El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta formalizó hoy ante la Corte Suprema de Justicia la anunciada nueva demanda contra el Estado Nacional, a raíz de la ley que recortó los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, después del conflicto con la policía en la provincia de Buenos Aires. Entre sus argumentos, la Ciudad sostiene que se está violentando su autonomía y también incumpliendo unilateralmente acuerdos preexistentes.
La presentación se hizo recién hoy, porque hoy se cumplieron los 10 días hábiles de la sanción de la ley. Se trata de una nueva demanda a la que ya se había presentado en septiembre pasado, con un pedido de cautelar incluido, cuando la Ciudad fue contra el decreto dictado por el Ejecutivo que recortaba los fondos. Ahora, la ley votada en el Congreso amplía ese recorte.
En el Gobierno de Rodríguez Larreta sostienen que si se mantiene el recorte, la ciudad perderá más de 65 mil millones de pesos. Según la postura del gobierno porteño, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires aportan el 22% del total de los recursos coparticipables a nivel nacional y que, tras el recorte, podrían empezar a recibir sólo el 1,4 por ciento. En ese sentido, afirman que la reducción volvió es “inconstitucional” y afectará la seguridad de los 3.000.000 de vecinos que habitan en la Ciudad de Buenos Aires.
El ex presidente Mauricio Macri había aumentado la coparticipación que recibe la Capital Federal a través del DNU 194/2016 de enero de 2016 que llevó de 1,40% a 3,75% los recursos enviados a la Ciudad para cubrir los gastos del traspaso de la Policía al territorio porteño.
Con la llegada de la presidencia de Alberto Fernández, esa decisión fue puesta en la mira. Y una huelga policial en la provincia de Buenos Aires, que llevó incluso a efectivos a protestar en la puerta de la quinta de Olivos, terminó de hacer detonar la decisión. Con otro decreto, Fernández decidió quitarle a la Ciudad de Buenos Aires más de 30 mil millones de pesos de coparticipación anual para solucionar el conflicto de la policía bonaerense
El 18 de setiembre pasado, Rodríguez Larreta presentó ante la Corte Suprema una demanda y una acción de amparo contra el decreto que llevaba del 3,5 por ciento al 2,32 el coeficiente de la coparticipación de impuestos de la Capital Federal. En el escrito judicial del Ejecutivo porteño, firmado por la apoderada María Cristina Cuello, se solicitó que “se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan”.
Pero hasta ahora no hubo un análisis por parte de la Corte Suprema. Lo único que hubo fue un dictamen del procurador interino Eduardo Casal diciendo que el máximo tribunal tenía competencia originaria en el asunto.
Con la sanción de la ley que amplió el recorte de los fondos que recibía la Ciudad, el gobierno de Rodríguez Larreta presentó ahora una nueva demanda, con argumentos similares. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad que se radicó recién hoy, cuando la ley quedó promulgada.
De acuerdo a voceros porteños, la presentación sostiene que “la Ley, al consolidar la reducción del coeficiente de coparticipación y establecer la transferencia de un monto de solo $24.500 millones a cuenta para el financiamiento de la seguridad interior no federal en la Ciudad de Buenos Aires, agrava aún más la situación y obliga a la Ciudad a adoptar medidas para paliar parcialmente y en forma transitoria el desfinanciamiento producido por estas medidas”. Por ello, se entiende que “la Ley vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las Provincias y la CABA”.
También se afirma que la norma “atenta contra la autonomía de la CABA y deja de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”. De acuerdo a los voceros, la suma que se dispone transferir como pago a cuenta para financiar la seguridad sólo cubriría el 27,9% de la partida total en el Presupuesto y apenas el 40% del gasto en Personal proyectado.
Para evidenciar la magnitud del despojo, añadieron, se debe señalar que desde que se produjo la primera reducción como consecuencia del Decreto 735/2020 de fecha 10-9-2020, claro antecedente de la ley ahora cuestionada, la Ciudad de Buenos Aires ha dejado de percibir en concepto de coparticipación hasta el 10 de diciembre la suma de $11.010.634.519. Y la aplicación de la ley implica para el año 2021 una pérdida de $ 65.083.500.000.
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