Cristina Fernández de Kirchner volvió a escribir una larga carta para sacudir, cada vez más fuertemente, la interna, la realidad política en general y también el tablero institucional. La primera vez –el 27 de octubre, en el décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y a doce meses del triunfo electoral- pegó de lleno en el gabinete. Ahora, en el umbral del primer aniversario de la asunción de Alberto Fernández, declaró a la Corte Suprema como principal enemigo y amplificó la presión sobre Olivos por lo que el kirchnerismo duro califica como falta de acción en el frente judicial.
Es notorio hasta por la cantidad de líneas del texto cómo ve o qué ocupa la mayor atención de la ex presidente. Arranca con una reivindicación del trabajo legislativo del Senado –su Cámara-, dedica algo menos a ponderar el trabajo del Poder Ejecutivo –no menciona al Presidente- y se extiende en una durísima ofensiva contra la Corte, cargada de valoraciones despectivas sobre cada integrante y con conceptos falsos sobre el funcionamiento entre los tres poderes.
La ex presidente coloca a la Corte como eje central del denominado “lawfare”, escudo para rechazar en bloque y sin vueltas las graves causas de corrupción durante sus gestiones, bajo la consigna de la persecución política. Por supuesto, los jueces son vistos como pieza vital del armado de los poderes fácticos, empezando por los medios y las empresas.
De manera insistente, CFK apunta al mecanismo de designación de los jueces, en línea con la vieja idea de que deberían ser elegidos por el voto, como recordó recientemente Oscar Parrilli. “De los tres poderes del Estado, sólo uno no va elecciones”, dice. Seguramente sabe que la Constitución se encargó de establecer al Poder Judicial como un poder que algunos definen como “contramayoritario”. No es un mundo aparte, puro, y es historia conocida la articulación que en muchos casos supera lo institucional para jugar en sintonía con el poder político. Pero es al menos un resguardo.
La ex presidenta fuerza aún más las cosas. Se queja poniendo al Congreso y al Ejecutivo casi en situación de víctimas de la Justicia. Dice que a los jueces –a la Corte, porque ese es el foco- no los elige nadie y sin embargo ellos controlan a los otros dos poderes. “Tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos a control alguno”, redondea su ataque.
En esas líneas, sin decirlo, es fácil advertir que está demandando una ofensiva concreta en primer lugar sobre el escalón superior de la Justicia. CFK sabe, por supuesto, que el poder político –el Ejecutivo y el Congreso- tiene mecanismos de control institucionales, además de otros en las sombras, y un camino de destitución: el juicio político. Y recuerda, seguramente, que la ofensiva de Néstor Kirchner sobre la Corte de la “mayoría” automática con sello menemista logró renuncias con la sola advertencia de juicio político o con su puesta en marcha. Así ocurrió en 2003 con el titular del cuerpo, el riojano Julio Nazareno.
Resulta claro que la carta de la ex presidente va en la misma línea y potencia la presión del kirchnerismo duro sobre Olivos, de manera cada vez más tensa a partir de la confirmación de la condena a Amado Boudou y la decisión de Casación que rechazó la jugada para dinamitar la causa de los cuadernos de las coimas.
Se trata de una queja y una demanda, quizás hoy el elemento más grave en el complicado juego interno. Consideran que se cumple un año de gobierno sin lograr clausurar las principales causas sobre corrupción que involucran a CFK y a ex funcionarios destacados. Y reclaman acción efectiva del Presidente. Presionan, aluden a un compromiso al menos implícito en la construcción de la vuelta al Gobierno.
La ex presidente acaba de enviar el más contundente mensaje en ese terreno.
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