Cuadernos: un juez pidió cámaras de seguridad para identificar una fuente periodística y provocó el repudio de las entidades de prensa

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó buscar grabaciones de cámaras de seguridad del Municipio de Vicente López en el marco de la causa que investiga como reaparecieron los cuadernos de Oscar Centeno en octubre de 2019. Son las anotaciones que abrieron la investigación clave en donde está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Aunque recién trascendió ahora, el juez había ordenado esta diligencia el 3 de noviembre pasado. En la misma resolución, rechazó un pedido para buscar huellas dactilares en los cuadernos.

La medida generó un fuerte rechazo de entidades periodísticas: aseguran que el fallo es inconstitucional, ataca a la libertad de prensa y criminaliza el trabajo de los profesionales de medios.

Según el oficio al que accedió Infobae, el juez Martínez De Giorgi solicitó al municipio de Vicente López “que tenga a bien informar las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas dentro del cuadrante conformado por las avenidas General Paz, Maipú, Julio Argentino Roca y el Río de la Plata y en tal caso remita afirmaciones efectuadas por las mismas el día 22 de octubre del 2019 en el horario comprendido entre las 18:30 y las 20 horas”. La diligencia se encomendó a la división operaciones federales de la Policía Federal.

Según las fuentes, el Municipio de Vicente López ya respondió que no tenía los registros de las cámaras de seguridad que se solicitaron.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, la decisión de solicitar las cámaras al municipio se tomó luego de que el periodista del diario La Nación que destapó el escándalo, Diego Cabot, declarara como testigo en el expediente y diera detalles de cómo habían llegado a sus manos seis de los ocho originales. Los textos involucran a Cristina Kirchner y a un gran número de importantes empresarios, sospechados de pagar coimas al poder político.

“En relación al estudio pericial dactiloscópico solicitado por la parte querellante a los fines de determinar la existencia de huellas dactilares de los presuntos responsables del ocultamiento de los cuadernos citados en razón de la forma en la cual fueron aportados a la justicia la medida solicitada no se vislumbra conducente para la presente investigación por lo que no se hará lugar a su realización”, se añadió.

El caso de los cuadernos comenzó a inicios de 2018. Cabot se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli para informarle que habían llegado a sus manos ocho cuadernos que había escrito un chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Según se supo después, estaban en poder de un amigo personal de Centeno que los tenía para cuidarlos, cuando el juez Claudio Bonadio ya había puesto la mira en Centeno por las denuncias de su ex mujer.

Cabot fotografió los cuadernos y se los devolvió. Luego se presentó en la justicia en el marco de la causa GNL, que tenía como imputado a Baratta. Esa causa, que estaba en manos de Stornelli y Bonadio, fue la llave para que esos funcionarios pudieran quedar al frente de lo que después se conoció como el caso cuadernos.

Pero los cuadernos originales nunca quedaron secuestrados en la causa. Cuando la policía fue a buscar a su casa, una vez que los allanamientos y detenciones ya se habían desatado en agosto de 2018, no los encontraron. Ahí Centeno dijo que creía haberlos destruido.

Cuando Bonadio ya había elevado a juicio la causa que desató la oleada de arrepentidos de ex funcionarios y empresarios, Cabot reveló el 22 de octubre de 2019 que seis de los ocho cuadernos habían aparecido. En su nota en el diario La Nación afirmó que una voz anónima lo llamó para decirle “Te van a contactar para pasarte una documentación” y cinco horas después tenía en sus manos “seis cuadernos que, a simple vista, son aquellos con los que trabajamos en 2018”. Precisó que una segunda llamada le indicó el lugar exacto del encuentro, por donde apareció un hombre “canoso, de unos 60 años y alrededor de 1,60 metros de altura, vestido con un saco azul y con una mochila negra”. No precisó en esa nota el lugar del encuentro.

Fue entonces que el abogado del empresario Néstor Otero, Mariano Fragueiro Frías, solicitó investigar por encubrimiento a la persona que retuvo los cuadernos fuera del proceso judicial. El empresario que tiene la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro y estaba mencionado en las anotaciones de Centeno presentó una denuncia en donde resultó sorteado el juez Ariel Lijo para determinar quién tuvo esos cuadernos todo ese tiempo. Reclamó un estudio de huellas dactilares sobre los cuadernos que recibió Cabot, que se revisen las celdas desde donde se activó el celular del periodista para saber su ubicación y el número desde el cual recibió la llamada para hacerse de los cuadernos, su declaración como testigo y las cámaras de las zonas aledañas al lugar donde recibió las pruebas.

El juez Lijo pasó la causa a la órbita del juzgado 11, donde tramitaba cuadernos. Martínez De Giorgi, que se hizo cargo de ese juzgado tras el fallecimiento de Bonadio en febrero pasado, dispuso ahora solicitar los registros de la cámaras de seguridad de Vicente López.

Preocupación de Fopea y Adepa

La decisión de Martínez de Giorgi provocó la reacción de de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA): “Adepa advierte, con profunda preocupación, la consagración de una nueva medida judicial que conspira contra el ejercicio del periodismo de investigación en causas referidas a hechos de corrupción pública”.

La Asociación sostuvo que este tipo de decisiones “desincentivan el periodismo de investigación, criminalizan la labor de la prensa e inhiben a periodistas y a otros ciudadanos que pretendan colaborar con el esclarecimiento de hechos de corrupción”.

“En la orden de Martínez De Giorgi hay una inversión de la lógica jurídica. En lugar de poner el foco en los graves hechos denunciados por un periodista, se pone la lupa sobre el propio periodista. La medida cuestiona la investigación de una de las mayores tramas de corrupción y configura una advertencia sobre los riesgos que para los periodistas conlleva la tarea de investigar”, agrega.

Adelantó además que expondrá el caso ante organismos internacionales que defienden la libertad de prensa.

En el mismo sentido, Fopea expresó su preocupación y rechazó por inconstitucional la decisión judicial. “Se trata de un nuevo embate para criminalizar la actividad periodística. La medida viola el derecho constitucional de preservar el secreto de las fuentes de información y resulta intimidatoria para cualquier ciudadano que quiera colaborar con la prensa bajo la protección del sigilo de la fuente”, advirtió.