La legalización del aborto: un debate postergado y el desafío del cálculo político en el propio oficialismo

El segundo debate sobre la legalización del aborto, necesario, relegado desde la votación en contra de hace un par de años, llega en un momento que se podía imaginar a medias: en el primer tramo de gestión de Alberto Fernández, sí, pero enmarcado por la cuarentena y el ajuste frente a la crisis económica y social. En el Gobierno quedaron saldadas las discusiones sobre su conveniencia con el video tuiteado por el Presidente. Las explicaciones en los circuitos del oficialismo van desde el autoelogio con eje en el cumplimiento de un compromiso de campaña, hasta algún cinismo que compensa agenda social regresiva con agenda política progresista. En el medio, el inevitable cálculo y por consiguiente, los ineludibles desafíos.

La cuestión de la oportunidad, al menos internamente, quedó definida por el Presidente en una apuesta también personal, que arrancó con mayor predisposición a la despenalización del aborto y fue girando hacia la legalización, en compañía de una iniciativa de asistencia a embarazadas y a la temprana infancia. Una manera de afirmar, se dijo, el enfoque vinculado a la salud pública y a la emergencia social, que algún funcionario busca reducir a un gesto de improbable compensación frente a la Iglesia Católica, como si fuese el único factor religioso y el más crítico.

Por supuesto, que la cuestión de la oportunidad esconde, para todos los sectores seguramente en pugna, más que una cuestión de época. Puede pesar como discurso la referencia al estado de prioridades de la sociedad, un verdadero interrogante que será motivo de ponderaciones sobre las expresiones callejeras de apoyo y rechazo, además, previsiblemente, de pilas de encuestas. El camino sería largo. Hay coincidencia en una posible aprobación de Diputados, apurando el paso, antes de fin de diciembre. Y un incierto panorama en el Senado, con suspenso para el año próximo.

En el medio, está dicho, asoman las especulaciones y como todo en estos días, a tono con la marca de la actual gestión, las primeras apuntan a la interna, al difícil juego de poder. Y con mirada más amplia, al sistema de alianzas “estratégicas” del oficialismo.

Desde que volvió a instalarse el tema, con impulso de Vilma Ibarra en primera línea y difusión de interrogantes desde el Senado, propios y extraños tratan de decodificar cómo impacta la decisión en la relación entre el Presidente y Cristina Fernández de Kirchner, que entre otras cosas se muestra distante y guarda facturas, algunas de ellas con la secretaria de Legal y Técnica.

CFK votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en 2018. Fue un cambio de posición –en sus gestiones no motorizó un proyecto de IVE-, aunque nunca adquirió un papel de liderazgo en este terreno. El interrogante es si jugará a fondo ahora. No está en sus prioridades, marcadas en todo caso por cuestiones judiciales y de poder interno. Dicen los trascendidos que habría advertido que en el Senado no están garantizados los votos. Se verá, aunque resulta extraño restringir su papel a la Cámara alta, cuando llegue el proyecto, si es sancionado como todo indica en Diputados. CFK es una referente central del frente oficialista y el debate además de legislativo, es social.

Una explicación sobre el cuidado perfil de la ex presidente alude también a la alianza más estratégica del kirchnerismo y del peronismo en general con el papa Francisco. Las especulaciones sobre el nivel de esa sintonía llegan a incluir el supuesto juego del peso papal para afirmar un vínculo entre Joe Biden y la Casa Rosada. Pero al revés, no se dramatiza con el tema del aborto. En el circuito presidencial hay quienes creen también en una tensión acotada de antemano para evitar una situación crítica que haga crujir la relación. Eso, como si no existieran cuestiones domésticas en el Vaticano.

Eso naturalmente deja dudas y no sería lineal. La Iglesia Católica desarrolla una fuerte actividad de contención social, muy valorada en el Gobierno. Por razones obvias, la conducción episcopal ya se pronunció contra el impulso a la ley de IVE y seguramente volverá a hacerlo en breve. Esa posición no es una formalidad sino un compromiso que hace a las creencias, al dogma. Y se expresa en los diferentes matices de la propia Iglesia. En el anterior debate, algunos curas villeros retomaron conceptos de hace décadas y en su rechazo al proyecto, lo consideraron parte de un plan global al que no era ajeno el FMI.

Pero hay también cuestiones prácticas que parecen ignorar quienes apuestan a un bajo perfil del Episcopado y de las parroquias, en cada lugar del país. También las iglesias evangélicas han jugado fuerte y volverán a hacerlo ahora. Una mirada terrenal indicaría que nadie abandonará sus espacios en el debate y en las expresiones en la calle que seguramente sobrevendrán.

Fuera de eso, en el cálculo político más reducido, se reeditan consideraciones de realismo muy discutido. La primera y más elemental ronda la idea utilitaria de cambiar la agenda para colocar el tema por encima de las preocupaciones más marcadas de la sociedad, empezando por la economía y siguiendo por la inseguridad, la Justicia y otros rubros, según coinciden la mayoría de las encuestas y el sentido común.

Suele ser una ilusión, similar a la atribuida a Mauricio Macri cuando habilitó el debate, aunque sin comprometer un proyecto del Ejecutivo. Y confunde en todo caso la agenda política (de cada gobierno) con el temario social. No siempre logran el objetivo y en muchos casos, las cuestiones de interés social conviven sin anular necesariamente una a otras. Lo muestra incluso la historia de varios proyectos exitosos en ampliación de derechos.

Algo más elaborada pero también repetida asoma la idea de aprovechar el efecto que genera este debate: alianzas transversales como consecuencia de las fisuras en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio. ¿Cómo aprovecharlo? Suena bien: intentando quebrar la lógica de la grieta. En rigor, parece una expectativa de cada gobierno –antes Macri y ahora Fernández- sobre la posibilidad de establecer acuerdos sin convocar orgánicamente a las otras fuerzas políticas. Se basa en otra creencia: la supuesta capacidad del poder para recomponer fuerzas y el más lento rearmado de las coaliciones en el llano. No siempre ocurre.

Para completar, hay cierta especulación, negada, sobre cuentas electorales, otra vez sin ponderar experiencias anteriores, exitosas o no como expresión en leyes. El cálculo sería que el impulso a la ley de IVE no astilla el capital propio, aunque haya fractura en el debate legislativo, pero en cambio permitiría captar “voto independiente”, como si esa franja escapara a las contradicciones sociales y fuera “verde” por definición.

Recién empieza el recorrido del proyecto de legalización del aborto. La mayor esperanza debería ser un debate genuino. Segundo capítulo en el Congreso, por ahora con sesiones más virtuales que presenciales.

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