La Sala II de la Cámara Federal porteña revocó un sobreseimiento dictado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi por el que quedaba cerrada una causa iniciada en 2013 contra Nilda Garré, ex ministra de Defensa y Seguridad durante el kircnerismo, quien había sido denunciada por la incompatibilidad de cobrar dos ingresos públicos al mismo tiempo.
Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia dejaron sin efecto la decisión de Martínez De Giorgi quien había sobreseído a Garré en contra de lo que había solicitado Carlos Rívolo, el fiscal del caso. Rívolo había imputado a Garré y luego pedido su indagatoria porque mientras ocupó cargos en los gobiernos de la Alianza y del kirchnerismo, y cuando fue diputada nacional, siguió cobrando el ingreso -emolumento- que le corresponde como titular del Registro de la Propiedad Automotor 57 de la Capital Federal.
Garré está -desde 1989, cuando gobernaba el menemismo- al frente del Registro de la Propiedad Automotor 57 . Pidió por primera vez licencia cuando asumió como funcionaria del gobierno de la Alianza en el ministerio del Interior. Y mantuvo su licencia mientras ejerció diversos cargos durante el kirchnerismo cuando fue embajadora y ministra de Defensa y luego de Seguridad. Su último cargo fue el de embajadora argentina ante la OEA. Hace unos meses fue designada por el ministro de Defensa Agustín Rossi en un cargo en su cartera.
La imputación del fiscal del caso indica que Garré, si bien estuvo de licencia en el Registro, cobró como directora de esa oficina mientras tenía otros ingresos. La defensa de Garré sostuvo -entre otras cosas- que no hubo incompatibilidades porque el emolumento que cobraba servía para afrontar gastos de funcionamiento del registro y no era un sueldo.
A fines de noviembre el juez Martínez De Giorgi consideró que Garré no había cometido ninguna irregularidad y no fue incompatible el hecho de haber mantenido su ingreso (emolumento) como encargada del Registro con uso de licencia con los otros sueldos que cobró. También consideró que durante unos meses que cobró su jubilación al mismo tiempo que era funcionaria de la Alianza no constituía delito.
José Luis Agüero Iturbe, quien subroga la fiscalía ante la Cámara Federal porteña sostuvo el recurso de apelación presentado por el fiscal Rívolo y por eso intervino la Sala II de la Cámara Federal que ya había revocado un sobreseimiento dictado por el juez Martínez De Giorgi en 2017. La Cámara había dicho que la decisión del juez resultaba “prematura”.
Cuando apeló en 2017, Rívolo había glosado los cargos que tuvo Garré: “Diputada Nacional –en más de una ocasión y hasta el presente-, Secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Secretaría Ejecutiva de la Unidad Especial de investigación para el esclarecimiento del atentado a la AMIA, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la República Bolivariana de Venezuela, Ministra de Defensa, Ministra de Seguridad y Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria como representante ante la Organización de Estados Americanos”.
En su nueva apelación Rívolo-respaldado por Agüero Iturbe- sostuvo que “En aquel entonces expuse –y lo reafirmo aquí- que no existe ninguna duda acerca del carácter de funcionarios públicos de los Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor, así como tampoco que los emolumentos que estos perciben como contraprestación por el ejercicio de ese cargo provienen del peculio público, resultante de un porcentaje o monto fijo de los aranceles que recaudan. De allí que, a criterio de ese Ministerio Publico, la percepción de los emolumentos correspondientes al cargo de Titular del Registro Seccional de la Propiedad Automotor N° 57 por parte de la imputada Nilda Celia Garré, en aquellos periodos en los cuales se encontraba en uso de licencia en los términos del artículo 6° inc. C) del decreto 644/89, simultáneamente con las remuneraciones correspondientes a los diversos cargos públicos que ha venido desempeñando y desempeña hasta el día de la fecha, configura una evidente situación de incompatibilidad por acumulación de cargos públicos”.
Al fundamentar su apelación Rívolo señaló que " surge de la propia reglamentación vigente -y así lo interpretan también los asesores legales de la DNRPA- que el ejercicio del cargo de Encargado de Registro del automotor constituye una función pública y que, en consecuencia, existe una incompatibilidad configurada por el ejercicio simultáneo de la función registral y el desempeño de un cargo remunerado en el ámbito nacional, provincial o municipal; tal es el caso de la aquí imputada Nilda Celia Garré quien, como vimos, se encuentra en esta situación, continuadamente, desde hace más de 20 años hasta la fecha; y esto más allá de las responsabilidades que podrían caberle a las sucesivas gestiones de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor por no haber advertido tan evidente situación de incompatibilidad en el caso que nos ocupa”.
En la causa se realizó un peritaje contable del que habló Rívolo en su apelación: “Me parece importante aclarar en este punto que el hecho de que los Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hayan podido establecer conclusiones sobre las deducciones correspondientes a gastos y/o costos propios del Registro de la Propiedad Automotor N° 57, en nada obsta a la pretensión de esta parte de que se le reciba declaración indagatoria a la Sra. Nilda Celia Garré, pues tal como lo expliqué en anteriores presentaciones en las cuales solicité que se le reciba declaración en los término del art. 294 del C.P.P.N., la imputación que este Ministerio Publico dirige a la nombrada no tiene que ver con un eventual enriquecimiento ilícito, sino que apunta, como adelanté en el párrafo anterior, a la evidente incompatibilidad por acumulación de cargos públicos y, en tal sentido, a la percepción simultanea de emolumentos y/o salarios procedentes del erario público. Es decir que lo que aquí importa no es el destino que la Sra. Garré le haya dado a los emolumentos que percibió – y percibe- durante más de 30 años, sino el hecho de que, sencillamente, pudo disponer de ellos como si fueran propios, cuando en realidad se encontraba desempeñando funciones en otros cargos de la Administración Pública Nacional por los cuales, reitero, también percibió el salario correspondiente, y no cumpliendo tareas como encargada del Registro Seccional Capital Federal N° 57″.
Los camaristas Irurzun y Bruglia les dieron la razón a los fiscales y revocaron la decisión de Martínez De Giorgi nuevamente por “prematura”. La Cámara le ordenó al juez algunas medidas de prueba: que se tomen nuevos testimonios y que realice un nuevo peritaje contable sobre el movimiento económico financiero del Registro 57. Los camaristas quieren que se realicen esas pruebas para poder agotar la investigación. Queda pendiente el pedido de indagatoria de Garré que hizo Rívolo.
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