El Consejo de Guerra que en el Edificio Libertador comenzó con puntualidad castrense a las 9 de la mañana del miércoles pasado -el mismo día que falleció Diego Armando Maradona-, y en el que se analizarán las responsabilidades de ocho oficiales de la Armada Argentina -entre ellos el exjefe de la fuerza Marcelo Srur- por el hundimiento del submarino ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes, el 15 de noviembre de 2017, es el de mayor envergadura y relevancia después que el entonces vigente Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas condenara, el 16 de mayo de 1986, a los mandos militares que tenían responsabilidades durante la guerra de Malvinas en 1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, el entonces comandante en jefe del Ejército de Tierra y presidente de facto; el ex jefe de la Armada almirante Jorge Anaya, y el que fuera comandante de la Fuerza Aérea, brigadier Arturo Lami Dozo, a penas que iban de 8 a 14 años de prisión.
Con la modificación realizada hace unos 10 años por la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, el actual Consejo de Guerra no tiene facultades para imponer penas de reclusión a los miembros de las fuerzas. Pero sí disciplinarias. La Ley 26.394 que actualmente regula este Consejo prevé penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución.
De ser aplicada, la destitución implica la baja del condenado de las Fuerzas Armadas -en caso de tratarse de personal en actividad- o la pérdida definitiva del grado para aquellos que hayan pasado a retiro.
Además de ex jefe de la Armada, serán juzgados por el Consejo de Guerra los contralmirantes Luis López Mazzeo, el ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento; Eduardo Malchiodi, por entonces ex jefe de Mantenimiento y Arsenales y el capitán de navío Carlos Ferraro, ex jefe del Proyecto Submarinos, todos ellos pasados a retiro.
También se revisarán y juzgarán las acciones que llevaron a cabo Claudio Villamide, el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso, el ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, el capitán de fragata, Hugo Correa, ex jefe de Operaciones y el capitán de corbeta, Jorge Sullia, ex jefe de Logística.
El tribunal militar está integrado por un presidente -en este caso un civil- el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi -primo del ministro de Defensa, Agustín Rossi-, dos vocales, el general de brigada Juan Martín Paleo (jefe del Estado Mayor Conjunto) y el brigadier Pedro Girardi; un secretario, el comodoro Ángel Rojo y un auditor, el general de Justicia, Juan Stanchina.
Como ocurre en cualquier juicio, en la primera sesión el Consejo de Guerra, el tribunal leyó los cargos contra los ocho imputados. Después de eso, y como está establecido se abrió un cuarto intermedio hasta el próximo 14 de diciembre. Ese día las defensas comenzarán a fijar sus posiciones. Están previstas tres reuniones semanales y no hay fecha de finalización. El evento es restringido, no está abierto a la prensa porque, tiene carácter de “confidencial” ya que se manejan datos militares sensibles de defensa nacional, como la misión que tenía el submarino siniestrado cuando se le ordenó patrullar y realizar inteligencia sobre objetivos militares Británicos asentados en las Islas Malvinas.
En concreto se solicitó tomar fotos y fijar las posiciones de buques y aviones que observen, también las frecuencias en las que trasmiten. Esa no fue la primera vez que la tripulación realizaba ese tipo de tareas que tienen carácter legal, por ese motivo, entre los miembros de la tripulación había un suboficial de inteligencia naval, tal como quedó acreditado en la causa judicial que por el siniestro se instruye en Caleta Olivia.
Ese hecho, que en un principio la marina negó, quedó acreditado cuando Esteban Zembo, el ex director de Inteligencia de la Armada Argentina, lo confirmó en la Comisión Bicaeral del Congreso que investigó la tragedia y la busqueda del buque siniestrado.
Como publicó Infobae, el 9 de octubre de 2018 Zembo declaró bajo juramento que en el ARA San Juan “viajaba una persona de mi equipo con información base” sobre los buques que navegaban en la zona. “Nosotros somos los responsables de adiestrar a nuestra gente en todos los temas operativos de la flota de la aviación naval y de la infantería naval. Por lo cual, cada buque que se desplegaba y hacía una patrulla de control de mar llevaba un hombre de inteligencia, sea una corbeta o un submarino”, precisó.
El suboficial era Enrique Castillo y la ordene “confidencial y secreta” que debía cumplir “estaba fijada en el plan de adiestramiento y alistamiento de la Armada”. También puntualizó que “en el 2017 se empezó a desplegar personal de inteligencia en submarinos”. Explicó también que el agente de inteligencia tenía en su poder un aparato con “información base que se va actualizando con todas las fuentes que se puedan obtener”.
En diálogo con Infobae, el ministro Rossi sostuvo que a su entender, el Consejo de Guerra iniciado por el siniestro del ARA San Juan “es el más importante desde el retorno de la democracia en 1983″.
El funcionario recordó que este tribunal militar tiene como objetivo central “investigar la cadena de responsabilidad militares en torno a lo que sucedió con el ARA San Juan” y precisó que cuando reemplazó en el cargo al ministro Aguad, él le dio “el respaldo necesario al oficial instructor del Consejo de Guerra, que es un oficial de otra fuerza, para investigar el hundimiento del San Juan, y se puso como objetivo que antes de finalizar el año se empezaran a juzgar las responsabilidades militares”.
La aclaración del funcionario del presidente Alberto Fernández no es al azar. De sus palabras se desprende que las actuaciones que derivaron en el Consejo de Guerra, estuvo a cargo del Estado Mayor Conjunto. En cambio, el gobierno de Mauricio Macri, a través de Aguad, lo dejó en manos de la propia Armada, es decir del arma supuestamente involucrada en las irregularidades que podrían haber llevado a la mayor tragedia de esa fuerza después del conflicto del Atlántico Sur.
“De tamaña importancia, no hubo ningún Consejo de Guerra después del juzgamiento por la actuación militar en Malvinas”, reconoce también un altísimo integrante de las Fuerzas Armadas.
De aquí parte también la enorme expectativa que se generó alrededor del Consejo de Guerra por el hundimiento del navío. Un hecho que es muy probable no se habría levado adelante si en las pasadas elecciones las hubiese ganado el entonces presidente Macri. O al menos de eso están convencidos en la Casa Rosada.
Dos instrucciones paralelas
Las sanciones disciplinarias y las irregularidades presuntamente cometidas por los ocho oficiales bajo sospecha, pueden coincidir o no con las de la Justicia federal que en este caso instruye la jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez.
Ese expediente se encuentra en instancia de apelaciones ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En las últimas semanas la pesquisa recobró impulso. Fue después que ese tribunal superior le ordenara a la jueza de primera instancia que investigue las responsabilidades que en la muerte de los 44 tripulantes del buque podrían haber tenido no solo los oficiales ya procesados sino también el ex presidente Mauricio Macri, su ministro de Defensa Oscar Aguad y Srur, quienes hasta el momento estaban fuera del proceso penal.
Ese tribunal de alzada, en un fallo de 177 páginas confirmó la mayoría de los procesamientos dispuestos por Yañez sobre altos mandos de la Armada, pero revocó el punto con el que la magistrada había desvinculado de la investigación al ex mandatario y a sus ex funcionarios como Aguad y el propio jefe de la Armada quien hasta ahora declaró solo en calidad de testigo.
Entre los procesamientos confirmados se encuentran los de los ya nombrados Villamilde, López Mazzeo; Alonso; y Correa.
“Espero con expectativa el resultado del Consejo de Guerra”, afirma Rossi, y destaca que esta es la primera vez que el Consejo de Guerra entra en funciones desde que se abolió el Código de Justicia militar hace más de diez años.
El 14 de diciembre se abrirá un nuevo capítulo -esta vez en el ámbito castrense- en la búsqueda del esclarecimiento del hundimiento del ARA San Juan, cuyos restos fueron encontrados el 17 de noviembre de 2018, a un año de su desaparición. Estaba a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del Golfo San Jorge, a la altura de Comodoro Rivadavia. Por entonces, la propia Armada, en un comunicado oficial admitió que el descubrimiento se realizó en un área muy próxima al lugar donde se sintió la implosión, llamada “ruido acústico”; y que había 90% de probabilidades de localizarlo en la lugar en que efectivamente estaba.
“El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina informan que en el día de la fecha habiéndose investigado el (Punto Dato) POI 24 informado por la empresa Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV (vehículo de observación remota) a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al submarino ARA San Juan”, precisaba el breve comunicado.
El Consejo de Guerra tiene facultades solo para determinar presuntas responsabilidades militares, no civiles. Eso, a partir de la orden de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, vuelve a quedar en manos de la jueza Yañez quien ya una vez sostuvo que no había elementos para procesar a Macri, Aguad y entre otros, al jefe de la Armada en momentos en que el submarino desapareció.
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