Las autoridades del Senado confirmaron la prórroga de las sesiones virtuales en la Cámara alta luego de una votación que terminó con 41 votos a favor y 26 en contra. La decisión llegó dos días después de que la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner, firmara un Decreto Presidencial Parlamentario a partir del cual prorrogó las sesiones por sistema remoto hasta el 1 de marzo de 2021 debido a la pandemia de coronavirus.
El texto de la medida establece que “el plazo será prorrogable en tanto persista la situación de emergencia sanitaria que diera lugar al dictado del Decreto de la Presidencia del Honorable Senado” firmado originalmente el 4 de mayo de 2020.
Se trata de la cuarta prórroga del protocolo de funcionamiento remoto a raíz de la situación de excepcionalidad. La medida dispuesta por Cristina Kirchner se produjo el mismo día en que el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio reclamó por el fin de la virtualidad en la Cámara presidida por Sergio Massa debido al cese del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).
Si bien se trata de un cuerpo legislativo diferente, las posiciones de las bancadas de JxC en el Senado y en Diputados son conversadas y suelen ser coordinadas, por lo que es posible que aparezca un frente de conflicto a raíz de esta nueva prórroga.
A través de una carta dirigida al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, el interbloque opositor recordó que el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto que firmaron todos los bloques tiene como fecha de vencimiento el 30 de noviembre, por lo que a partir de diciembre el Congreso estaría en condiciones de retomar la presencialidad.
“Si todas las actividades sociales, económicas y productivas han vuelto, no hay razón alguna para que la actividad legislativa que es una actividad esencial, continúe funcionando bajo la excepcionalidad del protocolo de sesiones remotas”, justificaron los legisladores opositores en la misiva firmada por los presidentes de los bloques de la UCR, Mario Negri, del PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro.
Los tres señalaron que el primer protocolo se firmó el 13 de mayo pasado como respuesta a la necesidad de “darle continuidad al trabajo parlamentario mientras estuvo vigente el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que imponía serias limitaciones a la libre circulación, con ausencia de vuelos y transporte interurbano de media y larga distancia, el cierre temporal de los hoteles en la ciudad de Buenos Aires y una situación epidemiológica que durante meses registró números más elevados en el área metropolitana que en el interior del país”.
Destacaron que en el último tiempo esa situación “ha ido normalizándose, se ha vuelto a la actividad económica en todos los sectores, se comenzó la revinculación escolar en todo el país y mediante el Decreto 875/2020 de fecha 7 de noviembre de 2020, se dispuso el cese del ASPO en todo el país, manteniéndose sólo en algunos departamentos expresamente señalados en la norma”.
“Este cambio sustancial implica la reapertura de todas las actividades cumpliendo con estrictos protocolos que garanticen respeto a las medidas de distanciamiento físico (mantener una distancia segura entre personas), el lavado de manos frecuente, la limpieza y desinfección de superficies, la utilización de tapabocas/barbijo cuando se está cerca de otras personas y la ventilación de los ambientes”, resaltaron.
En ese sentido, afirmaron que “es tiempo de volver a funcionar de manera presencial en todos los ámbitos del Congreso de la Nación, para el trabajo tanto de comisiones como en las sesiones, atento que se encuentran dadas todas las condiciones sanitarias y de movilidad suficientes para que el Congreso de la Nación, y esta H. Cámara en particular, recuperen su funcionamiento reglamentario”.
“Manteniendo las normas que el distanciamiento social impone solicitamos a la Presidencia que arbitre los medios necesarios para la inmediata vuelta a la presencialidad en el funcionamiento de esta Cámara”, finalizaron en la carta.
Si bien en un primer momento Juntos por el Cambio adhirió al protocolo de funcionamiento remoto, luego sectores de la coalición opositora empezaron a pujar por retomar la presencialidad. La falta de voluntad para renovar el protocolo hizo estallar la convivencia con el Frente de Todos y el resto de los bloques opositores que creían que dado el contexto de pandemia era conveniente continuar bajo el régimen de virtualidad de sesiones y comisiones.
Tras un período de posiciones irreconciliables que derivó en la judicialización sobre la legalidad de una sesión, el oficialismo y Juntos por el Cambio apaciguaron las aguas terminaron cediendo en pos de un acuerdo para ir hacia un esquema mixto con mayor presencialidad, sin abandonar la plataforma telemática para todos aquellos legisladores que no quisieran exponerse a los riesgos de contagio.
La merma en la situación epidemiológica en el AMBA que ya aparece como una tendencia clara impulsó a Juntos por el Cambio a volver a la carga para reclamar la presencialidad de forma plena y no parcial como viene ocurriendo.
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