Las violaciones a los derechos humanos cometidas por Maduro complican la agenda de Alberto Fernández en Venezuela

El 22 de abril de 1985, cuando comenzó el juicio a los excomandantes de la última dictadura militar, Alberto Fernández tenía 28 años. Ya era profesor de derecho penal y pudo escribir para La Razón, El Periodista y el Diario del Juicio una sucesión de notas y columnas sobre ese acontecimiento histórico que fue clave para la democracia argentina y la formación política del futuro Presidente de la Nación.

En esas notas urgentes, Alberto Fernández explicitó un discurso ético que parece indemne 35 años más tarde. Con Ricardo Alfonsín aún resistiendo la presión militar en la Casa Rosada, el militante peronista escribió en 1985:

-“La negativa a reconocer lo sucedido parecía el común denominador entre nazis y militares argentinos. En ambos casos, el sentido último de las palabras era el mismo: ocultar el Estado Terrorista”.

-“El estilo represivo no reconocía límites en su crueldad, y la premisa del vale todo era ensayada en cada campo de concentración por cada uno y todos los integrantes de las patotas. En realidad, no se hacía otra cosa que no estuviese contemplada en las directivas de los comandantes, no había en ese sentido excesos ni extralimitaciones”.

-“La crueldad y perversidad no fue un signo privativo de determinados represores. Por el contrario, fue un rasgo dominante de todo el aparato militar, en el ejercicio de una metodología destinada a imponer el terror como eficaz forma de paralizar a la población”.

-“El vasto plan de dominación política, económica, cultural que fundamentaba la existencia del régimen, se proyectaba en el tiempo sin límite alguno”.

Es poco probable que Alberto Fernández conozca a Fatou Bensouda. Bensouda es fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), nació en la República de Gambia y piensa igual que el presidente de la Argentina.

Como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Bensouda analizó el caso Venezuela y determinó que Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad. Su texto jurídico en referencia a Maduro es conceptualmente idéntico a las notas que escribió el jefe de Estado en La Razón, el Diario del Juicio y el Periodista de Buenos Aires:

-”Específicamente, y sin perjuicio de otros crímenes que la Fiscalía pueda determinar en una etapa posterior, la Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”.

-”La información a disposición de la Fiscalía brinda un fundamento razonable para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables por la comisión material de estos presuntos crímenes incluyen a: la Policía Nacional Bolivariana (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.

-”Además, la información disponible indica que individuos a favor del Gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento. En relación con el presunto rol de los actores mencionados, el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.

La información aportada por la fiscal Bensouda tiene la misma consistencia que las evidencias aportadas por el legendario fiscal federal Julio César Strassera. Sin el fiscal Strassera, y su minucioso trabajo de investigación cuando aún había represores y asesinos asediando al Palacio de Tribunales, los excomandantes no habrían tenido un juicio histórico.

Desde esta perspectiva, Alberto Fernández se encuentra en medio de un laberinto geopolítico. El Presidente considera que Maduro debe participar de las negociaciones hacia la transición democrática en Venezuela y se abstuvo de condenar los comicios que el régimen popular organizó bajo la atenta mirada del aparato represivo que denunció la fiscal Bensouda en el Tribunal Penal Internacional.

Esta estrategia de apaciguamiento diplomático afecta la imagen de Alberto Fernández en la región. El presidente de Colombia, Iván Duque, comparó a Maduro con el dictador serbio Slobodan Milosevic, un asesino serial que bañó de sangre los Balcanes hacia fines del siglo XX. El jefe de Estado argentino había iniciado un acercamiento con Duque, pero todo quedará en la nada frente a posiciones geopolíticas tan diferentes.

“Es la dictadura más brutal que hemos visto en épocas recientes en América Latina y no he sentido ninguna timidez al tener que decir que Maduro se puede comparar con Slobodan Milosevic en el caso de América Latina”, opinó Duque en referencia al líder populista venezolano.

En la misma línea de análisis, el experto en política exterior y exembajador en Israel, Mariano Caucino, aseguró que “la dictadura venezolana ha provocado una catástrofe humanitaria que ha llevado a que buena parte de la población se haya exiliado o esté desplazada. La calamitosa gestión de la dictadura de Maduro transformó un país rico en recursos naturales en una suerte de estado fallido”.

Alberto Fernández tiene una política en zigzag respecto a Venezuela. Apoya el informe Bachelet que confirmó las violaciones a los derechos humanos cometidos por Maduro y avalaría la investigación preliminar de la fiscal jefe Bensouda, mientras que a la par se resiste a condenar las graves irregularidades cometidas por Maduro en los comicios legislativos del 6 de diciembre.

La posición presidencial -contradictoria- se explica por la actitud extrema del kirchnerismo duro que respalda la vicepresidente. Alberto Fernández comete el error de compensar las tensiones internas en la coalición oficialista sacrificando su imagen personal en el escenario de la política exterior.

Ya es casi humo sus explicaciones a Joseph Biden sobre una probable hoja de ruta que incluya a Maduro en la transición democrática. El presidente electo de los Estados Unidos descalificó las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, al igual que la Unión Europea, el Mercosur y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con todo, Alberto Fernández tiene en su memoria el argumento perfecto para regresar al lado de la comunidad internacional: recordar cómo se sentía cuando escuchaba a los sobrevivientes de la última dictadura argentina en el juicio histórico a los excomandantes.

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