó haber recibido amenazas, él ya había entendido que “no obraban elementos de convicción que permitan pronosticar que en caso de que se lo excluya del Programa antes citado, éste se evada del accionar de la justicia, dado que igualmente, deberá cumplir con las restantes obligaciones impuestas”. Palliotti, en cambio, se inclinó por no hacer lugar a la medida, en sintonía con el fiscal, pero quedó en minoría.
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