El kirchnerismo apura el dictamen para modificar la forma de elección del Procurador General de la Nación

Después de conocerse públicamente las recomendaciones de la comisión de juristas que convocó el presidente Alberto Fernández, el kirchnerismo quedó “liberado” para avanzar sobre una de las recomendaciones que de hecho era el plan de la Vicepresidenta en el Senado: acortar a cinco años el mandato del Procurador General y bajar la mayoría requerida para su designación. Lo que aún se discute, y sería definitorio, es el mecanismo de remoción.

Cómo se acuerde el dictamen en este sentido (si se modifica el mecanismo de juicio político por una mayoría absoluta de 37 senadores) podría ser determinante para la postulación de Daniel Rafecas, ya que la mayoría de los juristas que pasaron por la comisión de Legislación Penal de la Cámara Alta consideran que en ese caso quien asuma como jefe de los fiscales estaría muy condicionado.

Tal como reveló hace un par de semanas Infobae, el oficialismo aprovechará un proyecto presentado por un aliado circunstancial como el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que integra la comisión presidida por Parrilli. El texto modifica los dos tercios exigidos en la actualidad por una mayoría absoluta, es decir, baja a la mitad más uno la cantidad de votos necesarios en el Senado. De ser así, el oficialismo tendría número para designar al procurador, ya que sólo el bloque del Frente de Todos está integrado por 41 senadores.

De todos modos, fuentes parlamentarias indicaron que aguardarán a recibir oficialmente el dictamen de la comisión de juristas que entre otros integran el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, para tomar algunas de las recomendaciones. El mecanismo de remoción es uno de los puntos que aún se discute, confirman. La propuesta de los once juristas resultó de una mayoría ajustada de seis contra cinco especialistas. En las 800 páginas se recomienda designar al Procurador por una mayoría absoluta de la mitad más uno de los senadores integrantes del cuerpo.

Sin embargo, como ocurre con el Aporte Solidario Extraordinario, cuya media sanción giró ayer Diputados al Senado, los tiempos corren en contra de la bancada oficialista. Si bien mañana a las 15 se dictaminaría a favor del proyecto, cuyos detalles se pulen contra reloj, las sesiones ordinarias terminan el próximo 30. Podría haber extensión de Ordinarias que no pueden superponerse con las Extraordinarias que convocará Alberto Fernández. También cómo se defina el fin de año será un dato político sobre la convivencia interna entre el jefe de Estado y su vice. Esta semana una vez más desde Casa Rosada se reafirmó que el único postulante para la Procuración es Daniel Rafecas cuyo pliego lleva más de ocho meses parado en el Senado.

El senador de Juntos Somos Río Negro, que en su momento presentó también un proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura, redactó un texto al que de arranque le dio el visto bueno el kirchnerismo. Lo incorporaron al debate de comisión pero continuaron con las exposiciones de especialistas para respetar formalmente los tiempos presidenciales. Ayer el consejo de juristas conformado precisamente para analizar la ley del Ministerio Público Fiscal y la composición y funcionamiento de la Corte presentó su informe y de inmediato Parrilli fijó para mañana a las 15 la reunión de comisión.

Hace un mes, sorpresivamente, el senador neuquino había citado a discutir en comisión tres proyectos de Martín Lousteau y de Lucila Crexell sobre la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Los dos legisladores opositores intentaron retirar sus iniciativas para evitar el avance sobre la forma de designación del Procuración pero el Frente de Todos impuso su mayoría en el recinto. Con polémica y cruces de acusaciones entre oficialismo y oposición se inició un debate que tuvo tres reuniones con especialistas, entre los que hubo coincidencia sobre la necesidad de modificar el carácter vitalicio del mandato pero una mayoría de opiniones respecto a fortalecer la independencia del jefe de los fiscales respecto al poder político de turno que lo elija.

El Frente de Todos no tiene los dos tercios requeridos en la legislación actual, como tampoco los tuvo Mauricio Macri para nombrar a Inés Weinberg de Roca, por lo que sigue en el cargo el interino Eduardo Casal desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

Qué dice el proyecto

Aunque en las oficianas de los senadores kirchneristas están analizando puntillosamente los detalles, la base es el proyecto de ley de Weretilneck que sustituye el artículo 11 de la Ley 27.148 y establece que “el Procurador General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros. Para ser Procurador General de la Nación se requiere ser ciudadano argentino con título de abogado de validez nacional, con ocho (8) años de ejercicio, y reunir las demás calidades para ser senador nacional”.

La mayoría requerida para la designación va enlazada con el cambio en el plazo del mandato y así lo plantearon senadores como Parrilli, María de los Angeles Sacnun y el también rionegrino Martín Doñate, de La Cámpora, que es el titular de la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal y el más incisivo con la gestión de Casal contra quien habilitó una serie de investigaciones por presunto mal desempeño. En el texto de Weretilneck se incorpora a la ley 27.148 el artículo 62 bis que establece una duración de cinco años y la posibilidad de una única reelección consecutiva, siempre a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con la condición de que vuelva a pasar por el Senado para que preste un nuevo acuerdo.

El texto del rionegrino también propone otro cambio muy discutido: la remoción del Procurador y del Defensor. “Podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado, según el procedimiento establecido reglamentariamente”, señala el proyecto de ley.

La propuesta apunta a que la remoción pueda ser impulsada por el propio Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros. “Mientras ese proceso se desarrolla, el Procurador será suspendido aunque el Senado podrá revocar la suspensión en el plazo máximo de diez hábiles contados a partir se tomada la decisión”, se indica.

También los diputados podrían pedir su remoción con aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros.

Una vez aprobada dicha iniciativa de remoción en la Cámara de Diputados, el Procurador General de la Nación queda suspendido inmediatamente del ejercicio del cargo mientras dure el proceso de remoción.

Con excepción del Procurador General de la Nación, los demás magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ese tribunal de enjuiciamiento estará integrado por nueve miembros.

De todos modos, después del dictamen y de que se vote la ley en el Senado, serán los Diputados los que deberían sancionarla y el Presidente, promulgarla aunque si el oficialismo tuviera la decisión política podría convocar a la comisión de Acuerdos, convocar a una audiencia y discutir el pliego de Rafecas, e incluso votarlo ya que en comisión alcanza con la mayoría simple para su aprobación. Así quedaría listo para llevar al recinto con la actual ley (que requiere dos tercios) o con la nueva legislación.

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