Cuál es la situación judicial de cada uno de los protagonistas del afiche “Navidad sin presos políticos”

El afiche de “Navidad sin presos políticos” muestra a todos los protagonistas de las causas judiciales que motivaron la movilización. “Lxs persiguen por patriotas”, dice el cartel, de blanco y celeste, con varios de los protagonistas con los dedos en ”V”. En el centro, la vicepresidenta Cristina Kirchner, rodeada –en un fotomontaje– de un grupo de ex funcionarios y militantes.

Solo dos de ellos están efectivamente en la cárcel: los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. El que no aparece en la foto pero también está preso –bajo el programa de Protección de Testigos– es José López, el ex secretario de la Obra Pública fue condenado por enriquecimiento ilícito tras llevar millonarios bolsos a un convento y luego convertirse en arrepentido en la causa de los cuadernos.

Del resto de las caras del flyer K, muchos obtuvieron prisiones domiciliarias y otros pasaron por la cárcel pero ya están en libertad aunque continúe el curso de las investigaciones en su contra.

Fue en diciembre de 2017 la Navidad en la que más ex funcionarios o militantes kirchneristas estuvieron tras las rejas. Para 2018, el planteo de “Navidad sin presos políticos” comenzó a instalarse. En 2019, la Justicia ya había abierto el drenaje a excarcelaciones y detenciones domiciliarias que comenzó tras el triunfo de las PASO de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ahora, en 2020, muchos de los que continuaban en prisión lograron salir en medio de la pandemia por el coronavirus.

Cristina Kirchner figura en el afiche pero no tiene prisiones preventivas vigentes ni nunca estuvo presa. Llegó a tener siete órdenes de detención, todas dictadas por el juez Claudio Bonadio, que comenzaron a activarse después de que CFK fuera elegida senadora. Actualmente, esas prisiones preventivas fueron derogadas. En la causa del Memorándum fue el propio TOF el que cesó esa condición a fin del año pasado por falta de riesgos procesales y máxime ante su nuevo cargo en el Ejecutivo; mientras que Casación también revocó las preventivas dictadas en el expediente de los cuadernos este año.

Al presidente Alberto Fernández no le gusta que digan que hay presos políticos en la Argentina. Para él, no hay presos políticos sino, en todo caso, detenciones arbitrarias. Este lunes, uno de sus ministros lo contradijo en público.

Este es un detalle de la situación judicial de cada uno de los que aparecen en la foto, según el relevamiento de Infobae:

*Ricardo Jaime. El ex secretario de Transporte está preso desde el 2 de abril de 2016, cuando fue detenido por orden del juez Julian Ercolini en el marco de la causa por las coimas pagadas en la compra de trenes a España y Portugal. Para esa altura, Jaime ya tenía una sentencia firme en su contra: fue cuando reconoció haber recibido “dádivas” a empresarios que él debía controlar y así pactó los términos de su sentencia para esquivar el juicio oral. Actualmente, Jaime está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito y la compra de esos trenes. También fue sentenciado a ocho años de prisión por la tragedia de Once. Como en el juicio oral había recibido una pena menor que después Casación elevó, la Corte Suprema aún no se pronunció sobre la firmeza de su condena: envió su apelación a otra sala de Casación en busca del doble conforme.

*Juan Pablo Schiavi. Está preso desde el 5 de octubre de 2018, cuando la Cámara Federal de Casación rechazó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema por la condena que se le había dictado a él y a otros tantos involucrados –desde empresarios hasta el maquinista Marcos Córdoba– en la tragedia de Once. El juicio había finalizado en diciembre de 2015. Al igual que en el caso de Boudou, la Corte Suprema dejó firme su condena por la firma de un recurso 280 en septiembre pasado. Allí no solo estaba Schiavi sino también 17 empresarios. Schiavi fue condenado a cinco años y medio de prisión. La defensa pidió arresto domiciliario por razones de salud en el marco de la pandemia, pero no le fue concedido.

*Julio de Vido, ex ministro de Planificación del kircherismo. Quedó detenido en octubre de 2017 tras ser desaforado en la Cámara de Diputados, a raíz del fallo dictado por la Cámara Federal en lo que se dio llamar la “doctrina Irurzun”. Era por la causa Río Turbio. Luego se le sumaron las prisiones preventivas por el caso de los cuadernos. En noviembre de 2019, la comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal decidió adelantar la morigeraciones de las prisiones preventivas. Tras planteos de la defensa, De Vido fue liberado en la causa de los cuadernos con la colocación de una tobillera electrónica y ciertas pautas de conducta. Por el caso de Río Turbio obtuvo la prisión domiciliaria, que en marzo de 2020 también se convirtió en libertad. De Vido está condenado a cinco años y ocho meses de prisión por hechos de corrupción en el marco de la tragedia de Once pero su condena no está firme (Casación la tiene a revisión) y nunca fue detenido por ese expediente.

*Roberto Baratta, ex mano derecha de De Vido en Planificación. En octubre de 2017, cuando aún no se había resuelto el pedido de detención en el caso Río Turbio, Baratta fue preso por orden del juez Claudio Bonadio que también dispuso el arresto de De Vido. Fue por la causa GN, en donde Bonadio sostuvo que ambos tuvieron “en sus manos el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL”, generando un perjuicio a las arcas del Estado nacional. Al poco tiempo, Baratta fue liberado en marzo de 2018 cuando la Sala I de la Cámara Federal dispuso su falta de mérito. En agosto de 2018, Baratta volvió a ser detenido por la causa de los cuadernos. Su libertad se concretó en noviembre de 2019, por la nueva implementación del régimen de preventivas. En la causa Río Turbio, donde también está imputado, Baratta nunca llegó a ir preso. Y una presentación de su defensa lo dejó a salvo de esta posibilidad hasta que el juicio oral no se lleve adelante.

*Amado Boudou. El vicepresidente ya tiene una condena firme por la causa Ciccone, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario de su defensa impugnando la sentencia a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Ahora se discute si debe o no volver a prisión. Había salido con prisión domiciliaria en abril pasado, en medio de la pandemia por el coronavirus, por decisión del juez de ejecución penal Daniel Obligado, que justificó esa decisión en que la condena no estaba firme y en que Boudou es padre de dos niños pequeños y su mujer, mexicana, estaba sola aquí en la Argentina. Ese factor, dice la defensa, no se modificó y por lo tanto debe priorizarse el interés de los menores.

Si se decide que regrese a prisión, será la cuarta vez que reingrese a la cárcel. La primera vez que fue detenido fue el 3 de noviembre de 2017 por orden del juez Ariel Lijo, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y las sospechas de lavado de dinero. Fue liberado en enero de 2018 por orden de la Cámara Federal. La segunda oportunidad fue en agosto de 2018, al momento del veredicto de la causa Ciccone, por pedido de la querella de la Unidad de Información Financiera. En diciembre, el Tribunal Oral Federal 4, por dos votos a uno, decidió excarcelarlo porque la sentencia aún no estaba firme, pero en marzo de 2019 la Sala IV de Casación dispuso que regresara a prisión.

En cada uno de esos pasos, las detenciones y las excarcelaciones, el amigo de Boudou, José María Núñez Carmona –que no aparece en el afiche– corrió la misma suerte que el ex vicepresidente.

*Luis D’Elía: Fue arrestado el 25 de febrero de 2019 cuando el Tribunal Oral Federal 6 rechazó su pedido de prisión domiciliaria y ordenó su detención. Fue para cumplir la condena por la toma de la Comisaria 24 en el barrio de la Boca. D’Elía era funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, a cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, y junto a otras personas irrumpió en la Comisaría 24 durante la madrugada del 26 de junio para reclamar por el crimen de un compañero. Casación fijó la pena en 3 años y nueve meses.

El 3 de abril de 2020, con la pandemia decretada, Casación hizo lugar a un planteo de la defensa pidiendo la prisión domiciliaria en base a los problemas de salud que presentaba el dirigente social y que había presentado fiebre. En un fallo en el que la jueza Sabrina Namer expuso cuestionamientos, otorgó la domiciliaria en el marco de la pandemia.

D’Elía ya había estado preso. Fue en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán en la que estuvo bajo prisión preventiva desde diciembre de 2017 por orden del juez federal Claudio Bonadio hasta marzo del año siguiente cuando fue liberado por el Tribunal Oral Federal 8.

*Fernando Esteche: El ex líder de Quebracho se encuentra en libertad desde octubre de 2019. El juez Claudio Bonadio había ordenado su arresto en diciembre de 2019, junto a otra serie de preventivas por la causa del Memorándum con Irán. Cuando en marzo de 2018 el caso llegó a juicio oral, el TOF 8 dispuso excarcelaciones como las de D’Elía y Carlos Zannini, hoy procurador del Tesoro. Fue el 24 de marzo de 2018. Pero esa libertad no llegó para Esteche porque ya tenía condenas previas (por daños y utilización de explosivos). A poco de cumplir dos años de detención y con un pedido de la defensa, el TOF aceptó dejarlo en libertad ante la falta de fecha cierta de juicio, tras el pago de una fianza.

*Milagro Sala. A la dirigente social la detuvieron el 16 de enero de 2016 por participar de un acampe frente a la Casa de la Gobernación de Jujuy. Desde entonces, fue acumulando causas penales. Estuvo detenida en cárcel, pero a instancias de la Corte Suprema se le otorgó la prisión domiciliaria en 2018.

Sala fue condenada a trece años de cárcel por por encabezar una asociación ilícita en la causa conocida como “Pibes Villeros” por el presunto desvío de $60 millones originalmente destinados a la construcción de viviendas sociales. La investigación forma parte de una “megacausa”, que investiga el desfalco de $700 millones entre 2011 y 2015, y que tiene imputadas a una veintena de personas más, incluyendo ex funcionarios provinciales.

La condena a 13 años de prisión fue dejada firme por la Corte jujeña a principios de este año y la apelación está ahora en el máximo tribunal de la Nación. En octubre pasado, un juez decidió cesar la prisión preventiva que tenía en la megacausa, aunque sigue presa en domiciliaria por “Pibes Villeros”.

Hubo otras sentencias adversas para la líder de Tupac Amaru. La condenaron a 3 años de prisión por instigadora de un huevazo que recibió el gobernador, Gerardo Morales, cuando era senador por Jujuy en 2009 durante una conferencia; y a 4 años de cárcel por el delito de “lesiones graves” premeditadas contra Luca Arias, otro dirigente social, en 2006.

*Omar “Caballo” Suárez. El sindicalista del SOMU había ido preso en septiembre de 2016 por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, que lo acusó de ser jefe de una asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción. Aunque fue liberado por unas horas por orden del juez Luis Rodríguez en enero de 2018, el sindicalista permaneció en prisión. Recibió la excarcelación en diciembre de 2019, dos semanas después de haber recibido prisión domiciliara por problemas de salud.

*Juan Pablo “Pata” Medina: El histórico titular de la UOCRA de La Plata había sido detenido en diciembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, en una causa por asociación ilícita, lavado de dinero, extorsión y amenazas. También fueron arrestados su mujer, sus dos hijos, su cuñado y su sobrino, entre otros. En diciembre de 2019 fue excarcelado en una de las causas en su contra, pero la salida de prisión no se concretó porque había otras causas en trámite. Luego consiguió el arresto domiciliario que cumple en su casa de Ensenada. En septiembre pasado fue internado con covid.

*Cristian “Puly” Medina. Es el hijo del dirigente de la UOCRA que estuvo detenido y líder del Frente de Agrupaciones Unidas, uno de los convocantes a la marcha. Estuvo preso, pero a fin del año pasado el Tribunal de Casación alivió esa condición. En septiembre pasado, desconocidos balearon el frente de su casa, donde cumplía prisión domiciliaria, en lo que se interpretó como una disputa de poder por el control del gremio.