Crónica de los cambios a la movilidad jubilatoria: señal de alerta en Diputados, el rol de Cristina Kirchner y la solución de Alberto Fernández

-¿Viste la ley?, preguntó por teléfono un senador del Frente de Todos, preocupado, a otro de su misma coalición.

-Todavía no, respondió el segundo.

-Leela y llamame, agregó el primero.

El sábado 28 el Poder Ejecutivo envió al Senado de la Nación el nuevo Índice de Movilidad Jubilatoria. El proyecto de ley fue elaborado sobre la base del dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral Mixta que presidió el entrerriano Marcelo Casaretto y que de mayo a noviembre realizó 17 reuniones. Participaron 60 legisladores, hubo 24 expositores y un informe final de 131 páginas. Por esa Bicameral que se reunió cada lunes, o martes cuando hubo feriados, pasaron ministros, funcionarios, dirigentes sindicales y hasta jueces que evaluaron su nivel de litigiosidad. Apenas ingresó al Parlamento el mensaje del Poder Ejecutivo un diputado descubrió la ‘sorpresa’: el artículo 6 establecía que el 5% de aumento de diciembre que anunció el Presidente sería tomado a cuenta y por lo tanto se descontaría en marzo con la nueva suba. No había sido presentado así en los días anteriores.

Desde la cámara baja Sergio Massa avisó a Casa Rosada: “No van a estar los votos”. Y Mirta Tundis, especialista en temas previsionales que bancó casi todo el año las subas por decreto se desmarcó. Dijo que la quita era “un cachetazo” y que no votaría esa ley. Difícil que haya hablado sin un guiño del máximo referente del Frente Renovador, espacio que integra. Otros diputados, en voz baja, también expresaron molestia.

Hasta ese momento Cristina Fernández de Kirchner no había intercedido. Y, como no habla con Alberto Fernández, las idas y vueltas entre funcionarios siguieron su curso vía Zoom y llamadas telefónicas.

El tema se había discutido el 9 de noviembre en el despacho del ministro de Economía Martín Guzmán. Allí estuvieron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y diputados y senadores que integran las comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Previsión: Carlos Heller, Marcelo Casaretto, Carlos Caserio y Daniel Lovera. También Massa y el jefe del bloque de Diputados, Máximo Kirchner. En forma remota se conectó aquella tarde-noche el senador José Mayans y, entre otros, estuvo Fernanda Raverta, de Anses. En esa charla quedó claro que la fórmula elegida sería muy similar a la del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Massa advirtió: “Guarda con el empalme”. Guzmán justificó: “Estamos muy apretados con la plata”. Y Caserio insistió: “Que el empalme sea prolijo, recuerden que Mauricio Macri se ‘comió' tres meses de aumentos”.

El lunes de esta semana empezaron los cruces por el tema. El martes los senadores Lovera, de La Pampa, y Caserio, de Córdoba, analizaron el detalle de la ley. No pudieron hablar por teléfono con Guzmán pero sí con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que los citó para el día siguiente en su despacho. Caserio ya estaba en Buenos Aires, Lovera viajó de urgencia.

En las nerviosas charlas que se sucedieron en el bloque de senadores oficialistas se evaluó que el proyecto “técnicamente” estaba bien pero se consideró un error político el anuncio del 5% a cuenta. Si el aumento era semestral en marzo del 2021 debían contarse seis meses hacia atrás y el descuento era correcto, el 5% debía ser considerado como parte del número final. La polémica ya había estallado en los medios y desde Juntos por el Cambio empezaron las críticas y chicanas hacia el gobierno peronista.

Un senador envió un mensaje por whatsapp al presidente Alberto Fernández mientras otros conversaban con José Mayans que a su vez habló con Cristina Fernández de Kirchner. Fue uno de los más activos en las siguientes 24 horas.

En los intercambios de mensajes entre el Congreso y la Casa Rosada y entre el Congreso y ANSeS y el Ministerio de Trabajo hubo alarma porque aún si los senadores votaban el proyecto tal como había sido remitido al Congreso en Diputados sería difícil avanzar sin cambios. El Frente de Todos no tiene ni quórum ni mayoría. “No están los votos. Lo van a rechazar o vamos a tener que regalarle a (Roberto) Lavagna y a (Juan) Schiaretti un cambio que podemos hacer nosotros”, consideró un dirigente que siguió de cerca las negociaciones en Diputados para votar el convenio de transferencia de la seguridad y los fondos desde Nación a Ciudad. Esa votación, en la sesión que arrancó el lunes y terminó el martes pasadas las 8 de la mañana dejó en claro que conseguir los votos iba a ser muy difícil y que una negociación dejaría mejor parados a los eventuales aliados (el bloque de Córdoba Federal o Consenso Federal, por ejemplo) que a la propia tropa.

Los senadores prometieron a los funcionarios mantener todas las charlas en reserva. El miércoles por la mañana de lugar de juntarse con Cafiero, hubo un encuentro vía Zoom entre los senadores que integran las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto, las autoridades del bloque oficialista, Mayans y Anabel Fernández Sagasti; Fernanda Raverta y el ministro Moroni que se conectó desde el despacho del jefe de gabinete donde tenía otra reunión. A esa hora ya el equipo de asesores de Cristina Fernández se había puesto a trabajar en una propuesta alternativa. Pidió no divulgar nada antes de avanzar.

Raverta y Moroni dieron argumentos sólidos y sencillos. Algunos senadores preguntaron por qué no se había vuelto según lo conversado a la fórmula del gobierno de CFK que además incluía otra ventaja para los jubilados ya que el índice se calculaba 50% en base a la recaudación y 50% tomando el salario más alto de la comparación entre el RIPTE y la medición del INDEC.

“Políticamente es fuerte, más allá de que las diferencias son menores”, reconoció uno de los participantes. Después se cuestionó el artículo 6 y que se tome el 5% a cuenta del aumento futuro.

El chubutense Mario Pais, una de las voces más fuertes en temas jurídicos, propuso arreglar el dilema en la reglamentación de la ley. Otro senador se mostró muy preocupado y preguntó qué pasaría si no consiguieran los votos en la Cámara de Diputados además de subrayar el rédito que significaría para la oposición. También se evaluó el costo y cómo redistribuir partidas. “No podemos agrandar el déficit”, se oyó. “Bajemos partidas de otras áreas y que el Presidente anuncie que no se tomará el 5% a cuenta y que la redistribución de partidas dejará una ecuación neutra, sin subir el déficit”, propuso en forma positiva uno de los senadores. Mayans recordó que habían acordado volver a la fórmula del gobierno de CFK. “Esta no es la fórmula de Cristina, le sacan una variante”, se quejó incluso en voz alta ante el diario El Cronista.

Después del largo intercambio Moroni llamó al Presidente y le informó la situación mientras desde el despacho de Lovera cancelaban la reunión de comisión convocada para ese mismo miércoles a las 14 hs. Eran las 12 cuando los senadores de la oposición se sorprendieron con el mensaje y las razones quedaron bajo sospecha.

Entre el mediodía hasta la tardecita no hubo noticias desde el Gobierno nacional. El oficialismo reagendó la reunión de comisión para el día siguiente a las 11 de la mañana. Tanto senadores de la UCR como del PRO insistieron en saber el porqué de la cancelación. La Vicepresidenta y el Presidente siguieron sin hablar.

Algunos senadores empezaron a perder la paciencia. Y volvieron a preguntarle a Cristina Fernández qué hacer. Ella coincidió con los que le consultaron: “No podemos pagar este costo político”, señaló y dio el aval para anular el artículo 6. “Eventualmente si consiguen los votos que se agregue en Diputados”, consideró alguien cerca suyo a sabiendas de que la Cámara más difícil es la que preside Massa y que si hay que ratificar cambios en el Senado siempre están los votos. Y anunciaron off the record los dos cambios que introducirían a la ley: considerar el salario más alto para el cálculo (entre el RIPTE que elabora el Ministerio de Trabajo y la medición del INDEC en base a salarios formales e informales) y no tomar a cuenta el 5% de diciembre.

Casi en paralelo llegó el llamado desde Jefatura de Gabinete. El Presidente había evaluado la situación y tenían la solución: reformular la periodicidad y aumentar los haberes jubilatorios y los beneficios de las prestaciones sociales en forma trimestral y no dos veces al año. Así se evitaría la diferencia que produciría el empalme. “Costó convencer a Guzmán”, contó alguien que sacó cuentas sobre el impacto en el Presupuesto. Aliviados, todos estuvieron de acuerdo.

Los que ven demonios en el ala K vislumbraron una nueva intervención de Cristina Fernández y un freno al Presidente. Otros no vieron en este caso una conspiración del Congreso contra Olivos: “La solución fue ‘inteligente’ y la planteó Alberto Fernández”, señalaron sobre la última noticia que dio el Poder Ejecutivo. Varios destacaron que trabajaron “juntos” y “en equipo” los senadores y los funcionarios para prevenir un freno opositor en Diputados donde el Frente de Todos no tiene mayoría. Sería casi imposible esta vez conseguir aliados cuando la lectura política era que se descontaba a los jubilados. “Se dio un aumento a cuenta del aumento semestral, no era una quita, pero la oposición y los medios no lo leyeron así”, marcó el error un oficialista.

Finalmente y a modo de reflexión no faltó quien considerara que todo hubiera sido más rápido y más fácil si hubiera habido un llamado telefónico entre Alberto Fernández y su vice.

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