De Rafecas a la Corte: el largo camino de la confirmación de la condena por corrupción a Amado Boudou

El Caso Ciccone comenzó en el verano de 2012. Nada es igual a entonces. Amado Boudou era por aquellos días vicepresidente de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner era la presidente y si bien la vicepresidencia no tenía la relevancia de ahora, Boudou era una figura importante en el tercer gobierno kirchnerista.

La fórmula del Frente para la Victoria había arrasado en 2011. Por ese entonces y ante la imposibilidad de la reelección para Fernández de Kirchner había quienes sugerían que Boudou podría llegar a ser el candidato en 2015. Algo que no sucedió –entre otras cosas- porque en 2014 fue procesado por la compra de la empresa Ciccone Calcográfica a través de integrantes de su círculo cercano.

Pero para llegar a 2014 primero hubo que pasar por 2012. El expediente le tocó por sorteo al juez federal Daniel Rafecas, discípulo de quien por entonces estaba a cargo de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi.

La llegada de Rafecas como juez en 2004 había tenido el visto bueno de Righi y especialmente de Alberto Fernández, hoy presidente y por entonces Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Rafecas delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo quien pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas la del allanamiento del departamento que el ex vice tenía en el edificio River View de Puerto Madero. Ese allanamiento hizo estallar el caso por el aire.

Luego de que se revelaran algunos papeles hallados en un departamento que estaba deshabitado y que vinculaban a Boudou con la maniobra de Ciccone, el vice arremetió contra todos y todas. Comenzaba la Semana Santa de 2012 y Boudou dio una conferencia de prensa en el Senado -sin preguntas- y cargó contra Rafecas y contra Righi.

A causa de la embestida de Boudou, Righi renunció a la Procuración, hecho que fue cuestionado por su amigo Alberto Fernández, por entonces crítico acérrimo del gobierno de Fernández de Kirchner. El kirchnerismo le facturaba a Righi no haber hecho algo para evitar el allanamiento pedido por Rívolo, uno de sus subordinados.

Rafecas fue apartado del caso por la Cámara Federal y el expediente se acumuló con otro que estaba en el juzgado de Ariel Lijo. Con esa acumulación también dejó de investigar la causa Rívolo. El fiscal pasó a ser Jorge Di Lello. Mucho antes de que se empezara a hablar de lawfare el vicepresidente de la Nación había logrado que lo dejaran de investigar Rafecas y Rívolo y había provocado la renuncia de Righi.

Alberto Fernández fue extremadamente duro con Boudou por el Caso Ciccone en sí mismo. Y máxime después de que Boudou había acusado a Righi públicamente en el Senado de haberle ofrecido los servicios de su estudio de abogados para sacarlo de problemas en Comodoro Py. Nada de eso se comprobó en los tribunales.

Righi se iba a jubilar a fin de 2012, pero tuvo que irse renunciado. Algunos decían por entonces que el propio Rafecas podía haber sido un buen sucesor. Nada de eso pasó.

Y Alberto Fernández esperó la oportunidad para reivindicar a su amigo Righi: cuando fue elegido presidente propuso al discípulo del “Bebe” para encabezar la Procuración General de la Nación. Algo que aún no logra concretar.

Entre 2012 y 2014 Lijo fue acumulando pruebas de que Boudou había comprado por interpósitas personas una parte del paquete accionario de Ciccone Calcográfica. En junio de 2014 Lijo llamó a indagatoria al vicepresidente y Boudou fue acompañado por una tímida manifestación hasta Comodoro Py. Con el paso de las horas los militantes que habían llegado del Conurbano se retiraron y por la noche Boudou salió en medio de un centenar de periodistas.

El 27 de junio de 2014 Lijo procesó a Boudou. Era un hecho inédito: un juez había procesado al vicepresidente en ejercicio por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Cohecho significa coimas.

En diciembre de 2014 Fernández de Kirchner echó de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al súper espía Antonio “Jaime” Stiuso. Eso tuvo su correlato en Comodoro Py: el estudio del abogado Darío Richarte renunció a las defensas de varios kirchneristas que estaban bajo investigación. Uno de los que se quedó sin la defensa de ese estudio -que contaba con Stiuso como escudo protector- fue Amado Boudou.

En febrero de 2015 -cuando el destino de las elecciones nacionales de ese año aún era incierto- la Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento dictado por Lijo. Aquella resolución la firmaron Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, tres camaristas que fueron muy cuestionados -uno de ellos destituido- durante el gobierno de Mauricio Macri.

El Caso Ciccone siguió su curso. Lijo promovió la elevación a juicio y el fiscal Di Lello acusó a Boudou. En mayo de 2017 se sorteó el Tribunal Oral Federal 4 para que realizara el juicio.

En octubre de aquel año comenzó el juicio oral. Los fiscales Marcelo Colombo y Santiago Eyherabide pidieron la pena de cinco años y seis meses para Boudou. Eyherabide es hoy - junto a Cecilia Incardona- uno de los fiscales de Lomas de Zamora que acusa a la AFI que encabezó Gustavo Arribas de haber realizado espionaje ilegal a dirigentes kichneristas y macristas.

Durante el juicio, en noviembre de 2017, se presentó como arrepentido ante Di Lello, Alejandro Vandenbroele, el abogado que se hizo cargo de la Compañía de Valores Sudamericana (CVS) nombre con el que empezó a funcionar Ciccone luego del desembarco de la gente cercana a Boudou.

Durante la instrucción del caso, Vandenbroele se mantuvo en su inocencia. En el juicio oral se declaró culpable y apuntó a Boudou y a su amigo y socio José María Núñez Carmona. Los tres fueron condenados. El kirchnerismo denunció que el testimonio de Vandenbroele fue “comprado” por el gobierno de Macri.

En agosto de 2018 el TOF 4 con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez condenó a Boudou a la pena de cinco años y diez meses de prisión. Ese día Boudou fue detenido. En octubre de 2018 el TOF 4 hizo públicos los fundamentos de la condena. Fueron 992 páginas en las que se explicó la maniobra de Ciccone.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo confirmó la condena de Boudou en julio de 2019. Ahí se inició el camino de la apelación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, ayer por unanimidad resolvió rechazar la queja de los imputados. Entonces la condena impuesta por el Tribunal Oral y confirmada por Casación quedó firme.

Judicialmente se estableció que Boudou, que fue vice, cuando era ministro de Economía de la Nación, cometió un delito de corrupción. Se quedó con Ciccone que iba a ser contratada por la Casa de Moneda que dependía de Economía.

Boudou –que fue excarcelado y detenido- hasta ahora cumple su condena en prisión domiciliaria. Righi murió en marzo de 2019. “Un día, los desvaríos de Argentina lo hicieron renunciar y dejar ese cargo que tanto había prestigiado durante los ocho años en que lo ejerció. Muchas veces la locura maltrata a los mejores”, escribió aquel día Alberto Fernández sobre la renuncia de Righi forzada por Fernández de Kirchner.

El “Bebe” nunca se enteró de que su amigo Alberto Fernández llegó a la presidencia y espera poder reivindicarlo: el trámite para que Rafecas quede al frente de la Procuración General de la Nación no se ha iniciado en el Senado que preside Cristina Fernández de Kirchner.

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