La audiencia estuvo cargada de tensiones y secretismo. Los siete ex altos cargos de la marina acusados por “infracciones gravísimas” ocurridas antes, durante y después del hundimiento del ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017, atacaron el sumario que los tiene sentados como sospechosos de la mayor tragedia de la Armada en tiempos de paz. Aseguraron que es “tendencioso”. Insistieron en que las imputaciones “no tienen sustento en los aspectos técnicos del expediente ni tienen correlación con los informes técnicos”, adujeron que “no existe una pericia completa que avale esos estudio (publicados el domingo por Infobae) y “más aún, hay diferencias de opinión entre los propios expertos”. La instrucción disciplinaria hecha por el comodoro abogado de la Fuerza Aérea, Ricardo Méndez “está plagada de nulidades y falacias”, aseguró uno de los oficiales acusados.
En síntesis: todas las defensas se dedicaron a revertir los argumentos del Instructor los cuales -siempre según sus opiniones- “no tienen fundamento legal por lo cual es inconstitucional”. Por eso, exigieron anular el Consejo de Guerra que se les sigue y que puede terminar con su destitución.
Según pudo saber Infobae, el sumario Méndez tiene unas 240 fojas, asegura que se acreditó la existencia de conductas tipificadas como “faltas gravísimas” y reconoce que “no ha podido adquirirse una certeza absoluta respecto de las razones que produjeran el naufragio del submarino ARA San Juan”. No obstante, el comodoro sostiene que “en el cúmulo de situaciones excepcionales adversas en las que se desarrolló la navegación final del submarino y su estado de mantenimiento”, habrían desencadenado la tragedia que terminó con su hundimiento y en la muerte completa de su tripulación.
Entre otros puntos a resaltar, el informe sostiene que el submarino “contaba con limitaciones derivadas de su falta de carenado en término y de otras deficiencias de las que adolecía, entre las que podemos destacar la falta de prueba hidráulica sobre su sistema de refrigeración”.
“Este sumario es una fábrica de culpables. Nadie sabe por qué ni cómo naufrago el San Juan. Hace tres años que están dando vueltas con este sumario y no ordenaron ninguna pericia”, escucharon argumentar los integrantes del tribunal militar.
El acusado de mayor jerarquía es el almirante Marcelo Srur, el ex jefe de la Armada Argentina que no está procesado en la justicia penal, y a quien el resto de sus ex subalternos lo observan con desconfianza. Ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, que investiga el siniestro; y ahora frente a sus pares, el almirante deslindo todo tipo de responsabilidades. Palabras más, palabras menos, Srur alegó que su cargo era de índole administrativo y sin responsabilidad de comando.
Para que no existan malas interpretaciones, el responsable de la armada durante el mandato del presidente Mauricio Macri argumento textualmente así: “El Jefe del Estado Mayor de cualquier fuerza tiene como función: gobernar y administrar a la Fuerza. Su mando es administrativo y no operativo, lo establece la Ley de Defensa y lo ratifica, en el caso de la marina, el Reglamento Orgánico de la Armada”.
Además del almirante Srur, son juzgados el contralmirante Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento; el capitán de navío Carlos Ferraro, quien estuvo al frente del Proyecto Submarinos; el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de Submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del Departamento de Logística de la fuerza submarina.
Los pedidos de nulidades sobre las actuaciones del comodoro Méndez en el sumario no son una novedad. Srur (y antes las defensas de Villamide y López Mazzeo) ya lo había hecho después de “tomar vista” del expediente.
La mayoría de los argumentos son fundamentos técnicos. Por ejemplo, el almirante retirado solicitó la nulidad porque su citación fue realizada “por el oficial instructor (el comodoro Méndez)” y no por la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, que en ese momento era el teniente general Bari Del Valle Sosa, por entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hoy ese cargo lo ocupa el general de Brigada Juan Martín Paleo, quien además es vocal del tribunal militar que juzga al Srur y a sus camaradas. El presidente de ese tribunal es el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Aníbal Rossi, el otro vocal es el brigadier Pedro Esteban Girardi y secretario el comodoro Angel Rojo. Como auditor intervendrá el general de Justicia Juan Antonio Stanchina.
El ex jefe de la Armada también solicitó la nulidad del sumario y en consecuencia del Consejo de Guerra porque no se estableció qué normas incumplió y cuál sería la gradación de las faltas disciplinarias presuntamente cometidas.
En el escrito que presentó, y al cual accedió este medio, el almirante asegura que su llamado a declaración es “nulo de nulidad absoluta e insanable” toda vez que “el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas establece que la autoridad militar superior que ejerza la potestad disciplinaria (en el presente caso inviste esa calidad el señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas) deberá convocar en forma mandatoria al personal militar al cual se le imputen conductas reprochables”. “El oficial instructor no resulta la autoridad competente por ley para tomarme declaración, hasta tanto no haya sido imputado como presunto infractor, conforme lo estatuido en el Artículo 31 del Anexo II del Decreto 2662/12”, dice la nota presentada por Srur y que en un principio no fue tenida en cuenta, como la de ningún otro imputado.
En el sumario a Srur se lo acusa, entre otros puntos, de no trasmitirle la información “de forma detallada y completa”, sobre la falta de contacto con el ARA San Juan, “a su superior el ministro de Defensa, Oscar Aguad”
“Resulta inadmisible la demora incurrida en trasmitir una novedad de la mayor trascendencia ”, se afirma en el sumario, sobre un buque de la armada cuya tripulación se encontraba en precarias condiciones de vida”, reza el sumario.
A lo largo del desarrollo de las imputaciones contra Srur, el auditor sostiene en uno de sus párrafos que el entonces jefe del arma: “Parecería que su función era más propia de un espectador que se detiene a contemplar los sucesos, que ocurren a su alrededor sin involucrase en los mismos aduciendo que la responsabilidad son de otros, no de él mismo”.
Celosos observadores del Consejo de Guerra que accedieron a dialogar con Infobae coinciden que lo que se ventile en este juicio será “muy doloroso para los familiares de los 44 tripulantes” ya que como adelanto este medio, las defensas aducirán que el comandante del submarino pudo haber tomado malas decisiones durante la noche del 14 de noviembre de 2017 hasta pasadas las 10 de la mañana del días posterior. Es decir entre el momento en que se generó un cortocircuito y principio de incendio y la pérdida de comunicación con el buque y su posterior implosión y hundimiento.
En la audiencia de ayer, las defensas ya mencionaron los tres estudios técnicos incorporados a la causa y al Consejo de Guerra, a través del sumario que intentan anular. Esos trabajos son amplios, contradictorios en partes, pero que abren un abanico de varias posibilidades para explicar el siniestro, entre ellos un error humano involuntario al dejar abierta o mal cerrada una válvula, la ya famosa e19, a través de la cual ya nadie duda que ingresó agua de mar cuando el buque estaba en superficie por el despiadado oleaje, que cayó “al tanque de baterías y produjo un cortocircuito y principio de incendio; que esto “generó gases, como hidrógeno en una concentración superior al 2%, oxígeno y cloro gaseoso por electrólisis del agua de mar, incrementando el riesgo de explosión”.
Tan cierto como la posibilidad que se intente responsabilizar a los fallecidos que no se pueden defender, es que en el afán de demostrar su inocencia, los militares acusados declaren circunstancias que rodearon a la tragedia hasta ahora desconocidas, ocultas o dichas a medias. También que sus dichos se contradigan con lo afirmado en el expediente de Caleta Olivia.
El fantasma de la búsqueda del submarino y su hallazgo, pero un año después; y la no aceptación por parte de las autoridades argentinas, de la ayuda de Reino Unido, ofrecida para buscar con alta tecnología, en la zona donde finalmente fue encontrado, a tan solo 20 días de su desaparición, como lo revelo López Mazzeo en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, sobrevuela al tribunal militar.
Ese es un capítulo que recién se está escribiendo y promete derivaciones hasta ahora no abordadas, como el posible ocultamiento de este hecho por parte del almirantazgo de la Armada a la autoridad civil, es decir al ministerio de Defensa, un hecho que significaría la rotura de la cadena de mando.
La próxima audiencia del Consejo de Guerra será mañana. Ese día comenzará el desfile de los más de 100 testigos que presentaron las defensas. O casi todas ellas porque el almirante Srur, asegura no necesitar testigos para demostrar su inocencia en ,os cargos que se le endilgan.
El juicio recién comienza, su final está previsto para febrero de 2021.
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