
Bastó que Cristina Kirchner hablara dos veces en pocas horas sobre la reformulación del sistema de salud para que la Confederación General del Trabajo (CGT) entrara en pánico: los dirigentes gremiales temen que esos cambios, que no saben cuáles son, perjudiquen a las obras sociales.
“Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, dijo Cristina Kirchner el sábado pasado. Un día antes, Alberto Fernández había recibido a la cúpula de la CGT en la Quinta de Olivos y dio su aval para que se estudiaran medidas dirigidas a revertir la crisis financiera de las obras sociales.
Hoy, la dirigencia cegetista oscila entre la desconfianza y el temor ante la posibilidad de que la fuerte presión cristinista por los cambios en el gabinete terminen con el reemplazo del ministro de Salud, Ginés González García, por un candidato propuesto por la vicepresidenta.
Para los sindicalistas, está claro que Cristina Kirchner considera que el ciclo del titular de Salud está cumplido y que hay que oxigenar ese puesto. Pero aunque la central obrera mantiene una relación ciclotímica con el actual ministro, imagina que todo puede empeorar. Saben que el coordinador del Instituto Patria en materia sanitaria, Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense, tiene una mirada distinta sobre el sistema de obras sociales y ahora creen que puede saltar al gobierno nacional.

La vicepresidenta mantiene un vínculo tenso con la dirigencia que maneja la CGT desde los años de su gobierno y, en particular, desde la administración macrista. En julio de 2012, Cristina Kirchner designó como responsable de la Superintendencia de Servicios de Salud a Liliana Korenfeld, ex secretaria de Turismo de Río Gallegos y ex titular de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz. Se trata de una “pingüina” de pura cepa que cerró el grifo de los fondos de las obras sociales y los distribuyó en función del grado de alineamiento con el Gobierno que mantuvieran los dirigentes gremiales.
Era la época en que Hugo Moyano era anticristinista y lideraba una CGT opositora, mientras que la otra fracción cegetista era conducida por el metalúrgico Antonio Caló y estaba acompañado por los mismos que manejaron la central obrera desde 2016, con Héctor Daer como uno de sus cotitulares.
Cristina Kirchner es una de las mayores críticas de la CGT del período 2015-2019 por su actitud dialoguista y de “poca resistencia al neoliberalismo” de Mauricio Macri. Gollán fue el último ministro de Salud del gobierno de Cristina Kirchner y también fue un implacable cuestionador de la central obrera de los últimos años. En abril de 2019, por ejemplo, tuiteaba lo siguiente contra la cúpula cegetista: “Masacre cotidiana de puestos de trabajo, pero la misma CGT que le hacía paros nacionales a Cristina por Ganancias, ahora dice que no sirven contra Macri. Sólo para que aprendamos”.
El mismo Gollán fue un tenaz crítico del acuerdo del gobierno de Macri con la CGT para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) para evaluar las nuevas drogas y determinar si se justifica su utilización en los tratamientos médicos, visualizada como un freno al auge de medicamentos caros que deben pagar las obras sociales aunque su eficacia no esté probada.

En 2017, el actual ministro de Salud bonaerense escribió: “La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias determinará qué prestaciones de salud dejan de estar comprendidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Todo lo que deje de cubrir el PMO deberá pagarlo el afiliado o asociado de las obras sociales y prepagas de su propio bolsillo. Siguiendo con la lógica meritocrática, quienes puedan pagar planes más caros accederán a más prestaciones; esto irá de la mano de ofrecimientos de múltiples cartillas de prestaciones con ofertas escalonadas de servicios según cada presupuesto individual, familiar o institucional. La mercantilización acaba con el concepto de salud como derecho”.
La central obrera volvió a insistir ahora ante el Gobierno en la creación de la AGNET y González García está de acuerdo, pero un giro del área de Salud hacia el kirchnerismo duro sería letal para ese proyecto, que, según el sindicalismo, es clave contra los jueces que conceden amparos a afiliados que reclaman que las obras sociales se hagan cargo del alto costo de los nuevos medicamentos.
Cristina Kirchner habló sobre la reformulación del sistema de salud en el cierre de un encuentro organizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, que preside el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que en Twitter se define como “médico clínico, sanitarista y militante” y que dirigió el documental “La insubordinación de los privilegiados”, que “se mete de lleno en el conflicto entre el derecho a la salud y los intereses cada vez más deshumanos de la industria de la enfermedad”.
En la CGT miran de reojo al eje Cristina Kirchner-Gollán-Kreplak porque entienden que buscan privilegiar al sistema público de salud en desmedro de las obras sociales y del sector privado. Si fuera así, el esfuerzo oficial estará en mejorar los hospitales públicos y no en solucionar los números en rojo de las obras sociales, que atienden a unas 14 millones de personas en todo el país.
El secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, el dirigente que más sabe sobre el sistema de obras sociales, ya tuvo dos reuniones en los últimos diez días, primero con González García y luego con el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, para analizar cómo superar la inédita crisis de las obras sociales que se agrava con un déficit mensual de $1.500 millones.

Son básicamente tres los puntos sobre los cuales funcionarios y sindicalistas barajan alternativas en estas horas: 1) Que el Estado se haga cargo de pagar los medicamentos más costosos mediante un fondo especial. 2) Que el Estado pague el 100% de algunos de los gastos por discapacidad que deben afrontar las obras sociales, como las relacionadas con el rubro educativo, por ejemplo. 3) Que se aumente la cápita que pagan los monotributistas para acceder a la atención de la obra social, que está desactualizada y que cuyo pago no es obligatorio para el grupo familiar del beneficiario principal.
Las conversaciones seguirán en enero, después de las Fiestas, pero la CGT reza para que sus interlocutores oficiales sigan en sus puestos y no sean reemplazados por dirigentes kirchneristas. Todos los dirigentes gremiales admiten habría que modificar las asimetrías del sistema de obras sociales, pero los aterroriza que el tema quede bajo el control exclusivo y excluyente de Cristina Kirchner.
El temor lo tiene hasta un dirigente cercano al kirchnerismo como el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, quien opinó que no veía mal la propuesta cristinista de reformular el sistema de salud, pero advirtió: “Primero que paguen las deudas con las obras sociales”.
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