Los tres reclamos de la CGT para atenuar la crisis de las obras sociales que pueden marcar el futuro de su relación con Alberto Fernández

Las obras sociales siempre fueron vistas como “la caja” del sindicalismo, pero ahora, con una inédita crisis financiera que se agrava con un déficit mensual de $1.500 millones, parecen “la cajita” y no precisamente “feliz”. La caída de los salarios, el alza del desempleo y el aumento de los precios de los medicamentos por los vaivenes del dólar convierten al sistema sindical de salud en una estructura casi imposible de sostener sin la ayuda del Estado.

Por eso, en su visita a la Quinta de Olivos del martes pasado, la CGT ubicó a la crisis de las obras sociales como una de sus preocupaciones centrales. Y la respuesta que se brinde desde el Gobierno determinará el futuro de su relación con Alberto Fernández.

En la reunión, el Presidente interrumpió en un momento el informe sobre los números en rojo del sistema sindical de salud que exponía José Luis Lingeri, el dirigente que más conoce sobre las obras sociales, y les planteó a los ocho dirigentes presentes: “Ya conozco el tema. Hagamos algo expeditivo: ¿por qué no nos juntamos la semana próxima con Ginés (González García) y vemos cómo avanzar?”.

Es lo más concreto que obtuvieron los gremialistas de su paso por Olivos (además del asado que les sirvieron, claro está). Pero también significa un riesgo: no es la primera vez que el jefe del Estado les promete solucionar los problemas de las obras sociales y luego todo termina diluido. ¿Por qué debería ser distinto ahora? “Porque Alberto se involucró y se comprometió a estar presente en la reunión”, contestó a Infobae un miembro del secretariado de la CGT con tono triunfal.

Ante el primer mandatario, la dirigencia cegetista exhibió números que grafican la delicada situación de las obras sociales e incluso uno de ellos advirtió que “están quebradas”. No es una buena noticia, obviamente, porque mediante esas entidades se brinda atención médica a 14 millones de personas en todo el país y ahora, por su infraestructura, su personal y su despliegue territorial, serán una herramienta decisiva para el operativo de vacunación contra el COVID-19 en 2021.

La CGT ya le presentó al Gobierno un documento de 10 puntos para intentar solucionar el problema crónico de la desfinanciación de las obras sociales, aunque ahora son tres las cuestiones más acuciantes que llevará al encuentro con Alberto Fernández y el ministro González García:

1) Que el Estado se haga cargo de pagar los medicamentos más costosos. Es una de las principales quejas de los sindicalistas. El Gobierno dio un paso en ese sentido en junio pasado, cuando incorporó la atrofia muscular espinal (AME) al listado de patologías que son reconocidas por el Estado para reintegrar el costo del medicamento -considerado el más caro del mundo- al sistema sindical de salud. Pero hay más drogas de tratamientos que, cautelares judiciales mediante, terminan pagando las obras sociales y ayudan a desfinanciarlas. Algunos medicamentos cuestan 200 mil o 300 mil dólares.

Vinculado con ese tema, la CGT también propone la creación de una nueva canasta de prestaciones médicas para que reemplace al actual Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece las coberturas mínimas que se debe brindar y al que se fueron incorporando nuevas patologías y medicamentos que asfixiaron financieramente al sistema de salud.

Los gremialistas, además, sueñan con la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, como existe en otras partes del mundo, para evaluar la aparición de nuevas drogas y determinar si se justifica su utilización en los tratamientos.

2) Que el Estado pague el 100% algunos de los gastos por discapacidad que deben afrontar las obras sociales, como las relacionadas con el rubro educativo, por ejemplo. También aquí los reintegros de la Superintendencia de Servicios de Salud llegan con demora y hay costos adicionales que deben afrontar las obras sociales luego de que la Justicia le da lugar a las medidas cautelares presentadas por los afiliados. Según los sindicalistas, la cobertura de prestaciones para personas con discapacidad representa hoy el 50% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución, que se ocupa del reintegro de dinero al sistema de salud por tratamientos de alta complejidad.

3) Que se aumente la cápita que pagan los monotributistas para acceder a la atención de la obra social. Hoy, su aporte para cubrir las prestaciones establecidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), la canasta básica de servicios médicos, es de $1041,22 por mes para todas las categorías. Y las obras sociales están obligadas a brindarles a los casi 2 millones de monotributistas la misma cobertura que a los trabajadores en relación de dependencia, que aportan $2000 mensuales en promedio.

Para la CGT es un viejo reclamo sin solución y ahora prevé proponer no sólo el aumento del monto de la cápita sino también que sea obligatoria la afiliación de todo el grupo familiar (hoy lo es sólo para el titular) y que la escala para el pago sea en forma progresiva, de forma tal que la esposa y los hijos abonen menos que el principal beneficiario.

Hay otro punto que podría sumar la CGT en la reunión con el Presidente: que se descuente el 15% para el sistema de obras sociales a quienes pagan una diferencia para atenderse en una prepaga y que actualmente no aporta al Fondo Solidario de Redistribución.

Alberto Fernández podrá decirle a la CGT que hizo su aporte para mejorar los números de las obras sociales: el Gobierno les brinda desde abril una ayuda adicional para compensar la caída de la recaudación por la paralización de actividades ocasionadas por la cuarentena.

En noviembre se transfirieron $414 millones a las obras sociales para cubrir el desfase de sus cuentas en octubre. Fue el séptimo pago derivado del Fondo de Emergencia y Asistencia, que se creó durante el gobierno macrista y se compone de los aportes de los trabajadores.

La ayuda adicional del Estado comenzó en abril, con un aporte de $1279,8 millones para compensar la caída de marzo; en mayo fue de $1276,9 millones; en junio, $821,8 millones; en julio, $125,3 millones; en agosto, $502,7 millones y en septiembre, $527,4 millones. Hasta ahora, el total los fondos derivados para auxiliar al sistema de salud ascendió a $4947,9 millones.

Por otra parte, la Superintendencia desembolsa en forma automática el dinero para reintegrar a las obras sociales los tratamientos de alta complejidad, aunque “sujeto a la disponibilidad de los fondos”, según se quejan los sindicalistas. Los últimos dos pagos, en octubre y noviembre, fueron de unos $1.000 millones cada mes en concepto de adelanto del Sistema Único de Reintegros (SUR).

Hasta ahora, la CGT fracasó en su intento de que la ayuda adicional para las obras sociales proviniera del Tesoro Nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, no pudo avanzar en la negociación con el Gobierno para aumentar el aporte de los trabajadores al sistema de salud y tampoco logró el aval del Ministerio de Salud para redactar una ley complementaria dirigida a corregir las asimetrías que van desfinanciando el andamiaje sanitario de los sindicatos.

¿Se concretará finalmente la reunión con el Presidente y con el ministro de Salud? ¿Surgirá de allí una verdadera solución para las obras sociales en rojo? ¿Y alcanzarán los tres puntos que planteará la CGT para atenuar la crisis del sistema? Con más dudas que certezas, en la central obrera reconocen que esas medidas “servirán sólo como un parche”, pero marcarán el grado de compromiso de Alberto Fernández para defender esa “cajita poco feliz” que tanto obsesiona al sindicalismo.

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