La ministras de Seguridad y de Justicia, Sabina Frederic y Marcela Losardo, viajarán hoy a Bariloche para reunirse con los vecinos de Villa Mascardi, en medio de la escalada de violencia y la problemática usurpación de una comunidad mapuche que tiene en vilo a la localidad desde 2017.
La comitiva, integrada también por el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks, será recibida por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien convocó a los vecinos de la zona a una reunión que tendrá lugar en dependencias del Escuadrón 34º de Gendarmería Nacional, en el centro de la ciudad cordillerana.
Se trata del segundo encuentro que mantendrán las partes- el primero fue en Viedma, capital de Río Negro-, el cual tiene como objetivo avanzar en una mesa de diálogo para poner fin a los episodios de violencia que ocurren de forma constante en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.
La presencia de los funcionarios se produce un día después de nuevos incidentes en el lugar, cuando móviles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fueron apedreados cuando se disponían a realizar una constatación “in situ” de uno de los predios que es ocupado por la agrupación Winkul Lafken Mapu.
Uno de los temas que plantearán los vecinos es la preocupante escalada de violencia que se vive en la zona, con permanentes cortes de ruta, incendios intencionales en viviendas linderas a la toma mapuche y el voraz ataque a uno de los vecinos, Diego Frutos, quien terminó hospitalizado tras recibir una paliza brutal de parte de los encapuchados durante la semana pasada.
La convocatoria no fue bienvenida por los vecinos, varios de los cuales anticiparon que harán “un vacío” a la reunión. “¿A qué vienen? A decirnos que van a poner cámaras de seguridad, a prometernos más presencia de Gendarmería en la zona y a invitarnos a participar de una mesa de diálogo con gente que no quiere dialogar. No tiene ningún sentido”, indicaron a este medio varios de ellos.
De hecho, Frutos es uno de los vecinos que duda si acudirá al encuentro “por la informalidad” de la convocatoria y por tratarse “de una reunión con vecinos digitados, lejanos al conflicto, que tienen como intención desvirtuar nuestro reclamo”.
Para los pobladores cercanos a la toma, la única solución al conflicto “es el desalojo de las tierras que en 2017 ocupó una comunidad que dice llamarse mapuche, aunque no está registrada ante ningún organismo como tal. Mientras estén ahí, desconociendo al Estado Argentino, los problemas van a seguir”.
La ocupación de tierras comenzó en noviembre de 2017 con la instalación de unas 30 familias en seis hectáreas pertenecientes a Parques Nacionales, frente al lago Mascardi, en un sitio paradisíaco.
Ese mismo mes se produjo un frustrado intento de desalojo dispuesto por el juez federal subrogante Gustavo Villanueva, contexto en el que fue asesinado por la espalda un integrante de la comunidad, Rafael Nahuel.
Desde ese momento, los encapuchados protagonizaron innumerables episodios de violencia, con incendios intencionales a cabañas privadas, daños en la forestación autóctona, agresión a automovilistas y amenazas con armas a los acampantes, entre otros episodios. Hay alrededor de 100 expedientes judiciales – tanto en el fuero ordinario como en el federal- por esos episodios.
Este martes la justicia imputó por lesiones leves a dos de los mapuches que participaron de la agresión al presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, mientras que otro de los presuntos agresores no se presentó y fue declarado en rebeldía.
En septiembre pasado, el juez de Garantías Martín Arroyo ordenó el desalojo de uno de los terrenos ocupados – perteneciente al obispado de San Isidro- y el fallo fue confirmado semanas después por un Juzgado de Revisión. No obstante, la medida no se efectivizó.
La excusa para ello es que el dueño de las tierras pidió a la justicia demorar el desalojo “hasta que no estén dadas las garantías de seguridad para los ocupas y las fuerzas de seguridad”.
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