Un senador provincial, la vicegobernadora y el presidente de la Corte actuales, un exgobernador y su exministro de Seguridad, un juez federal y un exministro de Gobierno y exdiputado nacional. Nombres no le faltan a la declaración como arrepentido de un exfiscal preso desde agosto por formar parte de una red de protección de juego clandestino en la provincia de Santa Fe. A todos los menciona, aunque al senador Armando Traferri lo involucra como organizador de esa estructura, con la que sostiene se obtenían fondos para alimentar el financiamiento ilegal de las campañas electorales de varios partidos políticos en la provincia. Quienes quieran restarle seriedad a sus dichos, tendrán motivos: habla de Budas, música, brujerías, velas negras, un altar de San La Muerte y pases místicos, y revela que su exjefe, el exfiscal regional Patricio Serjal, toma sol en la celda en traje de baño.
¿Hay una operación detrás de las confesiones del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, detenido por las coimas del juego clandestino en Santa Fe? Casi todos los actores de la política santafesina piensan que sí. Sólo que se dividen a la hora de imaginar quién la ideó y con qué fines. Lo que no está en duda es que el escándalo que provocó ya salpica a los tres poderes del Estado santafesino.
En principio, este miércoles se dará una situación extraña: los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores convocaron a todos los presidentes de bloque para ponerlos al corriente de unas declaraciones que el ex fiscal Ponce Asahad hizo el viernes y que tenían el carácter de confidenciales. La curiosidad es que a la hora de ese encuentro todos ya podrán haber visto en detalle ese testimonio que circuló desde el mismo sábado por los medios y las redes sociales.
Algunas cosas están definidas: el senador Armando Traferri, quien queda peor parado tras las declaraciones del ex fiscal, no se va a apartar de su banca ni pedirá licencia; por el contrario, va a presentar un escrito refutando todas las veces que el exfiscal lo involucra. Entre ellas, un asado que hizo en su casa de San Lorenzo el mismo sábado que se produjo una balacera contra una sede judicial y al que estaban invitados el juez federal Carlos Vera Barros y un ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que según se supo es el mismísimo presidente del tribunal, Rafael Gutiérrez.
En otra parte de sus declaraciones, Ponce Asahad también nombra al exgobernador Miguel Lifschitz y al exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, aunque no los deja tan mal parados: dice que se fueron disparados del bar donde estaban apenas vieron entrar al empresario del juego Leonardo Peiti, aunque sus dichos intentaron sembrar dudas sobre la relación que tuvieron.
Otra de las cuestiones que no va a ocurrir ahora es que el bloque de doce senadores que preside Traferri se vaya a dividir por este tema, aunque en realidad viene partido desde hace un mes cuando se aprobaron casi en secreto dos leyes que fueron interpretadas como contrarias al ministro de Seguridad del gobernador Omar Perotti. “A nadie se le pega en el suelo”, dicen los seis más cercanos a Perotti, aunque resaltan sus discrepancias con el senador al que el ex fiscal menciona como el organizador de la trama. En 2021 es probable que finalmente funcionen dos bloques del PJ.
Otro nombre que aparece es el del ex diputado nacional y ex ministro de Gobierno cuando Carlos Reutemann gobernó la provincia. Se trata del abogado Carlos Carranza, desde hace un tiempo alejado de la política. De él dice que se quedó con un auto de los tres con los que supuestamente “se pagó” una resolución que favoreció al dueño de una concesionaria. Carranza dice ahora que efectivamente tiene un auto Corolla 2017 pero desde mayo, y el fallo en cuestión es de julio. Además indica que es el cuarto o quinto que tiene de esa marca. Y si bien admite conocer al exjuez Patricio Serjal, desmiente lo que dice Ponce Asahad de que su colega no hacía nada sin consultarlo. “Nada que ver”, responde.
Otra pregunta que circula en la provincia tiene que ver con los tiempos: nadie tiene una explicación técnica de por qué el pen drive que contiene las imágenes y audios de las 3 horas y 40 minutos de la ampliación del testimonio del ex fiscal le llegó primero que a nadie al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, el viernes a la tardecita, cuando en Santa Fe había asueto por ser el Día del Empleado Público. Hasta ayer la Corte todavía no lo había recibido, y al Senado se lo enviaron recién el domingo, y después de que la propia vicegobernadora Alejandra Rodenas lo pidiera en persona.
De paso, la vicegobernadora también aparece en el relato del ex fiscal, en un tramo donde se siembran dudas sobre un procedimiento en un rancho de fin de semana que sería de su propiedad en una isla frente a Rosario. Asegura el exfiscal que Rodenas “tiene que ver con la pata política que falta en esta investigación. Y no viene de ahora”. Y puso en duda que se vaya a pedir algún desafuero en la Legislatura o se convoque a una asamblea legislativa con la misma celeridad que lo destituyeron como fiscal.
“Todo es refutable”, dice Traferri a quien quiera escucharlo, e insinúa que hay partes de lo grabado que parecen el guión de una película, especialmente sobre el final del testimonio.
Otro senador, con claras diferencias con Traferri, el rosarino Marcelo Lewandowski, rechaza que se hable de una interna peronista y se pregunta: “Hay que ver si se rompe el bloque entre Miguel Lifschitz y Armando Traferri que gobernó esta provincia durante los últimos doce años, porque dicen que esto es parte de la interna peronista para disfrazar algo que es mucho más grave”. También apunta a quienes designaron a Ponce Asahad cuando gobernaba el socialismo y aprobaron su pliego sin que sus antecedentes estuvieran a la altura de lo que debería exigirse.
“Señora magistrada, mirándola a los ojos se lo voy a decir. Fui totalmente deshonrado en un montón de situaciones, pero hay una honra que me queda y la voy a hacer valer: la honra de mi palabra”. Eso dice Ponce Asahad antes de denunciar la pata política en la organización que manejaba el juego clandestino en Santa Fe, y que -afirma- “involucra a más de un partido político”.
Es la misma persona que en su primera declaración juró “por el honor de su padre” que no conocía nada de lo que ahora terminó diciendo.
Un último interrogante apunta a las formas: ¿por qué el ex fiscal amplió su declaración en condición de imputado y no como arrepentido, lo que le aseguraría una reducción a la mitad de la pena que le toque? “Por que así puede mentir porque no se requiere que se demuestren sus dichos”, aseguró el abogado del empresario del juego Leonardo Peiti.
Quienes maquinan una maniobra detrás del relato del ex fiscal sostienen que es probable que consiga lo que quiere: una prisión domiciliaria que todavía nadie se animó a pedir.
Mientras, desde el gobierno de Omar Perotti se dejan trascender mensajes de tono profético: “venimos a cambiar todo esto. Eso suena extraño, pero vamos a fondo. Es el poder de 20 años el que cruje”. No quedó claro si se referían al socialismo o a sus compañeros justicialistas.
Seguí leyendo: