El Gobierno busca seducir a la CGT con propuestas: le ofrecen participar de un plan oficial de viviendas y estudian mejoras para las obras sociales

Alberto Fernández no tiene previsto, por el momento, volver a reunirse con la Confederación General del Trabajo (CGT), pero les encomendó a dos de sus ministros hablar con los dirigentes de la central obrera para avanzar con propuestas concretas que permitan conformarlos y apagar las quejas por la falta de respuestas oficiales.

Por un lado, esta tarde tendrá lugar la última reunión de este año del consejo directivo cegetista y contará con la presencia del ministro Ferraresi como invitado especial: expondrá allí la propuesta del Gobierno de que los sindicatos se sumen a un plan oficial de viviendas, para el que se utilizarían los terrenos que pertenecen a las organizaciones y se construirían mediante un fideicomiso.

El anuncio tiene como antecedente un “plan nacional de viviendas para trabajadores sindicalizados” que se puso en marcha en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, mediante el cual los gremios de la CGT aportaban los predios para construir torres habitacionales, subvencionadas por la Secretaría de Vivienda de entonces y financiadas por el Banco Nación, para ser adquiridas por sus afiliados.

Ferraresi fue intendente de Avellaneda y vicepresidente del Instituto Patria, con fuertes vínculos con el sindicalismo que le llegan por motivos familiares: su padre, Alfredo Ferraresi, fue titular del Sindicato de Empleados de Farmacia, uno de los fundadores de la combativa CGT de los Argentinos, en 1968, e integrante de la Comisión de los 25, sector gremial que combatió a la última dictadura militar.

El sucesor de María Eugenia Bielsa ya mantuvo contactos con el titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, con quien analizó la posibilidad de reactivar obras públicas que están paralizadas en todo el país.

Si el ministro logra sumar a la CGT al programa de viviendas proyectado, el Gobierno dará un paso más en su plan de diluir el malestar sindical por el recorte de la ayuda económica, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la crisis de las obras sociales. Sobre este último punto, en la central obrera estaba creciendo la inquietud porque el Presidente le había prometido a la dirigencia cegetista hace quince días que iba a recibirla para estudiar propuestas que frenaran la desfinanciación del sistema de salud.

Sin embargo, como informó Infobae, ya pasaron quince días desde el encuentro entre Alberto Fernández y la CGT en la Quinta de Olivos (fue el 1° de diciembre) y sigue sin haber novedades sobre la promesa presidencial del contacto que iban a mantener para analizar la compleja situación financiera de las obras sociales.

De todas formas, quien sí se reunió con los sindicalistas fue el ministro González García: se trató de una reunión reservada que tuvo lugar el viernes pasado, en la sede del ministerio, con el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el dirigente que más conoce sobre el sistema sindical de salud. También participó el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini.

La CGT llevó al encuentro con el titular de la cartera de Salud varias propuestas para aliviar la crisis de las obras sociales, que, según advierten los sindicalistas, arrastran un déficit de casi 7 mil millones desde enero hasta hoy y que mantienen una estructura con costos dolarizados, desbordada de prestaciones y sin recursos para poder cumplirlas.

El primer punto fue una solución para el pago de los medicamentos más caros. La CGT pidió que el Estado se encargue de compensar ese costo mediante un fondo especial destinado a ese fin. González García quedó en estudiarlo. El Gobierno dio un paso en ese sentido en junio pasado, cuando incorporó la atrofia muscular espinal (AME) al listado de patologías que son reconocidas por el Estado para reintegrar el costo del medicamento -considerado el más caro del mundo- al sistema sindical de salud. Pero hay más drogas de tratamientos que, cautelares judiciales mediante, terminan pagando las obras sociales y ayudan a desfinanciarlas. Algunos medicamentos cuestan 200 mil o 300 mil dólares.

Los sindicalistas incluso prevén que si la legalización del aborto se convierte en ley, las obras sociales probablemente tengan que pagar los medicamentos para esas intervenciones y son costos que agravarán el desfinanciamiento actual del sistema.

Otro punto que planteó la central obrera es el aumento a la cápita que pagan los monotributistas para acceder a la atención de la obra social. Hoy, el valor de de las prestaciones establecidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) es de 2600 pesos, mientras que cada monotributista de cualquier categoría paga $1041,22 por mes y las obras sociales están obligadas a brindarles la misma cobertura que a los trabajadores en relación de dependencia, que aportan $2000 mensuales en promedio.

En el encuentro con González García, la CGT propuso actualizar el valor del aporte que pagan los monotributistas en función de las escalas y de las categorías e incluir en forma obligatoria a todo el grupo familiar, cuyos integrantes pagarían de manera progresiva para que la esposa y los hijos abonen menos que el principal beneficiario.

También le pidieron al ministro que el Estado pague el 100% algunos de los gastos por discapacidad que hoy deben afrontar las obras sociales, como las relacionadas con el rubro educativo, que representan un 38% del gasto total en este rubro. Los reintegros de la Superintendencia de Servicios de Salud llegan con demora y hay costos adicionales que deben afrontar las obras sociales luego de que la Justicia le da lugar a las medidas cautelares presentadas por los afiliados. Según los sindicalistas, la cobertura de prestaciones para personas con discapacidad representa hoy el 50% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución, que se ocupa del reintegro por tratamientos de alta complejidad.

Para la CGT, otra cuestión importante es que descuente el 15% para el sistema de obras sociales a quienes pagan una diferencia para atenderse en una prepaga y que actualmente no aportan al Fondo Solidario de Redistribución. González García se mostró de acuerdo y prometió estudiar si podría instrumentarse mediante un decreto o una resolución.

El ministro de Salud, por otra parte, quedó en analizar la propuesta cegetista de que los trabajadores que se reintegran al mercado laboral vuelvan a aportar al menos por un año a la obra social de la actividad que tuvieron originalmente, para mitigar su desfinanciación, y luego puedan cambiar de cobertura, si así lo prefieren.

Además, la CGT pidió que desde el Gobierno se promueva una reunión con todo el sector de la salud (que también incluye a las prepagas, las obras sociales de dirección y los laboratorios nacionales y extranjeros) para armar una mesa de discusión que permita el abaratamiento de los costos. Y ofreció poner a disposición del Ministerio de Salud los vacunatorios propios de las obras sociales para el operativo de vacunación contra el COVID-19, propuesta que fue aceptada por González García.

Ambas partes acordaron armar una comisión de trabajo para avanzar en estos temas y el ministro se comprometió en elevarle las conclusiones a Alberto Fernández para que tome una decisión. El objetivo es conseguir más recursos y optimizar el servicio sin bajar la calidad de las prestaciones. La conclusión de funcionarios y sindicalistas fue la misma: así como está, el sistema de obras sociales es inviable. Con este encuentro reservado, el Presidente logró frenar un conflicto con la CGT. De eso también se hablará esta tarde en Azopardo 802, además del plan de viviendas que los sindicalistas aceptarán con ganas.

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