Gil Domínguez analizó el trabajo de la comisión de juristas que asesoró a Alberto Fernández: “Nos hubiese gustado mucho dialogar con los miembros de la Corte Suprema”

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sintió que ahora sí podía volver a dedicarse a su otra pasión después de las leyes: el basket. Es que acaba de terminar su labor en el consejo de juristas que armó el presidente Alberto Fernández para recomendar cambios en la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Magistratura y el Ministerio Público. Fueron 90 días intensos de reuniones dos veces por semana y armado full time del engranaje jurídico que ahora analizará el jefe de Estado. Pero cuando sentía que su trabajo ya estaba finalizado, lo sorprendió la noticia del envió del proyecto de aborto legal al Congreso, una iniciativa que piensa militar activamente como los “aportes novedosos” que propusieron los juristas al titular del Ejecutivo.

En una entrevista con Infobae, Gil Domínguez repasó el trabajo de la comisión. Habló de la ausencia de la Corte Suprema de Justicia en esas deliberaciones. Admitió que le hubiera gustado “dialogar” con los ministros de la Corte Suprema pero que la dinámica política hizo imposible esa invitación. Dependía del Presidente en medio del debate por los traslados. En la Corte se está creando un tribunal intermedio para evitar que lleguen todas los planteos de arbitrariedad. Pero la reforma también propone que cualquier ciudadano pueda llegar directamente a la Corte para plantear la inconstitucionalidad de una ley.

El abogado también afirmó que, a su criterio, el Senado debió haber esperado que el Consejo se expidiera para tratar los proyectos para cambiar el mandato y la forma de elección del Procurador. De hecho, en la comisión que integraron once expertos, la discusión sobre cómo debe ser nombrado el jefe de los fiscales salió 6 a 5. Eso demuestra, dice, “lo discutible” que es el tema en el ámbito jurídico jurídico y también para la política argentina

Uno de las reformas centrales que propone la comisión es cambiar la actual estructura del Consejo de la Magistratura, que fue diseñada por Cristina Kirchner cuando era senadora. “Eso habla bien del consejo consultivo”, afirmó.

Lo que sigue es el detalle de la entrevista con Infobae:

- Esta comisión se creó cuando se envió la reforma judicial y se pensaba que iban a ampliar la Corte Suprema...

- Respecto de la integración de la Corte se interpretó que no fue uno de los temas habilitados por el decreto. Y que el Presidente no nos había pedido opinión sobre este tema y por eso no está dentro de las recomendaciones. No obstante eso algunos consejeros, dentro de lo que son sus fundamentos y dentro del marco de un modelo sistémico, ha dispuesto en sus fundamentos que si el poder político lo considera pertinente, considere su ampliación. Pero no hay ninguna recomendación general ni particular sobre este tema porque no fue uno de los temas que estaban en el decreto para su tratamiento

- ¿La ausencia de la Corte entre los expositores perjudicó al consejo?

- Nos hubiese gustado mucho poder dialogar con los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros lo solicitamos en un principio. Pero eso después de la decisión, de naturaleza política, corrió por el Presidente y el Ejecutivo. Como se generaron varios hechos jurídicos y políticos ajenos a la labor del consejo, se resolvió no invitarlos. Pero más allá de eso, me parece que la Corte Suprema va a estar muy satisfecha con este trabajo porque recoge gran parte de los debates públicos que se han mantenido en la doctrina y la practica judicial. Varios de los integrantes han sido parte de ello. Los hemos escuchado indirectamente. Los hemos escuchado a través de lo que los conocemos, a través de las artículos que publican, las conferencias que dan... Así que escuchados están.

- Una de las propuestas es crear un tribunal intermedio, ¿cómo sería eso?

- El diagnóstico fue que la Corte Suprema recibe muchas causas por año. Aproximadamente entre 20 y 25 mil. Resuelve 6 mil. La mayoría de las causas que llegan bajo la forma de por sentencias arbitrarias. Es decir, no cuando está en juego la Constitución y los tratados, sino cuando se dictó una sentencia sin considerar cierta prueba, o inexistente, o se aplicó una ley derogada. La gran mayoría la Corte los rechaza sin dar ningún fundamento. Entonces la idea fue armar un sistema de filtros, no de grifos... Porque el grifo cierra, y el filtro lo que hace es disminuir. Y proponer la creación de un tribunal de sentencias arbitrarias donde puedan ser apeladas todas las sentencias de las cámaras federales y los tribunales de justicia. De esta manera disminuyen las causas a la Corte y le da al justiciable la posibilidad de tener un fallo fundado que revise los planteos que ha hecho. Por otro lado también se propone, siguiendo el criterio establecido por la Corte Suprema en el caso Bazán, que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sea el revisor de todas las cámaras de la justicia nacional. Entonces antes de ir a la Corte. Esto haría que la Corte se aboque a las causas en donde está en juego la constitucionalidad y los tratados de derechos humanos. Y a eso le sumaríamos un eje transversal que propusimos es la creación de inmediata y urgente de una agenda de innovación basada en inteligencia artificial para agilizar la tramitación de las causas. Para que la Corte funcione de una manera más óptima y, a su vez, los justiciables tengan respuestas que hoy no tienen.

- ¿Qué implica esa renovación?

- Terminar con todo el proceso de digitalización y la incorporación de una inteligencia artificial como hizo la Corte de Colombia, donde el anteproyecto de una sentencia que hoy puede durar entre seis meses y un año se haga en 15 minutos. Lo hace un algoritmo inteligencia. Plantemos una agenda para todo el Poder Judicial. Hay cuatro ejes: paridad de género, federalismo, democrática e inteligencia artificial. En todos los temas hemos buscado eso.

- Democratización suena parecido a lo que sostiene Cristina Kirchner...

- No tiene nada que ver. El término democracia no puede estar determinado por un solo significante. Por ejemplo proponemos que en competencia originaria de la Corte exista una acción declarativa de inconstitucionalidad. Se puede plantear en abstracto la inconstitucionalidad de una norma y es una acción popular. Cualquier persona pueda ir y promover esta acción ante la Corte. Y si la Corte considera que esta norma es inconstitucional, la reenvía al Congreso y el Congreso puede escuchar lo que dije la Corte o insistir con la vigencia de la ley.

- ¿Eso lo podría hacer cualquier ciudadano? ¿Si mañana saliera el impuesto a la riqueza podría ir a la Corte?

- Sí. Cualquiera en abstracto puede ir y plantearlo. Cuando se haga la creación de un tribunal, se le pide. Eventualmente, una persona podría intentar llegar a la Corte. Pero una causa que viene de la justicia provincial, primera, segunda instancia, la corte provincial, este tribunal... Ya es nula la docilidad de que la Corte pueda entender en esta causa. Porque ya fue revisada por cuatro instancia. La posibilidad está, pero va a ser imposible tener éxito

- ¿No demora más las causas la creación de un tribunal nuevo?

- No. Y mucho menos si se incorpora innovación.

- El recurso del 280 fue otro de los focos bajo estudio...

- Ahí la mayoría propone mantenerlo, pero creando la obligación de tener que fundar por que se rechaza y rediseñar las causales y hacerlas más estrechas. Hoy algo se rechaza cuando no existe agravio federal suficiente y eso es como que se viole un derecho pero no con tanta intensidad como para que la Corte intervenga. Lo que estamos haciendo es que esas causales sean más precisas. Que el 280 se use cuando el recurso no tiene ninguna fundamentación, cuando ya hay sentada una determinada jurisprudencia en la materia... Algo más preciso.

- Ustedes también analizaron el Consejo de la Magistratura y están promoviendo una estructura que cambia la lógica actual, ¿en qué se basaron para promover este cambio?

- En hacer una lectura correcta de lo que establece la Constitución, que dice que tiene que haber un equilibrio entre todos los estamentos. Y para nosotros equilibrio es representantes de los órganos de elección popular, junto a académicos, jueces y abogados tengan todos los mismos números. Entonces de alguna manera se logra ese equilibrio y se evita que alguno de los sectores tenga poder de veto sobre los otros.

- ¿Esto fue una decisión unánime?

- Mayoritaria. Uno de los problemas orgánicos, y que hoy está planteada en la Corte porque se planteó la inconstitucionalidad, es que no se respetó el equilibrio y que en la última reforma esta reforma se rompió por una mayor preponderancia del estamento político. Lo que hacemos es proponer que se retome la medida de equilibrio y que todos tengan la misma calidad de miembros. Algunos además proponemos que no haya representes del Poder Ejecutivo ni del Senado porque ya participan en el proceso. Es una decisión que dependerá del Poder Legislativo cuando se analice. Y que todos tengan dedicación exclusiva o bien sean representantes de los estamentos

- Llama la atención: fue Cristina Kirchner, como senadora, la que planificó el Consejo que hoy funciona y se está cuestionando

- (Risas) Eso habla bien del consejo consultivo. En realidad lo que estamos haciendo es revisando y pidiendo que se reforme la actual ley que fue impulsada por la vicepresidenta. En el Consejo de la Magistratura también se estuvo trabajando con propuesta innovadoras sobre la Escuela Judicial, los concursos. Como hacer concursos anticipados. Ya está previsto que existan... Lo que recomendamos es que se cumplan. Que haya un plazo para hacer los concurso, que el Presidente tenga un plazo para elegir a uno y si no elige a uno, que pase el primero de la terna; que se incorpore innovación para confeccionar los concursos y evalúe los antecedentes. En esta entrevista se le puede dar sólo hasta un 20 por ciento, porque hasta ahora eso se usaba como ciertos movimientos no justificados para cambiar el orden de mérito.

- La otra cuestión que será muy observada sobre sus conclusiones tiene que ver con el Ministerio Público y el Procurador, teniendo en cuenta el debate político actual, ¿fue el punto más reñido para el consejo?

- Esto se resolvió al principio del debate (cuando empezó a funcionar el consejo) y este tema no estaba en la agenda. Y en cuanto a la forma en que debe ser electo un procurador, hubo seis votos para establecer la mayoría absoluta y cinco para mantener los dos tercios actuales. Hubo un voto que dudó... pero bueno. En el tema del plazo yo quede en total soledad para que el cargo sea hasta los 75 años, no vitalicio, pero hasta los 75. Y después un grupo de consejeros propuso un lapso de 5 años más 5 años, y otro grupo que no estableció un plazo, sino que dijo que debía ser un plazo largo, que no tenía que coincidir con la elección presidencial.

- ¿La decisión del Senado de tratar proyectos sobre el plazo y la elección del Procurador le quita fuerza a lo que está resolviendo el consejo? Usted llegó a proponerle por Twitter a Oscar Parrilli esperar lo que diga la comisión...

- Si había un consejo consultivo trabajando con una fecha cierta de entrega, era recomendable que se esperara el informe. No obstante eso lo que las conclusiones demuestran es que es un tema muy debatible. Yo tengo una postura pública tomada que está basada en una reforma constitucional de 1994 donde se estableció que el MPF era un órgano extrapole y que como tal tiene que tener las máximas prerrogativas y garantías para funcionar y que se si se baja las garantías para funcionar y se le pone un plazo, se está transformando un órgano extra poder en un Ministerio de Justicia bis del Poder Ejecutivo. Esa es mi postura, pero es un tema discutible... Tan discutible es que para legisladores de la oposición se les puede poner un plazo y bajar las mayorías y el Gobierno anterior lo intentó hacer. Es un tema discutible para la política argentina

- Será que es muy difícil conseguir los dos tercios de los votos...

- Eso demuestra la adolescencia institucional de la República Argentina porque un Procurador o un Defensor General necesitan una mayoría agravada. Porque es un extra poder, porque tiene como función defender la legalidad y los intereses de la sociedad. Acá hay una parte del Ministerio Público que no se ve, en donde no solo están la competencia penal sino también las otras, como la defensa de los derechos como la vivienda digna, la salud, la educación. Estamos haciendo recomendaciones para que el Ministerio Publico de la Defensa haga lugar a casos donde se represente a los sectores más vulnerables o derechos colectivos como el ambiente.

- ¿Cómo es el cambio que se propone de la Oficina Anticorrupción?

- No es eliminarla sino jerarquizarla. No pasa al Ministerio Público y sigue en el Poder Ejecutivo. Lo que se hace es que se recomienda que se sanciona una ley que la regule, que la designación y remoción sea similar al del Director del BCRA que existan instancias de participación de la sociedad civil en el proceso de designación y que actúe de forma sincronizada con la Procuración de Investigaciones Administrativas. La OA, para aspectos administrativos y la PÍA para temas penales. Fue el primer tema que se trató.

- ¿La figura del abogado de la vicepresidenta en este consejo fue un condicionante?

- No condicionó para nada. El comportamiento de Carlos Beraldi fue ejemplar. Esto nació periodísticamente siendo ‘la comisión Beraldi’ y después de desarrollar su labor es el Consejo Consultivo de la República Argentina. Fue un trabajo sólido, serio, para este presidente y para todos los que vengan.

- ¿Qué pasa ahora que le entregan el trabajo al Presidente?

-No tenemos ninguna referencia. Nuestro trabajo termina hoy con la entrega del informe. Después esto va a depender del Presidente, de la política argentina y de tomar el trabajo como un disparador para construir una política del Estado en torno al Poder Judicial y el funcionamiento de Justicia.

- ¿Podría enviarse sólo una parte de las sugerencias que hicieron?

-A mí me parece que sería una óptima una reforma integral tomando la mayor cantidad de recomendaciones, pero si fuese una reforma parcial también sería un avance.

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