La Cámara de Diputados trata desde el mediodía de este martes impuesto a la riqueza. La iniciativa sobre el “Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas”, como se llema el proyecto, fue redactada por Carlos Heller con el patrocinio político de Máximo Kirchner, apunta a las riquezas superiores a los 200 millones de pesos y, de acuerdo a un relevamiento de AFIP, se verían alcanzadas 9.298 personas físicas.
Debido a los 80 diputados que están anotados en la lista de oradores, la sesión se extendió durante toda la tarde. La votación por el impuesto sería cerca de la 1 de la mañana. El oficialismo tiene garantizado el número para aprobar la media sanción del proyecto que gravará por única vez y con alícuotas de entre 2% y 3,5% los bienes personales declarados. También tienen número holgado para revalidar el Presupuesto 2021 que volvió del Senado.
La sesión comenzó con planteos de cuestiones de privilegio, bajo la presidencia del macrista Álvaro González (que se mostró efusivo desde el inicio para que los diputados respeten los tiempos de los discursos), que reemplazaba al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, aislado de manera preventiva después de que uno de los integrantes de la misión del Fondo Monetario Internacional –con quien se reunió la semana pasada– diera COVID positivo.
En las primeras horas de la tarde Massa fue informado de que el economista venezolano Luis Cubeddu, que había dado positivo de coronavirus, fue hisopado por tercera vez y el resultado fue negativo. A partir de la tarde, el líder del Frente Renovador comenzó a dirigir el debate parlamentario.
“Me realicé el test de sangre y el hisopado PCR que me dio negativo, pero cumplí el aislamiento hasta que tuve la confirmación de que el señor Cubeddu, con el que no estuve contacto estrecho, había dado negativo en su tercer hisopado”, sostuvo Massa en el Salón de los Pasos Perdidos. Además, frente a algunas críticas de legisladores de la oposición sobre su regreso al recinto, aseguró que “desde la Cámara de Diputados le vamos a mandar el protocolo a los gobernadores para se aplique para todos los legisladores por igual”.
El presidente de la Cámara baja también se refirió a la ley que se está tratando en el recinto y pidió que “haya por única vez un esfuerzo de esos 9000 argentinos (que pagarán el impuesto a la riqueza) porque ese aporte impacta sobre 45 millones de argentinos”. Y agregó: “Es un único y último esfuerzo para poner de pie a la Argentina”.
Antes de la discusión central, diputados del oficialismo y la oposición mantuvieron varios cruces por el exceso de cuestiones de privilegio, los tiempos de exposición de los oradores e incluso se coló la discusión sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. “Queremos debatir, tenemos una sana diferencia, nos hacemos cargo del pasado, pero ustedes siempre están llegando, no tuvieron nada que ver con lo que pasó en la Argentina”. señaló el radical Mario Negri.
El radical Emiliano Yacobitti, en tanto, solicitó un apartamiento del reglamento para incluir en el temario un proyecto de Juntos por el Cambio para que los trabajadores puedan descontar del impuesto a la ganancia el costo que implica una educación básica. La moción resultó rechazada. Luego se votó un pedido de Dolores Martínez (UCR) para citar al ministro de Salud, Ginés González García, que también fue rechazado.
Fernando Iglesias (PRO) propuso incluir en el temario un beneplácito parlamentario al informe de la ONU que condenó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, algo que no acompañó el Frente de Todos y también resultó rechazado.
El primero en referirse al tema central del día fue el diputado oficialista Carlos Heller, uno de los autores del documento y quien estuvo diseñando al detalle el impacto del impuesto. “Este proyecto no es un proyecto que va contra nadie. No está pensado contra personas determinadas. No es una confrontación entre los que más tienen y menos tienen. Al contrario. Es solidario y extraordinario. Estamos frente a una excepción de emergencia”, indicó.
“Nuestra expectativa es recaudar más de 335 millones de pesos. De las cerca de 9 mil personas que van a contribuir con este impuesto, 252 aportarán el 50% del total. Tengamos sentido común. Es absolutamente extraordinario", dijo Heller, haciendo hincapié en que el monto a pagar no romperá el equilibrio de las cuentas de aquellos que deben pagarlo.
Por la oposición el que habló primero fue Luciano Laspina, quien aseguró que “la alícuota es confiscatoria” y que “va a generar una avalancha de juicios”. “Se gravan los depósitos, las propiedades rurales y los activos empresarios. Es un impuesto a la inversión, independientemente de a quién alcance", especificó. Además, sostuvo que “en un momento donde los países compiten para traer inversiones, nosotros creamos impuestos”.
La diputada kirchnerista Fernanda Vallejos indicó que “el aporte no cae sobre el patrimonio de las empresas, sino sobre las fortunas personales" por lo que “es falaz que desalienta la inversión”. También dijo que “la presión tributaria en Argentina se ubica 15 puntos por debajo de la europea” y dejó en claro que “no estamos debatiendo un impuesto, sino un aporte por única vez”.
Romina del Plá, legisladora de la izquierda, sostuvo que “sacaron del cajón el proyecto porque crece el descontento popular por las medidas de ajuste tomadas por el Gobierno” y afirmó que es “falso que los recursos se vayan a utilizar para los problemas de la pandemia”. En ese sentido, agregó: “Estamos frente a una manifiesta maniobra distractiva para disimular que estamos ante un ajuste fenomenal”.
“Este aporte presenta inconvenientes técnicos y jurídicos que generan dudas sobre su legalidad y constitucionalidad”, dijo Graciela Camaño, integrante del bloque Unidad Federal. En esa línea, aseguró que el impuesto “desalienta las inversiones privadas mientras que en esta pandemia vemos que el mundo está reclamando inversiones”.
Alejandro Cacace, diputado radical por San Luis, resaltó que “con este impuesto están decidiendo una asignación específica de la que las provincias y municipios, que son los que más gastos tienen, no verán ni un peso”. “Cuando estamos en plena recesión económica, no es un buen momento para aumentar impuestos”, indicó.
El legislador Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, señaló que “este aporte a la riqueza es una falsa dicotomía que quieren instalar entre pobres y ricos” y advirtió que el gobierno nacional “nos están condicionando a un brutal ajuste”. “Le están metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. Fomentan esta épica de cartón que sigue acrecentando las divisiones en Argentina”, agregó.
Uno de los discursos más encendidos de la jornada fue el de Leopoldo Moreau, quien planteó: “Algunos dicen que es un impuesto populista que va a dañar el sistema productivo. Hablan de salvajismo contra la producción. Salvajismo fue el tarifazo en dólares y el endeudamiento más grande de la historia argentina. ¿Cómo es posible que se atrevan a hablar de salvajismo?”.
Por último, y mirando a los legisladores de Juntos por el Cambio, sentenció: “Ustedes vienen a plantear que están preocupados por la producción y hace un año que dejaron destruido el aparato productivo del país”.
El presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, cuestionó la ley y dijo que “se necesitan ideas para ver como invierten en Argentina y no castigarlos” y destacó que “esto es un impuesto obligatorio y no un aporte solidario”.
En la previa a la maratónica sesión, hubo reunión de Labor Parlamentaria. En principio se estima que, para tranquilidad del Ministerio de Economía, se convierta en ley el Presupuesto 2021 antes de avanzar sobre otras iniciativas. En comisión ayer al mediodía los diputados de Juntos por el Cambio dijeron que no pondrían objeciones a la ratificación de la votación de dos semanas atrás.
El Senado no incluyó ningún cambio a la ley pero la volvió a enviar a la cámara de origen después de detectar que por un error informático en la media sanción no estaban incluidas 22 planillas con las obras negociadas con las provincias. Un error inédito que de todos modos en Economía, en el Senado y en Diputados acordaron salvar con una nueva votación para evitar futuros cuestionamientos legales.
En ese marco el viernes 13 Juntos por el Cambio mantuvo una larga reunión de interbloque. Se ratificó el voto en contra de grandes fortunas, hubo pases de facturas por algunas ausencias en las sesiones anteriores (la especial pedida por la propia oposición) y se acordó que una vez más los diputados viajaran para participar en forma presencial.
También se acordaron negociaciones con el oficialismo respecto a la ley de manejo del fuego aunque sin demasiado optimismo respecto de acordar aclaraciones en la ley que pone un plazo de 30 años para zonas agrícolas y de 60 años para bosques nativos para que se pueda disponer de ellos. El pedido opositor es hacer una diferenciación entre terrenos urbanos y grandes campos.
Por su parte el bloque del Frente de Todos realizó una reunión remota ayer por la tarde. Duró una hora y media. El encuentro fue presidido por Massa desde su casa. En el Congreso estuvieron Máximo Kirchner; la vice del bloque Cecilia Moreau y la secretaria parlamentaria Cristina Álvarez Rodríguez. Conectados también en forma remota participaron el resto de los diputados y los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Carlos Heller, y de Finanzas, Fernanda Vallejos.
En la charla, Kirchner justificó la necesidad del impuesto no solo en la pandemia actual sino también en la herencia macrista que “destrozó” las cuentas del país, describió un panorama sobre la gravedad sanitaria en todo el mundo a partir de la segunda ola. Heller propuso sumarse a la carta de los senadores del Frente de Todos que responsabilizaron al Fondo Monetario Internacional por el endeudamiento y la falta de control sobre el uso del Stand By del 2018 que hizo la gestión de Mauricio Macri. Vallejos lo apoyó y además pidió que se trate el proyecto de ley que prohíbe al Estado conceder ayudas a las empresas que operan y tienen vinculaciones con guaridas fiscales.
En el ida y vuelta con diputados, se pidió reforzar la idea de que el impuesto no es “contra los ricos” ni contra ningún sector, “sino en favor de la solidaridad en un momento muy difícil del país”. Se pidió que los discursos sean constructivos con el foco puesto en no desalentar la producción, lo que menciona la oposición como una razón para votar en contra ya que quienes deberían pagar son también los grandes empresarios e inversores.
Por tratarse de un impuesto, aunque el oficialismo no lo llame así, se necesitan 129 votos para su aprobación (mayoría absoluta). El Frente de Todos supera ese número gracias al compromiso de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, que presiden Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón. Entre los votos positivos estarán los cuatro que responden al cordobés Juan Schiaretti mientras que también volverá a votar a favor el riojano Felipe Álvarez que integraba Juntos por el Cambio hasta hace dos semanas y conformó un bloque de dos diputados desde entonces. Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, acompañará el dictamen de mayoría pero no lo harán los dos diputados de izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá.
Para Juntos por el Cambio se trata de un impuesto “confiscatorio” que se superpone con el pago de Bienes Personales. Cuestionan que se cobre un impuesto en lugar de estimular a aquellos con capacidad de invertir y reclaman una reforma tributaria que ordene los impuestos argentinos.
La ley creará un aporte a pagar por única vez por aquellas personas humanas que hayan declarado bienes por más de 200 millones de pesos. Las alícuotas irán en forma progresiva del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y suben un 50% para los bienes en el exterior por lo que irán del 3% al 5,25 por ciento.
La estimación es recaudar 307.000 millones de pesos. Según lo acordado con los aliados, el 20% de esas partidas se destinará a equipamiento para salud, vacunas y compra de medicamentos; 20% para subsidios a pymes, sostenimiento del empleo y remuneración a trabajadores; 20% para financiar el plan PROGRESAR destinado a becas para estudiantes secundarios; 15% para el RENABAP en concepto de obras de urbanización en barrios populares y finalmente 25% para desarrollo de gas cuyo producido debería reinvertirse durante 10 años.
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