Cuáles son los aspectos más controvertidos del proyecto de impuesto a la riqueza y con qué argumentos lo defiende el oficialismo

El dictamen del proyecto que se debatirá hoy en la sesión pedida por Máximo Kirchner, jefe del bloque de Frente de Todos, incluye varios aspectos considerados controvertidos por especialistas en impuestos, que son defendidos, sin embargo, desde el oficialismo en pos de “una mayor solidaridad ante la crisis de los que más tienen”, en un contexto de “gran concentración de riqueza”, en el que el Estado debió asumir gastos sociales y de salud extraordinarios para hacer frente al COVID-19.

La iniciativa que impulsa el oficialismo - y que es rechazada por la principal oposición de Juntos por el Cambio y la Izquierda- prevé que quienes tengan un patrimonio superior a $200 millones, hagan un “Aporte solidario, extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, tal como fue bautizado el texto presentado en la Cámara baja en agosto pasado.

El proyecto, redactado por el diputado Carlos Heller a pedido de Máximo Kirchner, establece el pago por única vez de una tasa progresiva para las personas físicas o “humanas” argentinas que superen esa cifra en patrimonio. No alcanza a los ciudadanos extranjeros. Para el pago del tributo, deben tenerse en cuenta la totalidad de los bienes en Argentina o en el exterior, y arranca con una alícuota del 2% para los que tienen $200 millones y llega hasta 3,5% para patrimonios de más de $3.000 millones en el país. La tasa se eleva hasta un máximo de 5,25% para quienes tengan bienes en otro país.

El oficialismo necesita mayoría simple para aprobarlo, y si bien había dejado en stand by su tratamiento tras la firma del dictamen de mayoría firmado el 25 de septiembre, Máximo Kirchner lo reactivó a partir de las críticas de la oposición al “ajuste” contenido en el Presupuesto 2021. El Frente de Todos busca una suerte de “compensación ideológica” por haber eliminado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para el año próximo, el recorte del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el que el gobierno contribuye al pago de salarios en sectores y empresas afectadas por la pandemia, y el proyecto de ley de movilidad jubilatoria que dejar de considerar en el cálculo la tasa de inflación, justo cuando el mes pasado, el índice de precios escaló al 3,8%. A esto se sumó la llegada de una misión del FMI con la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, busca negociar un acuerdo para tranquilizar el alza del dólar, que fue criticada por los senadores del Frente de Todos.

Máximo Kirchner es justamente uno de los tres diputados que, según el patrimonio declarado al cierre del 2019, deberá pagar este impuesto a la riqueza. Tal como reveló ayer Infobae, con bienes, acciones y dinero por casi $292 millones declarados este año ante la Oficina Anticorrupción (OA), el titular de la bancada oficialista en la Cámara baja debería pagar $5.834.784.

En cambio, Heller - quien redactó la letra chica de la iniciativa- - no estará alcanzado por el nuevo tributo, ya que declaró un patrimonio total al cierre de 2019 de $21,8 millones. Los otros diputados que sí deberán hacer el “aporte solidario” son el entrerriano Atilio Benedetti, de Juntos por el Cambio, y el bonaerense José De Mendiguren, del oficialismo y actualmente de licencia por estar al frente del BICE.

En la Cámara alta, si es aprobado el proyecto que se debatirá hoy en Diputados, deberán pagarlo los senadores José Alperovich (Tucumán - Frente de Todos), Maurice Closs (Misiones-Frente Renovador de la Concordia, aliado del oficialismo), Eduardo Costa (Santa cruz-Juntos por el cambio), Roberto Basualdo (San Juan- Bloque Producción y Trabajo, alineado con Juntos por el Cambio) y Juan Carlos Romero (Salta-Bloque Justicialismo 8 de Octubre, también opositor).

Estos ocho legisladores informaron en sus declaraciones juradas de 2019 presentadas ante la OA, bienes y dinero por encima del mínimo exento previsto en el proyecto de $200 millones, por lo que deberán poner el dinero de sus bolsillos por sumas que van de los $4,2 a los $36,3 millones. En conjunto, aportarían alrededor de $100 millones, según el cálculo de la Unidad de Datos de Infobae, corroborado con un estudio de tributaristas.

La fecha para la “foto patrimonial”

Uno de los puntos que no está claro en el texto que se discutirá es el que se refiere al momento del corte patrimonial. En la discusión en la Comisión de Presupuesto se cambió la fecha en la cual se tomará esa “foto” del patrimonio, y en lugar de ser al 31 de diciembre de 2019, finalmente se acordó que sería el día de entrada en vigencia de la ley. Así se sortearon los cuestionamientos a la retroactividad en la aplicación de la norma. Sin embargo, esto podría implicar tener que presentar una declaración jurada especial para este aporte “excepcional” a fin de noviembre, cuando para las declaraciones impositivas ante la AFIP se hacen al 31 de diciembre, fecha de cierre de muchos balances de empresas también.

Ante la consulta de Infobae, Heller -presidente de la Comisión de Presupuesto - explicó que “el proyecto de ley prevé que sea la AFIP la que se encargue de dictar las normas complementarias para la determinación de plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados”.

Según datos del organismo fiscal, estarían en condiciones de pagarlo unas 9.300 personas y se recaudarían más de $307.000 millones, equivalentes a un punto porcentual del PBI. De acuerdo a las estimaciones del Frente de Todos, “alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre $200 a $400 millones. La mayor tasa alcanza a menos de 300 personas”.

No obstante, Heller advirtió que los montos “son estimaciones, en base a datos históricos conocidos, de lo que pueden ser los resultados finales”. Y destacó: “En el caso de personas alcanzadas, siempre hemos manejado intervalos. Lo importante no es si son 10.000 o 12.000, lo relevante es que son muy pocas personas. Por ejemplo, la mitad de la recaudación potencial adicional por el Aporte solidario y extraordinario, sería ingresada por el 2,7% de los contribuyentes alcanzados, que equivalen al 0,03% del total de las personas humanas que presentaron sus declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2019. Lo que da idea del escaso número de personas alcanzadas, y también de la fuerte concentración de riqueza”.

Sin embargo, tributaristas consultados por Infobae estiman que el universo de contribuyentes alcanzados será más amplio ya que, al tomarse el patrimonio al momento en que entre en vigencia la ley -aproximadamente en dos o tres semanas-, los que tengan tenencias en dólares, ya sea en el país o en el exterior, deberán consignarlas en pesos al valor del dólar oficial a noviembre de 2020, alrededor de $85. “Esto redundará en una diferencia en las valuaciones en pesos y en un patrimonio muy superior por la diferencia cambiaria de un 30% respecto al dólar del 31 de diciembre de 2019, cotizado por la AFIP en $59,69 para la declaración de Bienes Personales que debió presentarse este año”, explicó César Litvin, CEO de Lisicki Litvin & Asociados.

En defensa del proyecto, Heller le dijo a este medio que “los parámetros se fijaron en pesos argentinos, y $200 millones es un nivel de riqueza personal de por sí muy alto”.

“Inequidad tributaria”

Otro aspecto cuestionado se refiere a que los $200 millones de patrimonio a partir de los cuales las personas humanas estarán obligadas a pagar el impuesto es el “mínimo exento”, no un "mínimo no imponible”, por encima del cual recién se empieza a pagar una alícuota. Esto podría generar situaciones de “inequidad tributaria” entre personas de similar posición económica, advierten los expertos en tema tributarios.

“Afecta la igualdad ante la ley, que es una garantía constitucional. La Constitución dice que se debe pagar impuestos en base a la capacidad económica. Quien tiene igual capacidad debe pagar el mismo impuesto. Pero según este proyecto, una persona que tenga $199.999.999 no paga nada y una que tenga $200.000.001 en la Argentina pagará $4 millones. O sea, dos personas que tienen la misma capacidad económica, una paga y la otra no”, analizó Litvin.

También la “igualdad tributaria” se vería vulnerada por “la discriminación en las alícuotas entre quienes tienen bienes en la Argentina y en el exterior, porque tienen la misma capacidad económica, pero pagan distintos impuestos”, agregó.

Otra crítica radica en que el nuevo impuesto no contempla las deudas, por lo que equipara a dos personas con situaciones financieras muy distintas, y patrimonio neto diferente.

“Confiscatorio”

Además de estas características que podrían implicar para este tributarista que sea considerado “anticonstitucional”, se suma el de su posible carácter “confiscatorio”. Distintos especialistas en impuestos coinciden en que "se superpone” el impuesto a los Bienes Personales e implica una “doble imposición”, lo que podría derivar incluso en su judicialización.

“Son reiterados los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que ha sostenido que un impuesto es confiscatorio y, por ende, incompatible con el derecho de propiedad, cuando el contribuyente logre acreditar ‘la absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado’”, opinó Alberto Mastrandrea, socio principal de impuestos en BDO, en una columna en Infobae.

Su colega de Lisicki Litvin & Asociados coincidió: “Es confiscatorio en la medida que absorbe una gran parte de la renta. En un año como este, es muy difícil tener algún tipo de inversión financiera que supere este impuesto. Ya sea el que cobra alquileres, el que compró títulos argentinos, o bonos del Tesoro norteamericano. Ninguno obtuvo una renta como para pagar este tributo. En estos casos, se afecta una garantía constitucional que se llama el derecho a la propiedad privada. Y eso se repotencia si sumás los dos impuestos: Bienes Personales que grava patrimonio y este tributo de grandes fortunas que, en su máxima expresión, implica llegar al 7,5%. No existe en el mundo ningún impuesto que llegue a esos porcentajes”.

Argentinos vs extranjeros

Distintos tributaristas coinciden en que el “aporte solidario” previsto implica una “doble imposición” que violaría también garantías constitucionales, ya que existe otro impuesto similar como es Bienes Personales, y castiga al inversor argentino por encima del extranjero, que no está alcanzado ni tiene un tributo similar en su país de origen.

“Otro punto es que es más caro que Bienes Personales, porque este nuevo tributo no contempla ninguna exención. Por el contrario, incluye activos que están exentos del pago del impuesto a ese impuesto, como los títulos públicos argentinos y los depósitos en bancos argentinos, además de la “vivienda casa habitación” o los inmuebles rurales. O sea que se está penalizando a quien invirtió en bonos del país o dejó su dinero acá”, advirtió Litvin.

Sin embargo, Heller opina lo contrario. “Se establecen tasas más altas para aquellos que poseen activos en el exterior, pero con una posibilidad de evitar estas sobretasas si repatrian al menos un 30% del valor total de sus activos financieros en el exterior. De esta forma, gana el país y los propios sujetos alcanzados por el aporte. Además, no debe olvidarse que es un aporte extraordinario y por única vez”, subrayó.

En efecto, la alícuota prevista llega hasta un máximo de 5,25% para quienes tengan bienes en el exterior, pero si deciden repatriar el 30% de sus tenencias financieras afuera, quedarán exceptuados de ese diferencial y serán igualados con el resto de los aportantes en el país.

Participación en empresas

Otra crítica que recibió el proyecto se refiere a que si bien el impuesto es sobre las personas físicas, los que sean dueños de una empresa nacional o tengan un porcentaje, van a tener que valuarlo para incorporarlo al cómputo del pago del nuevo aporte. “De este modo, se desalientan y espantan las inversiones. Y se afecta el consumo, el empleo, y la actividad económica, y se alienta la fuga de cerebros de fuga de fortunas a países que lo tratan con mucho más cariño”, alertó Litvin. “Hoy la Argentina lo que necesita en la pospandemia son inversiones. En el mundo se está haciendo una competencia feroz para ver quién atrae mas inversiones con bajos impuestos. Y a la larga se genera mas recaudación cuando hay más inversiones, porque se mueve más la economía y se recauda más”.

De hecho, la posibilidad de gravar bienes afectados a la producción fue una de las objeciones planteada por un funcionario del propio gobierno nacional como De Mendiguren, presidente del BICE y diputado del bloque oficialista en uso de licencia. “Se estaría pagando tres veces por algo que hoy es un patrimonio nacional: los instrumentos productivos de la Argentina hoy todos los necesitamos para poder exportar más”, advirtió en declaraciones radiales.

Pero en la visión de Heller, “las acciones o participaciones en empresas resultan parte del patrimonio personal, y por ello están incorporadas. El aporte es solidario, para ayudar a la situación de pandemia, y por única vez: por ello, incluso, no existen exenciones a determinados bienes. No olvidar que alcanza a los más ricos de la Argentina, que no van a dejar de ser ricos por el aporte solidario”.

La inclusión del patrimonio para el pago del “aporte solidario” de los inmuebles rurales, también despertó preocupación asimismo en el sector agropecuario, ya que hoy están exentos de Bienes Personales cuando sus titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino. “Este impuesto no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio. En un gran porcentaje de los casos, los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deberán desprenderse de activos claves como maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen”, señalaron los dirigentes de la Mesa de Enlace en un comunicado.

En un documento del Frente de Todos denominado “Elementos para la discusión del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas de la Argentina", se afirma que “es una medida de necesidad evidente, absoluta equidad y pragmatismo fiscal”. Y se cuestiona el “relato” de que “hay un sujeto central en la reconstrucción del país post pandemia: es el empresariado. Este sujeto ocupa el lugar del Estado. En la medida que, en este discurso, el empresariado es el protagonista central en la reconstrucción pospandemia, el rol del Estado consiste en no interferir. El principal rol del Estado sería, según esa lógica, no atentar contra las potencialidades de ese sujeto empresario en su tarea de reconstruir el país. Es decir: así como se acepta que el Estado es central en la contención de la crisis, se sostiene implícitamente que ese mismo Estado debe delegar el protagonismo en el empresariado en la salida de la crisis. Hay un cambio de jugador: el Estado es suplantado por el Empresario”.

El destino de lo recaudado

Los críticos del proyecto alertan que sólo el 20% de lo recaudado estará destinado a "la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria”. Un 20% se destinará a subsidios a empresas pequeñas y medianas; un 20% al programa Progresar de estudiantes; un 15% al Fondo de Integración Socio Urbana orientado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares; y un 25% a programas de exploración desarrollo y producción de gas.

En la defensa del proyecto, el Frente de Todos argumentó que “en sus cuatro años de gestión, Macri acumuló reducciones de los impuestos a las personas y empresas de mayores patrimonios e ingresos por equivalente total de casi 7% del PBI: este impuesto permite recaudar 1 de esos 7 puntos para financiar la emergencia y la recuperación”.

Según las previsiones del oficialismo en el mes de agosto, cuando ingresó el proyecto a Diputados, “los gastos e inversiones que tendrá que realizar el Estado Nacional para atender las consecuencias de la pandemia suman $870.000 millones. Se trata del equipamiento de salud, los hospitales modulares, el IFE, el ATP, los bonos a las personas jubiladas, la asistencia financiera a las provincias, la asistencia financiera a PAMI y el refuerzo de los planes alimentarios. Este aporte extraordinario, en comparación, representa solamente el 34% de ese enorme esfuerzo que están haciendo todas/os las/os ciudadanas/os por medio del Estado”.

Los criterios de distribución y el control de esos fondos -que en principio no son coparticipables- generan interrogantes y dudas, tanto en expertos como en la oposición política.

“En cuanto a la equidad vinculada a la relación Nación-provincias vemos con preocupación que se vulnera en el proyecto del oficialismo –nuevamente– el federalismo. Alterando reglas y legislando a ciegas, sin datos sobre el efecto en cada uno de los distritos que traerá consigo el denominado “aporte solidario y extraordinario”, no se construye la legitimidad política que requiere toda carga impositiva. ¿Cómo están distribuidos esos patrimonios a lo largo de las provincias? ¿Qué efectos tendrá en las jurisdicciones esa merma de dinero? ¿Por qué sólo al Estado nacional si gran parte de las asignaciones del “aporte extraordinario” tienen competencia jurisdiccional en las provincias? Un “aporte extraordinario” no puede carecer de estas respuestas”, advirtió Juntos por el Cambio en su dictamen de minoría.

Visualización interactiva: Daniela Czibener

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