La participación de menores de edad en hechos delictivos suele reavivar la polémica sobre la edad de imputabilidad. Y luego de lo que ocurrió en el barrio de Retiro, con crimen de un ciudadano armenio cometido por un adolescente de 15 años, el gobiero porteño volvio a hacer foco en esa problemática.
El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, pidió reabrir el debate sobre el tratamiento de la Ley Penal Juvenil: “Fue un hecho trágico que nos pone de frente una discusión y una deuda que tenemos como sociedad, que es el tratamiento de la Ley Penal Juvenil”, señaló el funcionario porteño.
“Si un menor de 15 años con un arma en la cintura está dispuesto a matar sabiendo que hay un policía a 100 metros habla de la impunidad con la que se manejan los menos sabiendo que no tienen consecuencias. La realidad es que no puede ser que todo dé lo mismo”, se lamentó D’Alessandro.
El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, coincidió con D’Alessandro y manifestó: “Ya detuvimos a uno de los atacantes que mató al ciudadano armenio. Es hora de discutir la Ley Penal Juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo”.
Otra dirigente que se expresó en línea fue la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En su caso, recordó que “cuando en 2019 presentamos la Ley Penal Juvenil nos dijeron de todo”, tras lo cual lamentó que “hoy Dimitri fue asesinado en Retiro, y uno de los detenidos tiene 15 años”.
“¿Cuántos ciudadanos tienen que morir para tratar la ley? ¿No se dan cuenta de que hoy los únicos que están seguros son los delincuentes?”, se preguntó Bullrich.
El hecho ocurrió a las 8.15 horas cuando la víctima venían circulando con su bicicleta, por las calles Madero y San Martín, y fue interceptado por un menor con fines de robo; quien no dudó en pegarle un tiro en el cuello.
El delincuente además huyó del lugar sin el rodado en cuestión y se refugió en la Villa 31, donde finalmente fue detenido.
Para D’Alessandro, lo que hizo el joven “fue un absoluto desprecio por la vida” y pidió reinstalar la discusión para que los menores también cumplan condenas por sus actos, y más cuando hay crímenes de por medio. “Entiendo que un menor no puede ser condenado de la misma manera que un adulto pero tiene que tener consecuencias”, aseveró.
El funcionario puso como ejemplo que “muchas veces, los menores son instrumentalizados por los mayores que lideran bandas, quienes les dan las armas y saben que en el caso de ser detenidos los menores no tienen consecuencias”. Por eso, pidió terminar con ese vacío legal.
Si bien aún se tratan de determinar las circunstancias precisas del episodio, de acuerdo con lo que pudo saber Infobae el hombre de origen armenio circulaba en la bicicleta acompañado por un amigo en medio de la soledad de la mañana del día feriado. Había poco tránsito. En un momento del trayecto, detrás del Hotel Sheraton, ambos tomaron caminos opuestos y fue ahí cuando el menor delincuente aprovechó para dar el golpe y abordar a la víctima.
“A 100 metros de ahí había un policía que cuando escuchó el disparo salió corriendo a atender a la víctima, llamó al SAME, alertó al patrullero que estaba en la zona y rápidamente se capturó al menor”, detalló el Ministro de Seguridad.
A pesar de los esfuerzos realizados por los médicos, el hombre falleció antes de arribar al Hospital Fernández.
Según trascendió, la víctima -cuyo nombre de pila es Dmitri- era quiropráctico, tenía residencia en el barrio de Núñez y estaba radicado en el país hace al menos 20 años.
Según confirmaron fuentes policiales, se labraron actuaciones por homicidio en hecho de robo y el sospechoso quedó en manos del Juzgado de Menores No 4, a cargo del juez Rodolfo Cilleruelo.
A fines de febrero de 2019, el gobierno de Mauricio Macri había dado un primer paso para establecer un régimen penal específico para los menores entre los 16 y los 18 años de edad con la presentación de un proyecto de ley. Además, establecía una baja de la edad de imputabilidad, de 16 a 15 años, pero solo para los delitos graves que tengan una pena máxima de 15 años o más de prisión.
La iniciativa buscaba que los adolescentes afrontaran las consecuencias de sus actos. En tal sentido, tendía a proteger a la sociedad con mayor vigor que hasta ahora de las conductas delictivas.
Pero también beneficiaba a los menores que incurren en esos actos, no solo por las medidas sociales y educativas que se pondrían en marcha, sino porque saldrían del limbo jurídico en el que hoy se encuentran, absolutamente sujetos a la discrecionalidad de los jueces, y se les garantizaría el debido proceso.
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