El 12 de marzo pasado se realizaba una asamblea en la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en San Martín. La asamblea se interrumpió porque se escucharon unos gritos. Había un hombre sacando fotos del lugar en el que estaban reunidos los trabajadores. El hombre resultó ser un subcomisario de la Policía Federal que además era abogado. Su nombre es José Manuel Bravo y fue procesado por el juez Sebastián Ramos.
El subcomisario Bravo fue procesado por el delito de abuso de autoridad de acuerdo al artículo 248 del Código Penal que establece que: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble de tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esa clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Luciano Domínguez Pose, secretario General de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado INTI y Daniel Fernando Luna, miembro de la Agrupación Naranja del INTI hicieron la denuncia y consideraron que lo actuado por Bravo podría ser encuadrado como espionaje ilegal. El caso fue investigado por el juez Ramos junto al fiscal Ramiro González.
Cuando sucedió el hecho Bravo era subcomisario en la Delegación San Martín de la Policía Federal que tiene jurisdicción donde está la sede del INTI. En su indagatoria declaró que recibió órdenes superiores de ir al INTI porque se realizaba una asamblea. Fue vestido de civil y sin su credencial identificatoria porque –dijo- se la había olvidado. Llegó en un patrullero. Pidió permiso para entrar al lugar y se lo concedieron. Varios testigos –con responsabilidad en el INTI- relataron que Bravo les dijo que tenía que informar lo sucedido y por eso le permitieron estar en un lugar alejado de donde realizaba la asamblea. A pesar de ello Bravo se acercó a la asamblea y tomó al menos una foto antes de ser descubierto por los trabajadores.
En la resolución de Ramos a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, se explica que “ha quedado suficientemente acreditado...que el día 12 de marzo del corriente, Bravo, concurrió al INTI con motivo del cumplimiento de la orden de servicio indicada, que al arribar al playón de ingreso del predio fue interceptado por autoridades del instituto, quienes le manifestaron e insistieron en que debía retirarse porque no había sido solicitada la presencia de personal policial”.
El juez indicó que la asamblea había sido comunicada a las autoridades de INTI y que era absolutamente regular. Y que a pesar de las advertencias de la gente del INTI para que Bravo no se acercara a la reunión “el imputado igualmente ingresó al instituto abusando de su autoridad y condición de policía, se infiltró en la asamblea…y procedió a la toma de por lo menos una fotografía con su teléfono celular, tal como lo explicara en su descargo”. Ramos agregó que “…resulta evidente, como el propio Bravo lo destacó, que debía “tomar contacto visual " con la asamblea y no introducirse en la misma, pero además, aun cuando tanto las autoridades del instituto como Daniel Castro, jefe de seguridad, no le hubieran efectuado reparo alguno en cuanto el ingreso al predio que no fue el caso, Bravo no debió, bajo ningún aspecto, introducirse en la misma, mucho menos tomar una fotografía desde allí como él mismo explicó, porque no era lo que la orden requería, sino que se excedió en su cumplimiento y para ello hizo uso y abuso de su condición de policía”.
Aquel 12 de marzo Bravo quedó dentro del INTI rodeado por trabajadores que no lo dejaban salir. Tuvo que llegar su superior el comisario Alejandro Cabo- Jefe de la Delegación San Martín de la Federal- quien dio las explicaciones del caso, mostró la identificación de su subordinado y se quedó con un celular que tenía el subcomisario. Cabo también fue denunciado e indagado. El juez Ramos le dictó una falta de mérito porque consideró que no hay pruebas suficientes para procesarlo o para sobreseerlo.
En el lugar también se presentó el comisario inspector Rodolfo Barral quien fue a identificar a Bravo y tratar de calmar la situación. Barral terminó firmando un acta sobre lo sucedido con los trabajadores del INTI. Testigos de la causa señalaron que mientras se esperaba para firmar el acta, les habría dicho que los “seguimientos” de las asambleas eran cotidianos, que los realizaban hacía un tiempo largo y que la Policía Federal de San Martín realizaba una sistematización de la información que recogía.
Para el juez Ramos quedó “suficientemente acreditado que José Manuel Bravo se infiltró ilegalmente en la asamblea que tuvo lugar el 12 de marzo del corriente año en el INTI, en las circunstancias que fueran expuestas por los testigos, abusando de su autoridad, esgrimiendo que era de la Policía Federal, que no tenía identificación y que estaba sacando fotos a la asamblea “siguiendo órdenes de sus superiores” y pese a la advertencia efectuada horas antes por las autoridades del instituto cuando fue interceptado en el playón de ingreso, instante en el que se le explicó que no podía ingresar y debía retirarse”. Y por eso lo procesó por abuso de autoridad.
El procesamiento de Bravo fue dictado sin prisión preventiva y se le trabó un embargo de 20.000 pesos. El juez, al mismo tiempo que firmó la resolución sobre la responsabilidad del subcomisario de la Federal, declaró la incompetencia y envió el expediente a la justicia federal de San Martín. Allí se tendrá que completar la investigación.
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