La Cámara de Diputados abrirá mañana el debate en comisiones del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con la presencia de funcionarios del Gobierno y la exposición de unos 50 referentes, una mitad de ellos a favor y la otra en contra, tras lo cual buscará emitir dictamen de la iniciativa, previsto para el viernes 4 de diciembre.
La intención de los legisladores del Frente de Todos, según informaron fuentes parlamentarias, es aprobar en la segunda semana de ese mes el proyecto en la Cámara baja y enviarlo luego al Senado para tener sancionada la ley antes de fin de año, ya en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.
Las fuentes consultadas por la agencia Télam anticiparon que el Poder Ejecutivo realizaría la convocatoria para las extraordinarias en los próximos días, donde podría incluir además otras iniciativas claves para el gobierno nacional.
Junto con el proyecto de legalización el aborto se debatirá, en una sesión especial virtual, que se realizaría entre el 8 y el 10 de diciembre, el Plan de los 1000 días de ayuda a las mujeres embarazadas que abarcará hasta los primeros años de la infancia, que también tendrá dictamen en la próxima semana.
El cronograma de debate fue definido el jueves pasado durante un encuentro que mantuvieron la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, y sus pares de las comisiones de Legislación General, Cecilia Moreau; de Mujer y Diversidades, Mónica Macha, y de Salud, Pablo Yedlin, todos ellos integrantes del Frente de Todos.
También asistieron las diputadas de Juntos por el Cambio que están a cargo de las vicepresidencias de esas comisiones: Silvia Lospenatto, Carla Carrizo, Carmen Polledo y Marcela Campagnoli, en tanto que al final del encuentro se sumó el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
De acuerdo con el cronograma previsto, las comisiones de Salud y Presupuesto comenzarán el lunes a las 10:00 con la discusión del Plan de los 1000 días, con las exposiciones de funcionarios de los Ministerios de Salud; de la Mujer, Géneros y Diversidad y del Interior, además de representantes de la Anses.
En tanto, el martes a las 9:00 se abrirá el debate sobre el proyecto de legalización del aborto con las exposiciones que brindarán los ministros de Salud, Gines González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
Tras los informes de todos esos funcionarios de alto rango, el mismo martes, pero a las 14:00, comenzará la ronda de expositores. Serán 50 en total, 25 a favor y 25 en contra del proyecto de legalización del aborto, que tendrán 7 minutos cada uno, al igual que ocurrió en el debate del 2018. La discusión continuará el miércoles durante toda la jornada.
Según lo acordado, la intención de los diputados es reunirse el jueves para escuchar las diferentes posturas y dictaminar finalmente el viernes 4 de diciembre. Además, los legisladores buscarán que durante el tratamiento del proyecto no haya agresiones entre los sectores que apoyan la ley (verdes) y quienes la critican (celestes).
También, se acordó promover entre todos una resolución de la Cámara baja para pedir a los distintos bloques del recinto que trabajen en este tema, evitar adjetivaciones personales y calificaciones peyorativas para que sea un debate serio y respetuoso.
La intención es evitar las agresiones que sufrieron algunos diputados que adelantaron su postura a favor del proyecto, como el que ocurrió frente al domicilio del radical Facundo Suárez Lastra, cuando un grupo de personas autodenominadas “provida” se manifestó con bombos y carteles en contra de la iniciativa.
Las fuentes estimaron que esas agresiones se podrían replicar en los domicilios de los dirigentes del interior y para evitar esas situaciones analizan participar desde las Legislaturas provinciales, donde tendrían garantizada la seguridad, por un lado, y la conexión a la hora de votar el proyecto, por otro.
Este sábado sectores que se oponen a la legalización del aborto se movilizaron en distintos puntos del país para rechazar el proyecto enviado por el gobierno de Alberto Fernández.
La principal concentración se registró frente al Congreso Nacional, lugar donde los militantes “provida” comenzaron llegar -a pesar de la lluvia- antes de las 15, con sus característicos pañuelos celestes y banderas argentinas.
Se trató de la primera acción conjunta organizada por la Iglesia católica, las iglesias evangélicas y la Unidad Provida, que nuclea a más de 150 organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el Presidente para su tratamiento parlamentario establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá “el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo” si “fuere resultado de una violación”, cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.
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