La Cámara Federal de Casación Penal tiene la llave para definir si el caso que investiga una asociación ilícita que funcionó bajo la órbita de la AFI en el Gobierno de Mauricio Macri para espiar a políticos debe radicarse en Comodoro Py o sigue sustanciándose en Lomas de Zamora, donde tramitó hasta ahora. La definición promete acelerarse en los próximos días. Fue la defensa de Dario Nieto, secretario de Mauricio Macri que fue imputado en la causa quien motorizó el primer pedido para que se dicte la inhibitoria de Lomas de Zamora. Lo acompañaron el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, su vice Diego Santilli o la ex gobernadora María Eugenia Vidal, constituidos en querellantes.
Ahora será el turno de la Sala IV de la Casación para dar su resolución que zanjará la cuestión. El tema está en manos de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Fue después de que la Sala IV rechazara un pedido directo desde la Sala I de Casación, firmado por la jueza Ana María Figueroa, para que le derivaran el expediente que tramitan, en medio de un tironeo similar al que se disparó en la causa de los cuadernos para saber qué jueces del máximo tribunal penal de la Nación tienen que revisar las decisiones del caso.
La definición llega en momentos en que, por un lado, la Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos dictados en el caso del Instituto Patria, y por otro la fiscalía a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide le está pidiendo al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé que procese a los ex directivos y espías de la AFI, junto a un grupo de responsables del Servicio Penitenciario Federal, por asociación ilícita y violación a la ley de inteligencia. Un dato: los fiscales también está promoviendo que se dicte la falta de mérito para Darío Nieto y que se procese por un rol menor (participe de asociación ilícita) a Susana Martinengo, la ex funcionaria de Casa Rosada que, según reveló la propia Cristina Kirchner en el expediente, se reunía con espías en su despacho oficial.
Si el caso pasa a Comodoro Py, quedará en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli. La jueza había rechazado inicialmente la competencia de los tribunales de Retiro en el caso, pero decisiones superiores dejaron el escenario planteado para que Casación dirima la cuestión.
Claves para entender el caso
La causa del espionaje consta de tres patas: una que investiga las vigilancias sobre Cristina Kirchner en el Instituto Patria, en donde los ex encargados de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani están procesados; otra que analiza los seguimientos a políticos, jueces, periodistas y gremialistas, en donde esos ex funcionarios fueron indagados junto al ex secretario de Mauricio Macri Darío Nieto, la ex empleada de Casa Rosada Susana Martinengo y un grupo de espías; y la última, conocida como “el legajo 9”, en donde se aborda el capítulo sobre el espionaje que habría existido sobre presos kirchneristas y su entorno.
Cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner fue a inaugurar la ronda de citaciones en este expediente, grabó un video en donde planteaba específicamente sus acusaciones de lawfare y cuestionaba a Comodoro Py. “Escuchá bien: la AFI que dependía en forma directa de Mauricio Macri utilizó narcotraficantes, narcotraficantes, para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Increíble. El Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, les vendió a todos los argentinos que venían a combatir el narcotráfico. Dios mío. Cuánta mentira, y cuánto cinismo, por Dios”, decía.
Es que fue un narcotraficante, Sergio “Verdura” Rodríguez, el que destapó la punta de este escándalo cuando reveló que un abogado y espía de la AFI, Fernando Melo, le había pedido que dejara un paquete bomba en la casa del ex secretario de Defensa, José Luis Vila, para darle “un susto”. Y eso permitió seguir la pista y encontrar en un chat de los espías un grupo de Whatapp que se llamaba “Supermariobross” en donde contaban seguimientos y vigilancias a políticos, gremialistas, religiosos, jueces, periodistas e integrantes de la comunidad mapuche. De allí también surgió la causa por el espionaje en las cárceles.
El caso del Instituto Patria fue distinto. Fue la propia interventora de la AFI Cristina Caamaño la que fue a Lomas de Zamora a pedir que allí se investigara si la AFI macrista había buscado dar cobertura legal a vigilancias sobre la hoy vicepresidenta.
Desde el principio, cuando aún la causa la tenía el juez Federico Villena, hubo planteos de las defensas para que el expediente se instruyera en Comodoro Py. Los planteos de inhibitoria fueron reiterándose. En la mayoría de las intervenciones, desde la Cámara Federal porteña, a contramano de lo dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti, se entendió que el caso debía tramitarse en Retiro. En Lomas de Zamora, sin embargo, tanto el juez Juan Pablo Augé como la Cámara Federal de La Plata defendieron su competencia para intervenir.
La semana pasada la escena volvió a repetirse. Por un lado, el juez Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal, firmó una resolución, a instancias de Casación, sobre el espionaje a los presos. Inicialmente, el juez Mariano Llorens había opinado que solo el tramo de la cárcel debía seguir en Lomas de Zamora, pero las defensas de Nieto y de Juan Di Stefano, de asuntos jurídicos de la AFI, apelaron.
A fines de noviembre, tal como publicó en su momento Infobae, y tras un dictamen favorable del fiscal Raúl Pleé, Casación Penal anuló ese fallo e instó a dictar una nueva resolución siguiendo sus lineamientos. Fue por dos votos a uno. Eso fue lo que hizo Bruglia la semana pasada. " Se impone revocar la resolución impugnada en cuanto no hizo lugar al planteo de competencia por inhibitoria, estrictamente en lo relativo a los acontecimientos individualizados en el “Legajo 9”, -supuestas tareas de espionaje que se habrían realizado dentro del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, dependiente del SPF-”, escribió.
Mientras firmaba esa resolución en la Cámara Federal de La Plata, el juez Roberto Lemos Arias respaldó la competencia de Lomas de Zamora en el expediente 14149/2020, es decir, el expediente en donde se investiga el capítulo del espionaje a dirigentes políticos. Fue un aval para el juez y los fiscales que por esas horas se encontraban tomando las últimas indagatorias del capítulo por el espionaje en las cárceles.
Apenas unos días después, la Cámara Federal de La Plata ratificó los procesamientos por el caso del Instituto Patria para Arribas, Majdalani y Alan Ruiz, mientras que alivió la situación de Martín Coste, el director de Contraingeligencia que fue clave a la hora de apuntar contra sus ex superiores. Y sobre el que puso la mira Arribas en su indagatoria del 9 de diciembre.
El viernes pasado, a última hora, la fiscalía pidió una treintena de procesamientos por el caso del espionaje a políticos y a presos kirchneristas por entender que entre 2017 y 2019 existió “una organización ilícita, con distribución de roles, funciones, atribuciones, jerarquías y responsabilidades, que se dedicó a la obtención, análisis, intercambio y almacenamiento de información sobre distintas personas, por el solo hecho de sus opiniones políticas, su calidad de dirigentes o ex funcionarios del Estado”. La decisión sobre pedido está en manos del juez Augé, que tiene delegada la investigación en la propia fiscalía y que hasta ahora hizo lugar a todos los planteos del Ministerio Público.
Así las cosas, con dos Cámaras Federales que se atribuyen para sí la competencia de la causa, será Casación -superior de ambos- la que termine dando una definición donde tramitarse el expediente. La Sala I interviene en el legajo por el Instituto Patria, el único tramo en donde ya se dictaron procesamientos -y fueron confirmados- para Arribas, Majdalani, Ruiz y Coste.
Pero la Sala IV ya tomó intervención en los otros dos tramos de la causa: el espionaje político y en el caso de las cárceles. Y rechazó un pedido expreso de Sala I para declinar su intervención y remitirles el expediente. Fue una decisión otra vez dividida: Borinsky y Carbajo entendieron que ya habían avanzado en la tramitación de la causa resolviendo otro expediente y debía aplicarse el criterio de una mejor administración de justicia. En disidencia, Hornos opinó que debían remitirla a Sala 1.
Hornos fue electo a partir del 1 de enero el presidente de Casación, a raíz de lo cual la jueza Angela Ledesma –actual presidenta de Casación- pasará a intervenir en la Sala IV. Es probable, no obstante, que en los próximos días haya una definición sobre la cuestión planteada que dirima si el caso del espionaje que sacudió al mundo judicial y político a mediados del 2020 abandona los tribunales federales de Lomas de Zamora.
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