Entre los intendente del conurbano bonaerense hay un persistente malestar y es por la demora del Poder Ejecutivo provincial en girar las partidas prometidas para realizar inversiones en materia de seguridad.
Las principales críticas apuntan al ministro del área, Sergio Berni. Lo acusan de ser ineficiente a la hora de gestionar los fondos girados por el gobierno nacional obtenidos después que el presidente Alberto Fernández decidiera quitarle más de un punto de coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires. Unos $31.000 millones, solo en 2020.
El anuncio se realizó el 10 de septiembre pasado y sirvió para llegar a una tregua con los policías bonaerenses que se habían manifestado en las calles y hasta frente a la Quinta Presidencial de Olivos, reclamando aumento salarial y mejoras en sus condicionales laborales, desde chalecos antibalas a patrulleros.
Desde el entorno de Berni se defienden aduciendo que lo que en realidad les molesta es tener que ponerse de acuerdo con el ministerio sobre en qué invertir. “Quieren comprar pistolas Taser para hacer política, porque no tienen policías para usarlas, en vez de patrulleros y motos para darle seguridad al vecino”, chicanean los funcionarios de Berni y agregan: “Muchos intendentes quieren el efectivo del Fondo el Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense, para usarlos en otro tipo de obras, como jardines de infante y asfalto, en vez de equipar a los efectivos de la policía provincial que les dan seguridad a sus barrios”.
Berni y su entorno hablan de manera genérica, sin nombres propios. Lo hacen en referencia a alcaldes opositores aunque saben que al ministro de Kicillof también lo cuestionan desde el propio espacio político.
Con desconfianza, por ejemplo, observan los movimientos de viejos caudillos del conurbano, como Alejandro Granados, el ex ministro de Seguridad del gobernador Daniel Scioli.
El coronel médico ya criticó al ex intendente de Ezeiza con fuerza porque al comienzo de la pandemia ordenó cerrar los accesos al distrito. “Si se necesitan aislamientos localizados, todas estas decisiones necesitan de un razonamiento epidemiológico. Mantengamos el raciocinio, la coherencia y hacer lo que dice el gobierno nacional. Hay que ser muy cuidadosos”, disparó en su momento Berni.
La quita de la coparticipación porteña terminó alimentando el denominado Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que en buena medida terminó siendo un auxilio económico a Axel Kicillof para que, por ejemplo, pueda solventar el aumento salarial a los uniformados.
De hecho, Infobae pudo establecer que los dos primeros sueldos, con el incremento de haberes prometido, fue abonado con las partidas nacionales destinadas a ese fondo.
Hasta ahora el gobierno nacional le bajó el dinero a la gobernación y desde allí se lo gira a las municipalidades, después de acordar con Seguridad en qué se invertirá la mayor parte de los recursos.
Los intendentes, en cambio, prefieren que Nación les dé directamente el dinero a ellos. Pero eso, al menos por ahora, no va a suceder.
Por el peso que tienen sus votos en el distrito, uno de los primeros mandatarios en quejarse porque las partidas suplementarias no llegaban a los distritos fue Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza.
A la “quinta provincia” –por la cantidad de habitantes que tiene-, le corresponde $1.500 millones. Pero hasta la semana pasada no se había trasferido ni un centavo. El ex titular del PJ bonaerense reclamó ante el gobernador, ante el Presidente y ante el propio Berni.
El primero en calmarlo fue Fernández. Aceleró la firma de dos convenios con la Nación a través del Ministerio de Transporte, Mario Meoni, para la remodelación de dos estaciones de trenes y del centro comercial de Gregorio de Laferrere, además de la construcción de cinco pasos a nivel en el distrito. Las obras significan una inversión superior a los $4.000 millones.
“Esta obra generará más de 1.000 mil puestos de trabajo, es la más importante de los últimos 5 años”, anunció el alcalde.
Días después fumó la pipa de la paz con el Ministerio de Seguridad provincial previo acuerdo con Sabina Frederic, la ministra de Seguridad de la Nación. Parte de esos $1.500 millones deberán ser invertidos en mayor movilidad para la policía. Unas 30 motos, 10 motos y patrulleros. Equipamiento tecnológico y coordinar con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, para la construcción de dos nuevas alcaldías para alojar a unos 700 detenidos.
Frederic se comprometió a desplegar otros 400 efectivos de gendarmería y Berni en enviar unos 100 efectivos con su respectiva logística.
Con Néstor Grindetti, el intendente de Lanús (PRO) aún se está negociando. La partida será de $308 millones. Pero tampoco llegó un solo billete ¿La razón? Aún no acordaron qué comprar.
El convenio madre, es decir para los 24 municipios del AMBA, es comprar con el 80% de la partida vehículos (incluye un 20% de ese monto destinado a gastos de mantenimiento de esos móviles). Con el 20% restante, pueden adquirir otros elementos de seguridad, como tecnología y cámaras de seguridad.
Pero a Grindetti le sucede lo mismo que al menos otros 12 intendentes con los que habló Infobae, no necesitan tantos patrulleros, motos y camionetas para recorrer el distrito, ya sea porque no necesitan tatos móviles o porque ya los adquirieron con fondos propios.
Por esa razón la administración del ex ministro de Hacienda porteño, intenta convencer a Berni de invertir los millones en otro tipo de elementos, como software y cámaras más modernas.
Grindetti como otros de sus pares impulsan que se negocie “distrito por distrito” ya que “no todos los municipios son iguales y no todos necesitan lo mismo”.
Con otros alcaldes la situación es mucho más relajada. Un caso es el de Esteban Echeverría, conducida por Fernando Gray. Hasta allí llegó el mismo Gobernador quien junto a Berni entregaron 60 patrulleros, 300 cámaras de vigilancia y domos 360° para “transformar la seguridad” y prevenir delitos en ese partido.
“Son 60 camionetas Ford 0 Km, totalmente blindadas y equipadas, que representan la mayor cantidad de móviles que el municipio de Esteban Echeverría ha recibido en su historia”, destaco en el acto Gray.
En Lomas de Zamora, el municipio liderado por Martín Inzaurralde, ocurrió algo similar. En vez de enviar una partida de dinero y “negociar” las compras con Seguridad, se entregaron 200 patrulleros, equipos de alta tecnología, cámaras de seguridad, alarmas antipánico, equipos de comunicaciones, chalecos antibala y armamento, todo adquirido en el marco del Programa de Fortalecimiento de Seguridad.
En ese acto también estuvo presente el Presidente Fernández.
Las quejas de los intendentes peronistas y opositores
“Los patrulleros siempre hacen falta, pero los deberían comprar la Provincia. En cambio nos obligan a reforzar el sistema de compra de autos, porque en definitiva los patrulleros son bienes provinciales. De esta forma están tapando una mala gestión”, sostiene un intendente oficialista de la zona Oeste del conurbano.
“A nuestro municipio aún no llegó nada. Ni plata, ni autos, ni cámaras de seguridad. La discusión con Berni es que nosotros necesitamos esa plata para elementos de prevención. Cámaras, actualización de centros de monitoreo, lectores de patentes y tecnología aplicada”, abunda otro alcalde, pero de la zona Sur y también oficialista.
El jueves pasado, unos 40 intendentes opositores de Juntos por el Cambio se reunieron en La Plata, el distrito gobernado por Julio Garro, para discutir la distribución de fondos del gobierno de Kicillof y fijar una posición común. Al final de la reunión, que juntó por primera vez a radicales y PRO, plantearon que buscarán que los fondos educativos y de obras vayan directamente a los municipios. Un tema que también proponen sus pares peronistas.
En la reunión, según pudo saber Infobae de fuentes directas a la reunión, expresaron su malestar por la forma en que Berni, avalado por el gobernador, maneja la distribución y la aplicación de los fondos destinados a la seguridad.
Berni parece estar bajo fuego cruzado por este tema, sin embargo ni un solo intendente quiso hablar en on. Las críticas fueron realizadas amparados en el off the record, es que, a pesar de las quejas, ninguno quiere quedar afuera del reparto de los elementos de seguridad ya que esa es una de las primeras demandas de los vecinos.
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