Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, y Cecilia Nicolini, consejera presidencial, se comunicaron con Alberto Fernández ayer para anunciar que habían firmado los últimos documentos oficiales que permitían traer las primeras 300.000 vacunas rusas contra la pandemia del COVID-19. El jefe de Estado felicitó a las dos funcionarios por las gestiones en Moscú y partió hacia Entre Ríos para encabezar un acto oficial junto al gobernador Gustavo Bordet.
Horas más tarde, Vizzotti y Nicolini protagonizaron un zoom frente a un puñado de expertos científicos y epidemiólogos. La comunicación entre Rusia y la Argentina duró cerca de tres horas y la secretaria de Acceso a la Salud contestó todas las preguntas, mientras la consejera presidencial se mantuvo en silencio a un costado de la pantalla.
-¿La vacuna que llegará a Buenos Aires sirve para aplicar a los mayores de 60 años?-, le preguntaron a Vizzotti.
-Estas primeras vacunas son para personal de la salud. No se pueden usar para los adultos mayores de 60 años o más.
-¿Cuándo llegarán el resto de las vacunas?-, quiso saber un experto en epidemias que participaba del zoom.
-No se sabe aún. Dependemos del proceso productivo y de la distribución que se decida en Rusia-, replicó Vizzotti.
Las dos respuestas de la secretaria de Estado exhiben las dificultades políticas que Alberto Fernández enfrentará en las primeras semanas de enero: la Sputnik V todavía no sirve para los adultos mayores de más de 60 años y las 15 millones de dosis acordadas con el Kremlin solo son una certeza contractual sujeta a la decisión estratégica de Vladimir Putin.
“Putin va a cumplir. Las vacunas rusas en la Argentina es un hecho geopolítico. Yo elogié la vacuna en el G20, y ese gesto será retribuido con el cumplimiento del contrato. Yo no tengo dudas de que las vacunas acordadas llegarán en tiempo y forma al país”, aseguró el presidente en Olivos.
A la misma hora que Vizzotti y Nicolini explicaban los alcances epidemiológicos y de producción de la vacuna rusa que está por desembarcar en la Argentina, Alberto Fernández recibía en su despacho de la Casa Rosada a Ginés González García y a Vilma Ibarra. El cónclave tenía un tema excluyente: la compleja negociación con Pfizer.
La poderosa compañía farmacéutica exige una mayor protección legal para evitar eventuales juicios por negligencia antes de firmar el contrato por 1.500.000 de vacunas que llegarían entre enero y marzo. Alberto Fernández considera que esa exigencia empresarial solo puede concederse si no condiciona los derechos propios del Estado Nacional.
Desde la perspectiva presidencial, las exigencias de Pfizer ya cruzan el límite de lo razonable y durante la reunión con el ministro de Salud y la secretaria Legal y Técnica exhibió su malestar con la compañía de los Estados Unidos que para fabricar la vacuna contra el COVID-19 se asoció con la empresa alemana BioNTech.
“Me pidieron una audiencia en Olivos, se las di. Me pidieron hacer pruebas científicas en la Argentina, se las concedí: tuvieron 4.500 voluntarios en instalaciones del Ejército. Y me pidieron una ley de Vacunas, y se la aprobamos. ¿Qué más quieren? Nosotros cumplimos con todo”, enumeró el Presidente cuando le preguntaron sobre su humor y la negociación con Pfizer que ya tiene la autorización de la ANMAT para distribuir la vacuna en la Argentina.
En este contexto, cuando promediaba la reunión en el primer piso de Balcarce 50, Vilma Ibarra analizó con Alberto Fernández tres propuestas jurídicas para negociar con Pfizer. Se trata de explicitar el concepto de negligencia que tiene una pésima redacción jurídica en el artículo 4 de la Ley de Vacunas.
Bajo el concepto político-legal de preservar los derechos de la Argentina, y a su vez concluir un acuerdo que permita la provisión de millones de vacunas contra el COVID-19, el presidente eligió una opción que todavía es resistida por las autoridades de Pfizer.
Alberto Fernández está en una carrera contra reloj. Acecha la segunda ola de la pandemia, su secretaria Vizzotti enviada a Moscú reveló que aún no se puede garantizar que millones de vacunas rusas acordadas con Putin lleguen antes que concluya el verano, y Pfizer se resiste a firmar un contrato que permitiría tener un stock de dosis para aplicar a los grupos de riesgo de la Argentina.
Es poco probable que el desenlace de estos dos asuntos de Estado ocurra antes de fin de año.
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