Durante el fin de semana, un integrante de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en Buenos Aires dio positivo de coronavirus. Se trata de del economista venezolano Luis Cubeddu, el segundo en jerarquía del grupo de funcionarios de visita en el país, con el cargo de jefe de Misión. La confirmación de la noticia por parte del organismo generó que integrantes del gobierno nacional y de entidades como la Sociedad Rural tuvieran que aislarse.
Sin embargo, el principal obstáculo de la negociación entre el organismo de crédito internacional y el Gobierno es ahora el ensanchamiento de la brecha política que parece haber entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández, visible en dos hechos. En primer lugar, la decisión, impulsada por el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, de intentar dar este martes media sanción al proyecto de “Impuesto a la Riqueza”, una iniciativa de la que Casa Rosada había tomado distancia y, en segundo lugar, la carta de los senadores kirchneristas a la directora del FMI, Kristalina Georgieva.
En la misiva, difundida el domingo, hacen severas críticas al organismo, le exigen una auditoría del uso del crédito concedido al gobierno de Mauricio Macri, rechazan la posibilidad de un ajuste fiscal y sugieren que la Argentina necesitaría “varias décadas” para pagar la deuda contraída con el organismo.
Georgieva difícilmente haga una lectura positiva de la situación. A principios de octubre envió a Buenos Aires a Julie Kozack y Cubeddu en misión presencial, algo que el organismo no hacía a ningún país desde hacía varios meses, al punto de haber negociado dos paquetes, uno con Ucrania y otro con Ecuador, por un total de USD 11.500 millones, de modo completamente remoto.
Pero ante el pedido del gobierno argentino, envió sus dos alfiles del caso argentino en misión “exploratoria”, a tantear el terreno político. Apenas volvieron a Washington, ambos redactaron un comunicado en el que dieron su diagnóstico: lo más importante, del lado argentino, era que hubiera “consenso político” sobre los pasos a seguir. Ese consenso que parece ahora esfumarse, antes siquiera que las partes garabateen los primeros trazos de un programa plurianual y las primeras medidas “estructurales” que exige un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” como el que pretende Guzmán.
Por otro lado, y con relación al caso positivo de coronavirus de Cubeddu, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el director del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, tuvieron que ser aislados e hisopados debido a que durante la semana habían estado reunidos con la delegación. Los resultados de los estudios hechos a Massa y Guzmán dieron negativos. Además, fueron aislados otros funcionarios del gobierno que también formaron parte de las reuniones.
El caso positivo se confirmó luego de que los integrantes de la misión, de acuerdo con los protocolos de salud y seguridad acordados con las autoridades argentinas, se sometieran a la prueba para saber si tenían el virus. Desde Washington, en tanto, ratificaron que el equipo de enviados siguió todos los protocolos de seguridad y salud establecidos por las autoridades argentinas y el FMI, incluidas pruebas COVID-19 antes de salir de Washington y al arribar a Buenos Aires. Tal es así que el test del sábado estaba programado como parte del protocolo establecido conjuntamente con las autoridades.
La decisión de la misión es seguir con la agenda de reuniones estipuladas de forma virtual: reuniones por Zoom, llamados telefónicos, envío de planillas, consultas por mail y WhatsApp será el modo en que los siete funcionarios del organismo proseguirán su tarea.
El propio Cueddu será parte de esos encuentros ya que actualmente se encuentra asintomático y se siente bien. El resto de los integrantes fueron hisopados y están aislados. En las próximas horas se conocerán los resultados, pero para no correr riesgos, también participarán de los encuentros a través de videoconferencias.
Además de Cubeddu, la misión está integrada por la norteamericana Julie Kozack, la funcionaria de más alto rango, el representante residente en la Argentina, el jamaiquino Trevor Alleyne, y otros cuatro técnicos cuyos nombres se mantienen en reserva y se encargan de relevar y estudiar las cuentas fiscales, monetarias y de sector externo del estado argentino.
En la agenda del FMI figura para este lunes un encuentro con los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y del Senado.
Además de los encuentros con las autoridades económicas del país, los miembros de la misión del FMI en los últimos días también se habían reunido con el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz; el de la Dirección de Coordinación Internacional, Diego Gamba; y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina.
La misión arribó el último martes a Buenos Aires, en el marco de las negociaciones que mantiene el Gobierno argentino para renegociar la deuda de US$ 43.900 millones que tiene el país con el organismo multilateral, contraída por la administración de Mauricio Macri, a través de un programa de Facilidades Extendidas (EFF), que tendrá al menos cuatro años y medio de gracia para comenzar a girar los pagos.
Ese préstamo podría ser repagado en su totalidad en 10 años, lo cual extendería casi por 8 años más el plazo total de pago del programa suspendido durante el macrismo, que debía repagarse casi en tu totalidad en el corto plazo, dentro de los próximo dos años.
El programa que busca firma el Gobierno es más exigente que los acuerdos Stand By, como el que suscribió en su momento el expresidente Mauricio Macri y por el cual la Argentina quedó muy endeudada y sin capacidad financiera para de devolver el préstamo.
El objetivo de la visita del FMI es revisar exhaustivamente la situación fiscal, monetaria y de balanza de pagos de la Argentina. Según dijeron desde el Fondo buscan “continuar las discusiones técnicas con funcionarios del Ministerio de Economía sobre el programa económico y la estrategia de deuda” y también “definir los próximos pasos con las autoridades”.
La relación entre el gobierno y el FMI, aunque no está asegurado que se logre un acuerdo al momento en que la Argentina presente su oferta a los acreedores, se ha consolidado desde que al final de la pasada visita de Kozack y Cubeddu a Buenos Aires, el Fondo emitió una declaración suscribiendo la posición oficial –y en particular del ministro de Economía, Martín Guzmán- de que la deuda argentina “no es sustentable”, una frase que suele repetir el presidente Alberto Fernández.
Antes del arribo de la misión, Guzmán se esmeró en emitir señales de cuidado fiscal, como el no desembolso de una cuarta cuota del “Ingreso Familiar de Emergencia”, el programa de ayuda a los sectores vulnerables más importante que creó el gobierno durante la pandemia, y el nuevo proyecto de ley de movilidad jubilatoria, que excluye del cálculo la tasa de inflación y vincula los aumentos (que volverán a ser semestrales) a la recaudación de impuestos y la evolución promedio de los salarios del sector formal.
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