¿Recordás cuando eras niño y tres meses de vacaciones te parecían una eternidad? La noción del paso del tiempo se acelera con el paso de los años a medida que acumulamos recuerdos con cada vuelta al sol. Quizá solo por eso tendríamos que estar preocupados por la salud mental de los chicos de la Argentina que han visto interrumpida su escolarización no por tres meses sino por trece y contando: desde que finalizó el ciclo lectivo a fines de 2019, muy pocos han tenido el privilegio de mantener un nivel educativo acorde a los programas vigentes en el país, y casi ninguno ha mantenido la presencialidad en las aulas desde que se decretó el aislamiento obligatorio a pocos días de iniciar el año lectivo 2020.
El ministro de Educación Nicolás Trotta espera un “regreso masivo” a las aulas a partir de marzo. Pero dos segundos después sostuvo que “hoy no podemos decir exactamente cómo va a ser esa presencialidad, lo que sí decimos es que vamos a priorizarla”.
Según Trotta, “los protocolos para el regreso fueron aprobados en julio y a partir de agosto muchos distritos fueron retomando la presencialidad”, lo cual es cierto, pero hasta ahí. No se cuenta con estadísticas públicas que puedan confirmar cuántos alumnos existen en la actualidad que hayan tenido clases reales, o sea, que hayan cumplido con los objetivos.
La última vez que hubo estadísticas disponibles fue a comienzos de 2019, cuando el INDEC informó que en todo el país hubo 11.454.017 de alumnos que pasaron por las aulas en 2018. De esa cifra, 8.091.628 corresponden al sector público y 3.362.389 al sector privado, lo cual ya marca de antemano la grieta gigante que existió en 2020, aunque no contemos con los datos actualizados: esa proporción de casi el triple de alumnos en el sector público que en el privado es una constante de los últimos tiempos y que irá en aumento.
La masividad promovida por Trotta también se desarma cuando se explaya Trotta sobre la cantidad de alumnos que según Trotta podrán concurrir por aula: depende de la infraestructura de cada escuela.
“Las clases han empezado, en cada una de las jurisdicciones”, sostuvo el ministro de Educación el día que todos los años terminan las clases en todas las jurisdicciones: el 30 de noviembre. Pero luego agregó que “aquellos que critican que en alguna jurisdicción no han empezado deberían conocer en detalle la realidad de cada lugar.
Un grupo de padres de diferentes provincias conformaron lo que se dio a llamar Padres Organizados. No es una ONG, no es un asociación, es tan solo un grupo de personas inorgánicas en el que coexisten apartidarios y votantes de todos los colores que se quejan como pueden y buscan soluciones sin ser escuchados casi nunca por las autoridades que desde el inicio de la cuarentena han sostenido que el valor superior es la vida y dejó afuera a la educación del pequeñísimo grupo de actividades esenciales.
Como si el problema fuera tan solo la pandemia.
En la provincia de Chubut hace tres años que los alumnos lidian con la “retención de servicios” en casi todas las escuelas públicas de una provincia que cuenta con ocho sindicatos para un sector que brinda clases a unos 145 mil alumnos.
El mayor problema provincial son las cuentas fiscales en un lugar donde los sueldos están muy bien pagos en relación a otras provincias, pero con una relación sector público-privado un tanto desproporcionada: 120 salarios estatales por cada mil habitantes. En la actualidad, al problema de la pandemia le deben sumar dos meses de sueldo más el medio aguinaldo de junio sin abonar, más un congelamiento salarial por 180 días.
Según explicó en declaraciones públicas la ministra de Educación provincial Florencia Perata –asumida en mayo a dos meses de decretada la cuarentena– para agosto había tentativas de volver a clases. Pero en agosto afirmó que no podía acreditar quién está o no en la virtualidad. Para octubre contempló la posibilidad del retorno de algunas actividades. Para noviembre autorizó los actos de egreso. En la primera semana de diciembre su cartera anunció que había finalizado la capacitación a docentes para que entiendan de las nuevas tecnologías de enseñanza. El ciclo lectivo termina esta semana.
El protocolo para el retorno a clases también tuvo un capítulo aparte y el de Chubut es solo un botón de muestra de lo que ocurre en casi todo el país. Allí se creó un “Consejo asesor para la planificación del regreso presencial a las aulas de la provincia del Chubut” el cual quedó integrado por tres representantes del ministerio de Educación, tres del ministerio de Salud, uno del ministerio de Infraestructura… y ocho representantes sindicales, uno por cada sindicato. O sea: mayoría simple sindical en la toma de decisiones de una mesa en la que la otra parte es el Estado.
El protocolo en sí cuenta con pasajes difíciles de entender, como la desinfección de los baños que según ellos se encuentran dentro de las salas del nivel inicial. Dentro de las escuelas no se puede jugar ni celebrar actos escolares por efemérides. Tampoco pueden existir grupos superiores a siete alumnos por aula en nivel inicial ni a quince alumnos en el resto de los niveles.
La imposibilidad de acreditar quiénes se conectaron y quiénes no fue tan solo un diagnóstico, ya que los padres afirman que nada se hizo con ese dato. Padres, madres y tutores de alumnos recurrieron al ministerio de la Defensa Pública provincial sin respuestas. Lo mismo ocurrió en la oficina de Derechos y Garantías de la Niñez.
En la provincia de Entre Ríos el panorama es distinto pero igual de alarmante. A falta de protocolo existe una resolución de octubre que autoriza la reapertura de las escuelas pero deja la última palabra en los Comités de Organización de Emergencia de Salud (COES) locales. Una madre del interior provincial detalló que “cada escuela debe presentar su propio protocolo al COES y éste autoriza o no en función de la situación epidemiologica, siempre y cuando haya buena voluntad de parte de la dirección departamental de escuelas, del director del hospital zonal y del intendente”.
Algunos departamentos habilitaron la “revinculación” de los últimos años. En la mayoría de los casos no pudo llevarse a cabo porque el gobierno no envió los elementos de prevención necesarios. En las localidades más pobres de Entre Ríos, incluso, se registraron casos de docentes que de su propio bolsillo recorrieron los hogares de los chicos más pobres. Luego llegaron las resoluciones prohibiendo las visitas.
Los colegios privados salteños ya han presentado cinco protocolos. Todos rechazados. En algunos establecimientos volvió solo quinto año, pero no con clases, sino con “revinculación”. Y esto se ha dado en los colegios privados: las instalaciones públicas no han permitido siquiera estas actividades.
Imagen triste: en algunos –pocos– jardines de infantes salteños las maestras les entregaron a los “egresaditos” los certificados, pero lo tuvieron que hacer en los automóviles y sin que nadie pudiera descender del vehículo.
Cuando uno habla de la brecha entre públicos y privados tiende a pensar en la cantidad de días de clase garantizados por el pago de una cuota. Sin embargo, ahora peligra el trabajo de los docentes privados salteños y la supervivencia de varias instituciones por el alto nivel de morosidad. ¿Cuántos pueden hacer el sacrificio de pagar cuotas sin contraprestaciones escolares en un contexto de híper recesión económica?
Por si fuera poco, el panorama es completado con los gremios docentes que reclaman paritarias pero a la vez no aceptan el inicio del ciclo lectivo. Y las miradas de los sindicatos y de los padres salteños tienen un blanco en común: el ministro de Educación Matías Cánepa, quien hasta la fecha, y según las fuentes consultadas por Infobae, se ha negado a dar audiencias y no se comunica siquiera con los establecimientos por las vías formales. Asimismo, padres salteños han asegurado que “no tiene en su gabinete especialistas en infancia y adolescencia”.
En una situación análoga a la de Chubut, el funcionario no ha respondido por el porcentaje de alumnos que no han asistido a la modalidad virtual. En los nueve meses transcurridos desde el inicio de la cuarentena no se ha realizado un protocolo mínimo y todavía no existen garantías para la presencialidad en el ciclo 2021. El paisaje cierra con el hallazgo de miles de cartillas educativas patrocinadas por la Unesco de distribución gratuita para el alumnado. Tenían que ser entregadas al inicio del ciclo lectivo. No había cuarentena.
En El Calafate se cerraron todos los centros educativos junto con la ciudad el 13 de marzo. Durante los primeros meses de la epidemia fue una de las ciudades con más infectados en relación a su cantidad de habitantes. Muchas escuelas y sobre todo muchos maestros con gran voluntad vieron la forma de llegar a los chicos, algunos a través de plataformas, otras vía Facebook o Whatsapp. Incluso hubo maestros que llevaron cuadernillos hasta las casas de sus alumnos sin conexión o sin medios tecnológicos. Pero según cuenta una madre local, “un gran porcentaje de niños no tuvo esa fortuna y quedaron en el olvido y fuera del sistema educativo”.
Desde junio la localidad atravesó más de sesenta días sin registrar un solo caso. Nunca más abrieron las escuelas salvo algunas privadas por cuestiones administrativas. Se presentaron a la provincia de Santa Cruz protocolos avalados hasta por los docentes para abrir centros educativos preparados y fueron rechazados.
En noviembre un grupo de padres y madres publicó una carta abierta enviada a la gobernadora Alicia Kirchner y a diferentes organismos provinciales y municipales para pedir que trabajen para el retorno a clases. Silencio. El propio municipio de El Calafate pidió vuelta a las aulas y del turismo. Hoy en El Calafate la mayoría de sus habitantes se encuentra sin trabajar y el total de los niños y adolescentes no concurren al colegio.
En Misiones tampoco hay protocolo ni noticias se tiene de la elaboración de alguno, por el momento. Sí existe una resolución del ministerio de Educación provincial en la cual se establece el ciclo lectivo 2021: modalidad dual –presencial y virtual– pero sin aclarar cuándo se comienza con la presencialidad o cómo se enfrentaría esa situación.
“Creemos que la situación sanitaria en la provincia no es grave”, sostiene una madre consultada del grupo que exige la vuelta a clases. Los números parecen avalarla –el último parte oficial dio 18 nuevos casos en toda la provincia– lo cual se suma al detalle de que están habilitadas todas las actividades. Bueno, casi todas: casinos, pubs, colonias de vacaciones, comercios, bares, restaurantes menos los colegios.
“Parecería que en la provincia creen que los chicos son portadores de la peste bubónica”, sostienen desde el grupo e ilustran con una situación peculiar: los chicos no pueden entrar a un comercio para acompañar a un padre. Los adultos hasta pueden entrar de a dos, en caso de que haya lugar, pero no con un chico.
Por si faltara algo, existió un pedido de autorización al gobierno para hacer uso del espacio publico al aire libre para una jornada de aulas abiertas donde iban a participar los Grillos Sinfónicos, un grupo de orquesta de niños reconocidos en la provincia. El pedido fue denegado porque “no está permitido el uso del espacio publico por pandemia”. Una semana después se llevó a cabo un acto oficial para encender las luces de Navidad de la plaza principal de la ciudad de Posadas. Una plaza concurrida, en el medio el intendente de Posadas, el gobernador provincial, varios funcionarios… y los Grillos Sinfónicos. Los chicos no, el resto sí.
Desde Río Negro marcan la gran grieta entre el sector público y privado. En Cipolleti, por ejemplo, denuncian que el espacio de la educación pública es netamente gremial. “Falta de disposición del lado de los sindicalistas para darle a los chicos el acto de fin de año”, señaló a Infobae una madre local y agregó que “los pocos que hicieron actos de cierre fueron privados, ninguno público, no hay voluntad o indicio alguno de que los sindicatos quieran retomar las aulas”.
“Hay pueblos en los que hay una sola escuela donde los chicos van para jugar al futbol pero no hay clases”, sostuvieron desde el grupo de padres de dicha provincia para remarcar que no hubo “un mínimo de consideración en estos nueve meses respecto de muchas comunidades donde los chicos podrían haber vuelto a la escuela tranquilamente”.
La provincia, por su parte, tiene trabajados distintos borradores de protocolos para el 2021, pero siguen en ese estado: borrador.
Del otro lado de la frontera, en Neuquén, la situación no es muy distinta. El retorno a clases será el 3 de marzo de 2021 con una modalidad mixta, aunque nadie sabe explicar aún cómo serás. Tampoco habrá laboratorio ni biblioteca. Sin embargo la fecha prometida está en veremos: el sindicato docente de Neuquen ATEN acaba de levantar un acampe de 151 días que sumó un ayuno de 81 horas en reclamo de aumentos.
En una de las provincias más grandes del país tampoco tienen muchas novedades. Walter Grahovac, responsable de la cartera de educación de Córdoba, afirmó a un grupo de padres que está listo el protocolo para el regreso a las aulas. Sin embargo no se han publicado y las escuelas tampoco han recibido noticias de su existencia. Al igual que en otras partes del país, sí se organizaron los actos de egresos de ciclos en espacios abiertos, con dos personas por egresado, tapabocas y distanciamiento social entre cada familia. La escena se inicia con la prohibición de cantar el Himno Nacional y finaliza con cada egresado obligado a retirar su certificado o diploma de una bandeja, sin que nadie se lo entregue.
“En muchos lugares de la provincia hubo situación de semáforo verde y amarillo y sin embargo no se abrieron las escuelas”, se quejó una madre del grupo provincial y destacó que ni siquiera las escuelas privadas han recibido respuesta del gobierno a sus pedidos de reiniciar las clases.
Córdoba es otro de esos lugares donde todo funciona menos la educación. Sí, ni “La Docta” se ha salvado: Los exámenes para las escuelas preuniversitarias se postergaron para el mes de abril de 2021.
En la provincia de Buenos Aires, la más populosa del país, la de los 4.3 millones de alumnos, la de los tres millones de blancas palomitas estatales, el problema escolar queda a flor de piel. En muchos distritos la decisión del no regreso a la presencialidad quedó en manos de las Secretarías de Asuntos Docentes (SAD). Este organismo es el que se encarga de todo lo referido a las designaciones y a la planta, con lo cual también se encuentran paralizadas desde marzo las actividades relacionadas con listados docentes. Siquiera hay indicios de realizar asambleas de designaciones. Esto quiere decir que es prácticamente imposible que las clases empiecen en algún momento ya que en estas asambleas se deciden los cargos para el 2021 de todos los docentes de la provincia.
Todos los niveles y modalidades de la provincia de Buenos Aires de gestión pública y privada dependen de la gobernación. Cuando Provincia elabora el Plan Jurisdiccional de Vuelta a Clases para 2021 lo que hace es intentar definir un plan según la circulación del virus, algo que no tuvieron en cuenta a la hora del cierre, dado que existen lugares sin circulación y cerraron igual. Sin embargo, dejó algunas perlitas de las exigencias para la vuelta, como que los estudiantes deben llevar una Declaración Jurada firmada por adulto responsable en la que se deje constancia de que se encuentra en condiciones de asistir al establecimiento educativo. Dicha declaración será válida por 48 horas, como si los adultos fueran un hisopado ambulante. Tampoco pueden comprar alimentos dentro del colegio, pero sí en un bar, panadería, confitería, carnicería, supermercado...
La gobernación establece determinadas acciones para cada fase de acuerdo al “semáforo”, pero en ninguna se contempla la presencialidad completa. Si bien sobre el final del año se han realizado algunas actividades de revinculación, estas fueron muy pocas mientras los funcionarios afirmaban que las clases habían vuelto.
Las privadas presentaron protocolos ante sus inspectores para ser aprobados y de esta manera asegurar matrícula para 2021. Temen la fuga de estudiantes al ámbito estatal, donde establecimientos como la Escuela Nº 61 de Etcheverry se ha quedado sin vacantes y con protestas.
El factor docente no es menor: no hay unidad. Existen grupos que lo intentan pero no son acompañados. Según fuentes que prefieren mantener el anonimato, hay propietarios de colegios que fueron amenazados con futuros juicios laborales ante contagios por COVID-19. La buena: recibieron los ATP del Estado Nacional todo el año. La mala: no saben cuándo vuelven las clases y no logran frenar la fuga de matrículas.
No existe documentación que respalde la vuelta a la presencialidad de manera oficial en 2021. Los gremios no quieren empezar y esto no es un descubrimiento exclusivo. Incluso resulta llamativo el rol del gobierno de Axel Kicillof al respecto: en el llamado a sesiones extraordinarias, en el ítem “Educación” solo contempla el tratamiento de nuevos contratos para sacar a la calle once mil docentes que no son docentes que irían a hogares. Del plan se sabe poco y nada y el pedido está igual. Como dato final, el presupuesto 2021 provincial, el ítem de educación pasó del 24 por ciento al 26 en un año donde la inflación volvió a hacer estragos y el 85 por ciento se destinará al pago de sueldos.
“Es posible iniciar las clases el año entrante pero no hay decisión política, ni voluntad”, sostiene a Infobae una madre platense muy metida en la exigencia por la presencialidad, y agrega que “se les exige a los niños, niñas y adolescentes lo que no se exige en ninguna otra actividad, cuando los más chicos no son las bombas virales que se creía al principio”.
El panorama bonaerense se completa con una postal para el olvido: la semana pasada se acercó un grupo de Padres Organizados a entregar un petitorio ante la cartera de educación bonaerense. La puerta estaba cerrada con cadenas con telas de arañas y candados.
El único intendente que pidió expresamente ante el gobernador por la apertura de escuelas fue el de San Isidro, el radical Gustavo Posse. Fue rechazado y terminó en una acción de amparo que ya pasó por cuatro jueces: todos se declararon incompetentes.
Y por si fuera poco, los padres que golpean puertas terminan por ser apretados, tal como sucedió cuando el 28 de noviembre quisieron llevar a cabo un encuentro en la República de los Niños y el Frente Gremial Docente le exigió al municipio que impida el evento.
En la ciudad de Buenos Aires todos recordamos las sucesivas idas y vueltas entre el ministerio de Educación porteño y el nacional para lograr las “burbujas” y la revinculación. Al mismo tiempo, existe mucha autonomía en cada establecimiento, por lo que algunos tenían listos los protocolos y otros hicieron la plancha, según consigna una de las madres organizadas de la Capital.
Lo cierto es que en la resolución 370/2020 del Consejo Federal de Educación las provincias delegaron mucho en la Nación, quizá por el temor a no querer pagar el costo político de no tener clases o de las posibles muertes por contagios.
La esperanza de Trotta. “Tenemos que poner en valor, también, la experiencia que está haciendo ahora Europa”, sostuvo el ministro nacional en su entrevista con Página. Bueno, en otros países, puntualmente en los europeos Reino Unido, Alemania y Francia, pasaron a otra cosa hace cuatro meses: demostraron que con las escuelas abiertas a pleno, sin burbujas mínimas, no aumentaron los contagios.
En un país en el que se estima que el 64% de los menores de edad son pobres y en el que uno de cada tres chicos no cuenta con los recursos alimentarios mínimos diarios, la escuela no es solo educación. En un país en el que según datos oficiales de la provincia de Chubut se han descubierto numerosos casos de abuso sexual intrafamiliar gracias a la educación sexual en los establecimientos educativos, los colegios no son solo un lugar de vinculación con los pares. ¿Alguien sabe qué pasó en la intimidad de los chicos este año? ¿Y cómo viene la nutrición?
Y ahí estamos. Antes decíamos que discutíamos lo urgente por sobre lo importante. Lo urgente es la salud mental de los chicos, la alimentación de los niños pobres y su integridad física. A nadie pareciera importarle. Dejaron para el final a los chicos y tampoco hubo nada.
Se les obliga a mantener protocolos ridículos en comparación con el resto de la sociedad, más si se tiene en cuenta que luego del distanciamiento irán a pasar horas con sus amigos sin esos protocolos por fuera del colegio. Chicos que a la escuela no van solo a aprender y a comer: allí están sus amigos, el chico o la chica que les gusta, el amor por algún docente, el espacio donde corren hasta quedar rojos, donde ríen hasta quedarse sin aire, donde esperan a que toque el recreo para salir a los gritos al patio. Todo prohibido, porque lo urgente era otra cosa: la habilitación de todas las actividades menos la del grupo que menos riesgo genera.
Pero eso era lo urgente. Lo importante era la educación.
Y eso tampoco importó.
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