La comisión de juristas de Alberto Fernández recomendó crear un tribunal filtro de la Corte Suprema y cambiar la forma de elección del Procurador

El presidente Alberto Fernández recibirá este miércoles el documento de unas 800 páginas en donde el grupo de once juristas que él eligió en julio pasado le recomiendan cómo debe reestructurar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Por ahora, no habrá actos ni recibimientos a los especialistas que, ad honorem, trabajaron durante 90 días en este proyecto. Es que el jefe de Estado está aislado por haber sido contacto estrecho de un funcionario con COVID-19 positivo.

En medio del debate por el impuesto a riqueza y el anuncio del Presidente para enviar el proyecto del aborto al Congreso, los juristas que eligió Alberto Fernández terminaron su informe final: allí sugieren una serie de reformas concretas para la Corte Suprema, con la creación de un tribunal previo a la máxima instancia del Poder Judicial; para el Consejo de la Magistratura, con un cambio en su estructura en donde haya 16 miembros sin tanta presencia política; y para el Ministerio Público, en donde por una mínima diferencia -que revela Infobae- se promoverá elegir al Procurador por la mitad más uno de los senadores.

Pero entre esas sugerencia también plantean que quede eliminada la Oficina Anticorrupción, al menos tal como hoy se la conoce, según pudo saber Infobae. Es que Alberto Fernández les había pedido a los miembros del consejo asesor, entre otras cuestiones, que respondieran sobre la conveniencia de incorporar a la OA a la estructura del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a las fuentes consultadas, los expertos decidieron avalar esa propuesta. Entendieron que la función de la OA podía ser integrada a la labor de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). Una suerte de volver a las fuentes. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas existía desde antes de que se creara la OA -bajo la órbita del Ejecutivo- en los últimos tiempos del gobierno de Carlos Menem.

Según resaltaron las fuentes, la recomendación es que la “Oficina Anticorrupción debería permanecer en la esfera del Poder Ejecutivo ejerciendo exclusivamente competencias no penales y debería titularizar la obligación funcional de remitir a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal el caso que considere susceptible de ser enmarcado en una eventual denuncia o querella penal”. También se planteó que se debería establecer un mecanismo de designación de la persona a cargo de la Oficina Anticorrupción mediante “un acto complejo con intervención del Congreso”.

Uno de los motores de esa idea del cambio de rol -que ya la pone en práctica- es el propio titular de la OA actual, Félix Crous. Crous fue uno de los expositores convocados por la comisión en las primeras semanas de trabajo y les dijo que como la OA se creó por decreto podía disolverse de la misma manera. También dijo que la estructura actual podía pasar a cumplir funciones dentro del Ministerio Publico.

No es un tema menor teniendo en cuenta la preponderancia que cobró ese organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, con Laura Alonso a la cabeza, promoviendo querellas. Muchas de esas causas apuntaron contra la ex presidenta Cristina Kirchner. La OA actual, en tanto, decidió retirarse de su rol de querellante de las causas contra la vicepresidenta, como lo hizo con los casos Los Sauces y Hotesur.

En cambio, los juristas convocados por Alberto Fernández entendieron que la Unidad de Información Financiera (UIF) debía mantenerse con autonomía para funcionar. La UIF de los años de Macri también llevó adelante varias de las denuncias contra la gestión k. Sin embargo, son roles y jerarquías distintas los que tiene la OA.

Más allá de estas sugerencias, cuando se analicen las propuestas sobre el Ministerio Publico, todas las miradas estarán concentradas en lo que el consejo diga sobre el nombramiento del Procurador General. Un tema sensible para el Gobierno y la oposición, porque cada uno vive su propia interna con la postulación de Daniel Rafecas, el juez elegido por el presidente para ser jefe de los fiscales.

Alberto Fernández nominó a Rafecas en marzo pasado y, pandemia mediante, el pliego sigue sin ser analizado por el Senado que, no obstante, decidió ponerse a analizar en la comisión de Justicia, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, los proyectos para recortar el mandato de la Procurador y cambiar la manera de su elección.

Hoy, se necesitan dos tercios de los votos del Senado para ungir a alguien como jefe de los fiscales. En el Senado se propuso cambiar ese número a una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los senadores. Serían 37 votos afirmativos de los 72 senadores que ocupan la Cámara Alta, distintos a los 48 que implican los dos tercios.

Precisamente, la decisión sobre cómo votar al procurador fue uno de los aspectos más ríspidos que tuvo el consejo en materia de definiciones. En las últimas horas ganó “por un pelito” la idea de la mayoría absoluta.

Infobae pudo saber cómo estuvo “la grieta” dentro del consejo consultivo sobre ese punto: de un lado quedaron las juezas Hilda Kogan (Buenos Aires), Inés Weinberg de Roca (CABA), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) junto al abogado Andrés Gil Domínguez y el ex juez de España Enrique Bacigalupo (admirado por Alberto Fernández, según la presentación que él mismo hizo en la Casa Rosada). Los cinco promovían mantener el criterio de los dos tercios de los votos en el Senado.

Del otro lado, se agruparon los abogados Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, junto a la jueza de la Corte tucumana Claudia Sbdar y el juez de Mendoza Omar Palermo, que se inclinaron por la mayoría absoluta. Los detalles de sus argumentos se conocerán una vez que se haga público el trabajo del comité asesor.

En materia de duración, la decisión de poner límite al plazo de Procuración ganó 10 contra uno. Cada uno, no obstante, explicó si recomendaba un período establecido o lo dejaba a criterio del presidente.

Puntualmente, según pudo saber Infobae, Herrera, Sbdar, Arslanian, Beraldi, Ferreyra y Palermo recomendaron que el mandato para el cargo de Procurador General y Defensor General dure cinco años renovables por un periodo (en la misma forma en que fueron nombrados). También promueven que las elecciones de los titulares de ambos Ministerios Públicos no sean en años electorales o, al menos, no vincularlos de manera directa con el año que se elige la cabeza del Poder Ejecutivo.

Es que, a su criterio, “resultaría incongruente y poco operativo mantener el actual sistema de mayorías para su designación, ya que podría darse la situación de un/a magistrado/a interino/a que termine desempeñándose por un plazo igual o superior al que se establece para el titular”. Y por ello, entendieron, “se caería en la paradoja de que por una declamada defensa del sistema democrático se termine impidiendo que los titulares de los Ministerios Públicos sean designados de conformidad con el procedimiento que vote el Congreso de la Nación”. En esa observación se leyó la foto de Eduardo Casal, quien hace tres años que ocupa como subrogante la titularidad de la Procuración, tras la salida de Alejandra Gils Carbó en 2017, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Sobre la Corte Suprema, Alberto Fernández recibirá un informe sin recomendaciones para ampliar del número de miembros. Era uno de los temores que más se agitó cuando la comisión fue presentada en público. Los expertos decidieron que no debían pronunciarse expresamente sobre el tema porque no estaba dentro de los tópicos pedidos por el Ejecutivo. Sin embargo, habrá algunos de los integrantes que harán alguna alusión a la ampliación del máximo tribunal. Uno de ellos es Bacigalupo, por ejemplo, que sugiere la idea de copiar el modelo europeo, con tribunales más amplios.

Sin embargo, sí se recomienda por mayoría la creación de un tribunal intermedio que absorba la cantidad de causas que recibe el máximo tribunal. Fueron Herrera, Sbdar, Arslanian, Beraldi, Gil Domínguez y Palermo los que recomendaron abrir esa instancia, pero con distintos alcances. En cambio Battaini, Kogan y Weinberg -que en varios aspectos votaron juntas- entendieron que ese tribunal no debía constituirse porque eso desvirtuaba la autoridad de los tribunales superiores locales como última instancia antes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indicaron las fuentes consultadas.

El informe de los expertos plantea además cambiar la estructura actual del Consejo de la Magistratura con otra lógica distinta de poder: con 16 miembros repartidos en partes iguales entre cuatro políticos, académicos, jueces y abogados, como lo anticipó este medio el último domingo. En caso de empate, dice la letra chica, la Presidencia contaría con doble voto.

En un punto a tener en cuenta, la sugerencia incluía que en el proceso de designación de los/las consejeros se generara una instancia pública durante la cual la comunidad pueda involucrarse y que incluya una audiencia pública.Se debería establecer una cantidad mínima de reuniones periódicas, máxime al tratarse de un órgano cuya conformación se propone que sea con dedicación exclusiva, y teniéndose en cuenta el avance tecnológico, algunas reuniones podrían realizarse en modalidad digital.

El consejo consultivo también propuso limitar la cantidad de asesores por consejeros y recomendó reducir la planta permanente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Otra novedad para la Magistratura: los procesos disciplinarios deberían tener un plazo de un año, contra los tres años que rigen actualmente.

Con el trabajo cumplido, Alberto Fernández quedará en condiciones de evaluar qué hace con las recomendaciones que plasmó esta comisión de asesores que presentó en público en la Casa Rosada el mismo día que presentó su proyecto de reforma judicial. Aquella iniciativa fue aprobada en el Senado con numerosos cambios. Ahora espera suerte en la Cámara Baja.

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