El camarista federal Leopoldo Bruglia recibió este miércoles por la tarde un aval de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, que convalidó su actuación en el marco de la causa conocida como Vialidad.
En un fallo firmado hoy por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos- se convirtió en un respaldo a Bruglia, uno de los camaristas que el kirchnerismo buscó remover de su cargo.
Los camaristas de Casación rechazaron una nulidad que había presentado contra Bruglia el ex funcionario de Vialidad Sandro Férgola, uno de los acusados en el juicio por corrupción en la obra pública.
La Casación citó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de principios de noviembre que repuso a Bruglia y a Pablo Bertuzzi en sus cargos en la Cámara Federal y rechazó la nulidad pedida por Férgola. La Corte repuso provisoriamente –hasta que se realice un nuevo concurso- a los jueces en sus cargos y validó sus actuaciones en los casos en que intervinieron. Es por eso que la Casación respaldó lo actuado por Bruglia en el caso de Férgola.
La Casación citó el párrafo de la decisión de la Corte que señala que “...la autoridad institucional de este fallo no privará de validez a los actos procesales cumplidos por los jueces trasladados hasta el momento de la designación definitiva de los magistrados titulares de esos cargos...”
Férgola es uno de los muchos imputados en el Caso Vialidad ya que fue gerente de Obras y Servicios Viales de la Dirección Nacional de Vialidad entre 2004 y 2007. Férgola está acusado de haber convalidado varios procesos irregulares llevados adelante por la Agencia de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz. Férgola, según la acusación emitió opinión favorable a través de la emisión de su opinión favorable con respecto a la homologación de las licitaciones en al menos 26 expedientes: esos expedientes según la acusación presentaban graves y numerosas irregularidades.
El primer tramo de la causa Vialidad se encuentra en juicio desde mayo de 2019 y la principal imputada es la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y allí se trata de dirimir la responsabilidad de ex funcionarios del área de Planificación y en especial de Obras Públicas y de Vialidad que direccionaron decenas de licitaciones de obras viales en las que fueron favorecidas diferentes empresas integrantes del Grupo Austral Construcciones. Al frente de Austral, y también acusado en el juicio, se hallaba el empresario Lázaro Báez, amigo y socio de la familia Kirchner.
El juicio se realiza en el Tibunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso y Diego Luciani es el fiscal que acusa a Fernández de Kirchner, Báez, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, entre otros.
En otra resolución firmada por Borinsky, Carbajo y Hornos esta tarde Casación rechazó otro planteo de la defensa de Férgola quien pidió apartar a la UIF de su rol de querellante. Lo había hecho mediante una presentación de excepción de falta de acción. La defensa sostuvo que la unidad antilavado sólo podía intervenir en causas en donde se investigue el delito de lavado de activos. Esa pretensión fue rechazada por la Casación que remarcó que existe la posibilidad de que la UIF investigue y querelle en el marco de maniobras que podrían ser consideradas como las conductas precedentes al lavado de activos: los jueces señalaron que en el caso de Vialidad el delito precedente es la defraudación a la administración pública. Mediante esa resolución la Sala IV de la Cámara Federal de Casación ratificó como querellante a la Unidad de Información Financiera.
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