Con Alberto Fernández y la Confederación General del Trabajo (CGT) como invitados especiales, la Unión Industrial Argentina (UIA) hará la nueva edición de su Conferencia Industrial entre el lunes y el jueves próximos de manera virtual, pero lo más destacado es que uno de sus principales ejes será la cuestión laboral y que incluirá un golpe de efecto: se transmitirá un video de la canciller alemana Angela Merkel con un mensaje especialmente dirigido a los empresarios argentinos.
Casualmente, o no, el Presidente le brindará en esos mismos días una señal de buena voluntad hacia el empresariado: la semana próxima se publicaría en el Boletín Oficial el decreto reglamentario de la ley de teletrabajo, que atenuará el efecto de algunos de los artículos que habían sido más cuestionados por el sector empleador.
De la Conferencia Industrial, que presidirá el vicepresidente de la UIA Daniel Funes de Rioja, quien también lidera la COPAL, participarán para hablar sobre “El futuro del trabajo” los sindicalistas que tienen mejor contacto con la entidad empresarial, el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y el secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera, Gerardo Martínez (UOCRA).
Martínez anticipó a Infobae que planteará que “los motores de la globalización no se ponen en tela de juicio y la renta empresaria está garantizada, pero el ingreso y las condiciones laborales no están garantizados para los trabajadores, que ganan en la Argentina la décima parte de lo que obtienen con el mismo empleo en un país desarrollado; la desigualdad está ahí”.
Además de Merkel también está previsto en la Conferencia Industrial transmitir un mensaje del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder. Funes de Rioja tiene contacto con ambos por sus tareas en nombre del empresariado argentino ante la OIT y el G20.
La dirigencia cegetista, mientras, sigue preparando la reunión que tenía prevista con la Asociación Empresaria Argentina (AEA): aún no se terminó de consensuar el documento conjunto que elaboraron y, además, justo en los días que iba a concretarse el encuentro bilateral se comenzó a tratar en la Cámara de Diputados el polémico impuesto a la riqueza y los organizadores de la cumbre sindical-empresarial temieron irritar al kirchnerismo.
Ni en la CGT ni en la UIA hay hasta el momento ninguna definición concreta sobre el inminente llamado al Consejo Económico y Social que, según anunció esta semana Alberto Fernández, comenzaría a funcionar sin necesidad de que sea creado mediante una ley. Sin embargo, algunos sindicalistas creen que el Gobierno podría llamar la semana próxima a un encuentro con ellos y los empresarios para avanzar en esa instancia de diálogo tripartito.
Al hablar ante una convención de pymes textiles, el Presidente dijo: “Tenía el propósito de que el Consejo Económico y Social sea aprobado por ley para empezar a ponerlo en marcha, pero me parece que se puede dilatar mucho en el tiempo y entonces estoy pensando en ponerlo en marcha rápidamente. Ya tenemos que ponernos a trabajar en el día después de la pandemia”.
La CGT imagina que esta convocatoria será de alguna forma una respuesta, aunque tardía, a los reclamos que hizo hace quince días por las medidas de ajuste del Gobierno como el recorte de la ayuda económica (IFE y ATP) y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
Los sindicalistas, además, están entusiasmados por la reunión que tuvo este miércoles el gabinete económico en la Casa Rosada: participaron el ministro de Salud, Ginés González García, y el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, porque allí se habló de “la transformación del sistema de salud” y se plantearon algunos de los puntos que reclama la central obrera para frenar la desfinanciación de las obras sociales.
¿Girará finalmente el Gobierno hacia las posturas que vienen exigiendo la CGT y los empresarios desde hace muchos meses? Hay indicios en ese sentido, pero nadie confía demasiado hasta que no se hagan anuncios concretos. No es la primera vez que Alberto Fernández produce signos auspiciosos hacia el diálogo con el sector empleador y los sindicalistas, pero luego la realidad lo asocia nuevamente a las posturas más intransigentes del kirchnerismo.
En la UIA juran que no conocen cuál es la versión definitiva de la reglamentación del teletrabajo, pero aseguran con lógica que hasta que el decreto no salga de la Secretaría Legal y Técnica y sea publicado en el Boletín Oficial no habrá seguridades sobre su contenido.
Los dirigentes industriales, de todas formas, pidieron incluir cinco puntos, de los cuales cuatro están en la reglamentación que elaboró el Ministerio de Trabajo.
Uno de ellos contempla que no serán considerados teletrabajadores quienes realicen sus labores “de manera esporádica y ocasional” en sus domicilios.
Quizá el principal es el que establece la reversibiidad: ahora se reconoce la facultad de organización del empleador para organizar económica y técnicamente la empresa que establece el artículo 64 de la Ley de Contrato de Trabajo y el principio de buena fe que deben observar ambas partes de una relación laboral, como fija el artículo 63 de esa norma, además de “los deberes impuestos en los artículos 9 y 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”, que hablan, respectivamente del Principio de buena fe y del Abuso del derecho (“el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto”). Y afirma que “los trabajadores y trabajadoras que hubiesen pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los convenios colectivos del trabajo o en los contratos individuales”.
La reglamentación que redactó el Ministerio de Trabajo contempla que “la provisión de elementos de trabajo y la compensación de gastos, aún sin comprobantes, no se consideran remuneratorias y, por ende, no integran la base retributiva para el cómputo de ningún rubro emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad social”.
Además, se fijará que “cuando la actividad de la empleadora se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral. En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada. Las partes podrán acordar excepciones cuando la naturaleza de la actividad desarrollada lo justifique”.
El pedido de la UIA y de otras entidades empresariales que no tendrá ninguna rectificación es el vinculado con las prestaciones transnacionales, que limita el derecho a trabajar de extranjeros no residentes en el país por el hecho de hacerlo bajo modalidad del teletrabajo.
Aun así, lo que el ministro Claudio Moroni guarda bajo siete llaves es cuándo le dará luz verde a la instrumentación de la norma: el decreto reglamentario estipula que será la cartera laboral, mediante una resolución, la que fijará la fecha de inicio de los 90 días desde que finaliza el aislamiento obligatorio para que comience a regir la ley de teletrabajo.
Esa fecha parece otra decisión que el Gobierno buscará consensuar en la nueva etapa de su relación con empresarios y sindicalistas, si es que realmente se concreta y esa nueva etapa no termina en el viejo truco de convocar al diálogo y luego mantenerlo congelado.
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