Aborto legal: con fuerte foco en los argumentos jurídicos, comenzó la ronda de expositores en el Senado

De un lado y del otro auguran una lucha más pareja que prolongará la incertidumbre hasta el momento en que se vote el proyecto de ley que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados. En el Senado los sondeos indican una paridad casi absoluta a favor y en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que el Gobierno Nacional impulsa y que espera debatir el martes 29 de diciembre. Este martes continuó el plenario de tres comisiones que espera elaborar un dictamen el jueves. Hubo, por la mañana, 10 especialistas que expusieron y por la tarde seguirá en forma virtual. Más allá de algunos intercambios de palabras entre los legisladores tres aspectos predominaron en la discusión: el jurídico, el científico y sobre cómo afectará el tema a la salud pública.

El plenario que comenzó el lunes incluye a las comisiones de Banca de la Mujer, presidida por la pampeana Norma Durango, la de Justicia y Asuntos Penales, que encabeza el neuquino Oscar Parrilli y la de Salud, liderada por el jujeño Mario Fiad.

La jornada se dividió en dos, una por la mañana (entre las 10 y las 13) con 10 expositores y otra que será por la tarde, de 15 a 18, con la misma cantidad. Algunos de los 20 expositores ya pasaron por ambas Cámaras en el 2018 y también en Diputados un par de semanas atrás. Los senadores acordaron una lista para que ambos sectores se sientan escuchados y contemplados con ecuanimidad. Quienes se oponen al proyecto de ley no lograron que este debate en el plenario fuera más extenso y que la definición del Senado se postergara para el año próximo. De la misma manera había transcurrido el debate en la Cámara baja donde la semana pasada se le dio media sanción por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, tras 20 horas de sesión.

Pablo Garat, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina, fue el primero en ser convocado por Durango. “Este proyecto tiene que superar el test de constitucionalidad y el de convencionalidad frente a los tratados sobre derechos humanos. Todo nuestro orden jurídico se apoya en el principio del interés superior del niño y la niña, esto no puede estar ausente”, explicó. También señaló algunos de los argumentos del sector “celeste” que se opone a la legalización y la despenalización del aborto acerca del “interés superior del niño más allá de los derechos de la mujer” y que “se es niño desde la concepción” y por eso debe haber una “política legislativa que salve la vida del niño”.

El constitucionalista Ricardo Gil Lavedra es uno de los que ya participó de estas reuniones otras tres veces. Disertó en segundo lugar y se respaldó en que “no hay ninguna regla que obligue a penalizar el aborto temprano. Humanizan al proyecto de vida que hay desde un embrión pero éste requiere un desarrollo. Requiere tutela pero no debe ser penal. La Corte Interamericana en el caso Natalia Murillo ya dijo que un embrión no es un niño”. Además recordó “la discriminación histórica de la mujer” y advirtió: “La mujer no puede ser obligada a continuar con un embarazo no deseado. Tiene derecho a ser madre y no bajo la amenaza de ser penalizada”.

Úrsula Basset, especialista en Derecho de Familia de la UCA, se excedió en el tiempo que tenía para exponer en varios minutos. Insistió en que “la Constitución protege la vida desde la concepción” y esgrimió: “Nos dicen desde afuera qué tenemos que legislar. Esta ley da derecho a abortar, no a decidir. Si pensamos en salud y en violencia reproductivas que sufre la mujer, la ley no da respuestas. Me pregunto si la Argentina que estamos votando es humana, abierta a todos e inclusiva. El proyecto de aborto no da opciones. Habría que facilitar las adopciones. Es una ley radical, que no solo criminaliza a los médicos. Obliga a toda la sociedad sin límite a pagar los costos de financiar los abortos. Se juega el futuro de nuestra sociedad, es una ley inhumana”.

Otro constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, resaltó las diferencias que hay “entre reservas y declaraciones interpretativas en los tratados internacionales”. Y explicó que “el Comité de los Derechos del Niño ha dicho, en informes particulares y en tres oportunidades, que Argentina debe adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionada al aborto y que debe revisar su legislación sobre el aborto”.

Por su parte, María Florencia Alvarez Travieso, magister en Políticas Públicas, le habló principalmente a los senadores peronistas: “Sepan los compañeros que al apoyar esta iniciativa apoyan el proyecto del más rancio liberalismo cultural y económico, al que los peronistas hemos combatido a lo largo de la historia”. Rememoró lo que pensaban otros presidentes de ese partido político sobre el aborto: “La ampliación de los derechos por nacer fue abordada por varios presidentes peronistas. Evita, Néstor Kirchner y más que nada Cristina Fernández de Kirchner ratificaron esto”. Y fue enfática para definir a esta ley como “un proyecto de descarte. La vida de cada compatriota es única e irrepetible. Jamás el aborto fue parte de los reclamos de nuestro pueblo. Podrá ser legal pero no será justo”.

Expuso a continuación Gala Díaz Langou, directora de Protección Social del CIPPEC. “La legalización no aumenta las tasas de aborto. La evidencia muestra que el acceso al aborto se estabiliza en el mediano plazo después de la legalización en niveles por debajo de las estimaciones en el contexto de ilegalidad”, remarcó. Luego detalló que “la IVE se puede complementar con un mayor acceso a los anticonceptivos. Esta ley ampliará derechos y reducirá desigualdades”.

La socióloga María Elena Critto, que ya había sido expositora en Diputados y en el debate anterior de 2018, se basó en gráficos para desmentir los que denominó como “seis mitos sobre el aborto”. “Solo el 44% de las maternidades públicas cumplen con las condiciones obstétricas esenciales para asegurar la salud de la mujer. Las consecuencias del aborto no refieren a la clandestinidad, sino a un sistema de salud que da una respuesta deficiente”, dijo. Varios legisladores del sector “verde” le reprocharon momentos más tarde que los números que expuso estaban desactualizados y que no se contemplaban los abortos realizados en la clandestinidad.

Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, expresó que “los efectos de la criminalización hacia el colectivo de personas con capacidad de gestar es la limitación al acceso del sistema de salud. La relación entre aborto y pobreza es hipócrita porque plantea que solo las mujeres pobres abortan, eso es mentira”. Puntualizó las diferencias que tienen para someterse a un aborto las mujeres con recursos económicos y las que no las tienen.

Por su parte, Alberto Bianchi, abogado constitucionalista de la UBA, afirmó: “Vamos a tener una crisis dentro del ordenamiento jurídico argentino porque la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil, con respecto al Código Penal, van a decir cosas completamente distintas, no podemos permitir eso”. También insistió en que los legisladores deberían tener en cuenta “la viabilidad de la vida en los primeros meses del niño por nacer”, porque ese es un concepto que no se discutió en profundidad.

Luciana Sánchez, abogada penalista, se apoyó en muchas de las afirmaciones que el lunes había expresado el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, cuando defendió el proyecto ante los senadores. Y dio estadísticas que avalan que la mayoría de las mujeres abortan o llaman a la línea que ellos tienen antes de la semana 12 de gestación e incluso antes de la semana 9.

De 15 a 18 tendrá lugar la segunda ronda de expositores. Como en el primer bloque, cada uno dispondrá de siete minutos para disertar. Cada cinco expositores habrá preguntas de los senadores y las senadoras. Para responder a cada especialista se le darán tres minutos. Por la tarde participarán más abogados y algunos médicos.