El juez de Instrucción de Río Grande, Raúl Nadim Sahade, ordenó una pericia psiquiátrica sobre el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en la causa donde acusan al mandatario de abuso sexual. El magistrado dispuso esta medida después de casi dos años de tener el expediente sin mayores avances, y en medio de una investigación que se abrió en su contra por sospechas de que habría cobrado por fallos y para “arreglar” causas en su Juzgado.
Sahade ordenó una serie de medidas en la investigación contra Melella por denuncias de presunto acoso y abuso sexual a tres obreros de la construcción a cambio de trabajo, cuando se desempeñaba como intendente de la ciudad de Río Grande, tal como reveló Infobae en octubre de 2018. Entre ellas, dispuso este estudio psiquiátrico para determinar si el gobernador fueguino y ex intendente de Río Grande "presenta patología de índole sexual o síntomas de perversión” compatible con los hechos denunciados, así como “indicadores de desajustes o desviaciones de la libido y/o en el área de la sexualidad”. En el oficio al que tuvo acceso Infobae, se advierte que “queda sujeto al criterio del perito psiquiatra, la realización de una consulta interdisciplinaria con un perito psicólogo”.
El perito psiquiatra deberá determinar también “el estado de salud mental de Melella, su estructura de personalidad, es decir si presenta indicios de personalidad psicopática, perversa, sádica, impulsividad, violencia o si es peligroso para sí o para terceros”. El gobernador será convocado para la pericia a través de la Comisaría de Género y Familia, y le será realizada en la ciudad de Ushuaia.
El magistrado también citó a declarar a los tres denunciantes -Damián Rivas, Alfredo Suasnabar y Mario Lovera-, quienes todavía no pudieron concretar este trámite, luego de sucesivas postergaciones. Sahade les fijó fecha recién para abril del año próximo.
El juez tomó esta decisión cuando se encuentra bajo la investigación del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego por presuntos manejos ilegales e irregulares en su Juzgado. En la Provincia leen esta “reactivación” de la causa contra Melella como un intento para "buscar protección política”.
El magistrado fue denunciado el 14 octubre pasado por la Cámara de Apelaciones de Tierra de Fuego por supuestamente “cobrar” para fallar en determinado sentido. Las comunicaciones telefónicas que dejaron expuestas “conductas reñidas con la ética” por el juez fueron publicadas por el el periodista Gabriel Ramonet en El Diario del Fin del Mundo. Sahade fue imputado por el fiscal mayor Guillermo Quadrini el 27 de octubre último. Le fue allanado su despacho y lo notificaron de sus derechos y garantías como imputado, y debió nombrar defensor.
El pedido de la pericia había sido realizado nuevamente por el abogado de las presuntas víctimas, Francisco “Paco” Giménez, luego de que en otra causa que tramita en ese mismo Juzgado, Sahade lo notificara de que había dispuesto la misma medida. En este caso, el magistrado la había ordenado en forma inmediata contra otro acusado luego de una denuncia de la madre de una chica que habría sido víctima de abuso. “Le dije que por un principio de igualdad ante la ley y coherencia de medidas en su Juzgado, debía tomar la misma medida en la investigación contra Melella. Y para mi sorpresa, en un día me llegó el oficio”, relató Giménez.
“Es una pericia de rutina que debía haber tomado en primer momento junto con el secuestro del celular, cosa que tampoco se hizo. Ya le habíamos pedido muchas veces que la ordene”, le dijo Giménez a Infobae. Para el letrado de las presuntas víctimas, “es un mensaje mandado para arriba que todavía tiene el poder de la causa”.
En cuanto a las citaciones a declarar a los denunciantes para ratificar el abuso y acoso sexual que denunciaron, Giménez reclamó que aún no pudieron concretarse, y que recién los citó para abril. Esa instancia ya fue suspendida tres veces, primero en junio del 2029, luego en marzo de 2020 por el inicio de la pandemia, y a fines del mes pasado, porque Giménez tenía COVID-19.
“Estoy pensando pedir un perito de parte, y que intervenga el cuerpo de Peritos de la Corte Suprema dada la complejidad y todas las implicancias que esto ha tenido, para garantizarnos la imparcialidad e idoneidad de la pericia”, agregó el letrado de los obreros de la construcción.
El abogado de Melella, Francisco Ibarra, coincidió en que “en las causas de abuso sexual, es un procedimiento normal dentro de la investigación la pericia psiquiátrica y psicológica del denunciado". Y agregó en diálogo con Infobae: "Lo que extraña es que se fije la declaración testimonial de las víctimas para abril. Estoy pidiendo que se adelante la fecha. Estamos trabajando en forma remota en otras causas. No hay clase de inconveniente para estas diligencias”.
En tanto, el vocero del gobernador fueguino -ex radical K, electo por Concertación Forja y hoy alineado con el Frente de Todos- destacó que Melella “está a derecho desde un principio” y que “se presentó espontáneamente a la justicia”. También destacó que se trata de una “causa política”. Si bien no la nombró, se refirió a la ex gobernadora y contrincante a la reelección, Rosana Bertone, quien perdió las elecciones el año pasado en manos de Melella.
En diálogo con Infobae, después de ser electo el año pasado, Melella había rechazado las acusaciones. “Todo fue parte de una campaña política. Yo no manejo la Justicia. La gente sabe bien cómo fue y quien estuvo detrás”, aseguró en ese momento.
Melella argumentó que las denuncias de abuso se debieron a su homosexualidad, que admitió públicamente. Infobae volvió a contactar a dos de los tres denunciantes, quienes ratificaron las situaciones de acoso y abuso sexual que vivieron. Uno de ellos contó ante el juez y este medio, con detalles explícitos, lo que vivió cuando Melella lo citó en su departamento con la promesa de darle trabajo. Nunca cumplió esa promesa. Dos de los denunciantes continúan viviendo en Tierra del Fuego, y siendo siendo de condición humilde. A los dos les costó mucho volver a encontrar trabajo. El tercero volvió a Formosa, su provincia de origen.
La decisión judicial
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