Arribas negó haber realizado espionaje en las cárceles y apuntó contra el director de Contrainteligencia

Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI macrista, negó hoy haber desarrollado espionaje en las cárceles sobre los presos por corrupción en el kirchnerismo. Ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y la fiscal que lo acusa, Cecilia Incardona, Arribas habló durante 25 minutos por zoom, junto a su defensa, para rechazar las imputaciones y no contestó preguntas. Insistió en que, a su criterio, la causa debe tramitarse en Comodoro Py, algo que está en estudio de la Cámara Federal de Casación Penal.

En su descargo, Arribas disparó contra el ex responsable del área de Contrainteligencia, Martín Coste, por no haber controlado y denunciado al personal que tenía a su cargo si es que estaban haciendo tareas de inteligencia ilegal. Pero la estrategia fue más allá cuando, en uno de los tramos de su alocución, el ex funcionario le recordó al juez su actuación como subrogante en la causa que motivó las intervención de teléfonos en la cárcel de Ezeiza. Y señaló que entonces, al igual que los fiscales, no había advertido nunca ningún ilícito sobre esas intervenciones.

“Después de analizada la prueba obrante, no surge ninguna orden directa o indirecta verbal o escrita de mi parte para la producción de inteligencia ilegal, porque nunca la hubo”, afirmó. “Niego terminantemente haber dirigido o formado parte de una organización criminal. Lo que hice fue dirigir la AFI con apego a la ley y nunca cometí ningún delito en el ejercicio de mi función ni promoví ninguna actividad irregular. Lamento que mi gestión quiera ser empañada por un conjunto de conjeturas falsas y maliciosas que espero que sean detalladamente investigadas y objetivamente analizadas por el juez natural de la causa”.

Arribas es uno de los 25 involucrados en este capítulo de la causa que se tramita en Lomas de Zamora y que busca esclarecer si agentes del servicio penitenciario, de la AFI y policías llevaron adelante espionaje ilegal sobre detenidos, sus familiares o sus abogados. Es uno de los tres tramos de esta causa que tienen como querellantes a ex presos k.

Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ya fueron procesados por las vigilancias que se hicieron sobre la entonces ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria. También fueron imputados por los seguimientos a distintos políticos, como Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, además de jueces, periodistas y gremialistas. La tercera pata de esta investigación es sobre las cárceles.

Hasta ahora, la mayoría de los involucrados que desfilaron por indagatorias se negó a declarar o directamente rechazaron los cargos. El ex director del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco refutó las acusaciones en su contra y descargó las eventuales responsabilidades en el subdirector del organismo, Sabino Oscar Guaymas, quien permanece en funciones. Sobre él también disparó el ex asesor del SPF Fernando Carra.

Ahora, le tocó el turno a Arribas. Su defensa se centró en desmentir haber cometido delitos cuando firmó convenios con las autoridades del Servicio Penitenciario Federal y justificó esos acuerdos en la necesidad de investigar si se había infiltrado en la Argentina una banda brasileña que operaba desde las cárceles. “Es falsa y maliciosa de que no existió la firma de un convenio una opinión legal previa” o que “sirvió para dar cobertura a supuestas actividades de inteligencia”, afirmó.

Según explicó, las tareas se encontraban enmarcadas en la colaboración con el crimen organizado, en donde en primer lugar trataban con la banda de Los Monos y en segundo lugar estaba el alerta sobre “el Primer Comando Capital, PCC, una organización criminal que nació en las cárceles de Brasil, fue exportada a Bolivia y Paraguay y necesitábamos saber si la argentina era un objetivo de conquistas de esta banda”.

Pero además el ex funcionario se desvinculó de los agentes que pudieron haber tenido vínculos con agentes penitenciarios (“relaciones personales previas”, resaltó) y que reportaban en un chat grupal (“El Supermariobross”) las actividades de muchos detenidos o incluso manejaban un excel con un semáforo sobre cada detenido kirchnerismo. Insistió en que a ellos los conducía el agente Alan Ruiz y que en todo caso debió haber denunciado cualquier irregularidad el área de Contrainteligencia que era la que estaba a cargo de esos espías o los propios agentes.

Contraingenliencia fue el cargo histórico que tuvo Antonio “Jaime” Stiuso hasta el momento en que fue desplazado a fines de 2014 por el gobierno de Cristina Kirchner. En la gestión de Macri, el área estuvo a cargo de Dalmau Pereyra, quien terminó alejándose para pedir un destino diplomático y fue reemplazado por Martín Coste. Coste declaró en la causa del Instituto Patria contra las autoridades del macrismo. El también, no obstante, terminó procesado.

“Nunca recibí una información o un reporte de inteligencia vinculado a las personas privadas de su libertad y que aparecen aquí como damnificadas”, aseguró Arribas en su declaración.

La tercera sospecha en su contra apuntaba a la filtración de las conversaciones que tenían presos k en prisión y que terminaron plasmadas en una causa judicial: el “operativo Puf”, una suerte de contracara de lo que fue en Dolores la causa D’Alessio y que fue cerrada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi por inexistencia de delito aunque el caso fue apelado por el fiscal Carlos Stornelli, en su rol de querellante.

Lo cierto es que aquellas conversaciones fueron grabadas en el marco de una causa judicial en donde se investigaba al narcotraficante Mario Segovia. Y de alguna manera llegaron primero a manos del fiscal Stornelli y luego a manos de Elisa Carrió que radicó una denuncia. En la causa penal que tenía en sus manos el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, solo debió haberse escuchado al narcotraficante, pero los otros detenidos también resultaron registrados en sus conversaciones con amigos, familiares y abogados y algunos de esos diálogos llegaron a la prensa.

Sobre eso, Arribas aseguró: “Durante mi gestión, la agencia nunca materializó una intervención telefónica porque estuvieron bajo el ámbito de la Procuración General de la Nación y luego de la Corte Suprema, en la DAJUDECO. Quiere decir que la agencia no materializó durante mi gestión ninguna intervención telefónica. Las intervenciones fueron ordenadas por jueces en sus respectivas causas y producidas por la DAJUDECO”, es decir la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial.

Y añadió: “En el caso de la causa Segovia, la agencia fue convocada como auxiliar de la justicia, con lo cual se limitó a transcribir analizar la parte que pudiera ser relevante para su posterior elevación al juzgado. La AFI no ordena ni materializada intervenciones telefónicas. Simplemente transcribe, y analiza el material que recibe por una orden judicial. Debe quedar bien claro”.

Como las cantidad de escuchas se materializó porque a Segovia lo fueron cambiando de pabellones y así terminaron pinchándose varios teléfonos, Arribas afirmó que “tampoco la AFI participa dónde, cuándo y cómo se aloja a un interno dentro del SPF. Ninguna participación tiene” y, además, añadió, para la AFI era “totalmente irrelevante donde estaba alojado el interno Segovia”.

Fue entonces cuando la defensa disparó el primer tiro por elevación: “Me llama poderosamente la atención que las intervenciones telefónicas porque fueron ordenadas y controladas por el juez que intervino en la causa (Federico Villena) e inclusive por su señoría -dijo-. Viendo la documentación reservada, su señoría tuvo a la vista a la causa, en algunas oportunidades dictó resoluciones sobre las intervenciones telefónicas y la vigilancia, cuando actuó como juez subrogante en esa causa. Ni los jueces que intervinieron ni el Ministerio Público hicieron mención a una irregularidad en el trabajo de la agencia. No fue cuestionado en su momento en la causa”.

Arribas añadió que nunca tuvo acceso a los audios o las filtraciones de las escuchas de otros detenidos. “No los escuché, y del análisis de la prueba del expediente no se encuentra ninguna responsabilidad de agencia respecto de las filtraciones”, opinó.

Las indagatorias seguirán en los próximos días. Para mañana, esta citada Majdalani. También declararán los ex agentes de la AFI Jorge “Turco” Sáez y Leandro Araque, dos personajes claves en el grupo Supermariobross. El viernes, les tocará a Alan Ruiz, exdirector de Operaciones Especiales de la AFI, y al abogado Facundo Melo. La semana próxima los investigadores escucharán a los integrantes del área jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stefano o Bernardo Miguens.

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