Los cambios que propondrá la comisión de juristas que asesora a Alberto Fernández

Aislado preventivamente después de que diera positivo de Covid-19 Gustavo Beliz, el presidente Alberto Fernández recibirá este miércoles el informe que, durante 90 días, elaboró el grupo de once juristas elegidos para sugerirle cambios en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Hoy esas propuestas ya se elaboraron y el trabajo de la comisión será observado por toda la política y el mundo judicial.

Sobre todo porque, entre sus consideraciones, los expertos propondrán que exista un tribunal intermedio a la Corte Suprema -tal como adelantó Infobae la semana pasada-. Lo que quedó claro es que finalmente no se meterán con el número de miembros que debe tener el máximo tribunal. El tema se puso sobre la mesa esta semana a propuesta de un integrante de la comisión, pero la mayoría estableció que no estaba entre los ejes de debate. Puede que no obstante alguna alusión se haga en el trabajo final, teniendo en cuenta que -tal como está previsto- cualquiera de los miembros del consejo puede hacer un voto en minoría. Apenas surgió la creación de la comisión, al Gobierno se lo acusó de querer ampliar la Corte, algo que sus funcionarios -el jefe de Estado incluido- buscaron desmentir.

Además, los expertos fijarán que el jefe de los fiscales tenga un período limitado al frente de la Procuración. Aunque hablaron de cinco, seis o siete años, eligieron no decirle al presidente de cuánto debe ser ese período. Quedará a su criterio, remarcando que el cargo ya no puede ser vitalicio como hasta ahora.

Además, resolvieron que debe mantenerse como criterio que la destitución debe ser por la mayoría de los dos tercios del Senado. El problema rondó cuando tuvieron que determinar cómo debe ser la elección del procurador. A lo largo de las audiencias, las opiniones fueron y vinieron. Muchos de los expositores insistieron en el requisito de los dos tercios de los votos. Hoy, de 11 juristas que integran el consejo, cinco opinan que debe mantenerse esa pauta y otros cinco se inclinan por establecer una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros de la Cámara Alta. El número 11 no terminó de dar una mirada contundente sobre esa cuestión. Cada uno, no obstante, justificará su postura. “De 11 podemos decir que estamos cinco y medio a cinco y medio”, dijo una fuente consultada por Infobae. El martes les queda la última reunión.

La situación no es menor teniendo en cuenta la tensión que se vive en el Senado frente a la propuesta del juez Daniel Rafecas como candidato a la Procuración y la decisión del kirchnerismo para desempolvar proyectos que buscaban cambiar la forma de elección con la mayoría absoluta. Hoy el Gobierno no tiene votos propios para nombrar al procurador general. Rafecas no quiere aceptar si no es con el aval que hoy se requiere. Sobre todo, como dijo el jurista Alberto Binder, teniendo en cuenta el rol de peso que pasará a tener el jefe de los fiscales con la aplicación del nuevo proceso acusatorio. De todas maneras, desde la propia comisión le bajan el tono a lo que ellos digan sobre el debate que salpica a Rafecas. “Nosotros proponemos, pero después decide la política”, resaltó uno de los integrantes de la comisión a este medio.

Otra de las novedades que traerá las propuestas de este consejo consultivo es el cambio de fuerzas dentro del Consejo de la Magistratura. El organismo que elige y controla a los jueces nació con 19 miembros y hoy tiene 13. La comisión le propondrá a Alberto Fernández que funcione con 16 miembros de dedicación exclusiva en donde ya no exista un representante del Ejecutivo. Según esta iniciativa, la idea es que en este nuevo consejo haya cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro académicos y o científicos y cuatro legisladores.

Una idea que se barajó fue que los senadores ya no participaran del Consejo porque participan de la votación para que un candidato sea o no juez. Lo cierto es que, con este escenario, la política pierde peso dentro de este Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema tiene a estudio un fallo que había determinado la inconstitucionalidad de la actual conformación del consejo de la Magistratura, por lo que una ley de estas características zanjaría aquel fallo adverso dictado antes de la llegada del gobierno de Mauricio Macri. Habrá además consideraciones especiales a la hora de hablar de la falta de celeridad en los concurso y los resultados en los procesos de enjuiciamiento de magistrados-

El capítulo que más tiempo demandó al consejo asesor fue el de las modificaciones sobre la Corte Suprema de Justicia. Entre sus propuestas, los expertos plantearon límites el recurso del llamado "280″ -que le da al máximo tribunal la posibilidad de planchar una apelación sin demasiadas explicaciones- y hablaron de la creación de un tribunal intermedio para evitar que todos los recursos por arbitrariedad lleguen por vía directa a los ministros del cuarto piso. La semana pasada, Infobae detalló que las ideas estaban divididas entre una suerte de Casación para casos no penales (hoy no existe para el resto de los fueros) o uno encargado también de poner bajo la lupa las decisiones de las Cortes provinciales.

Habrá que ver cómo se plasma eso en la redacción de la propuesta y, después, en un eventual proyecto de ley. También esperar las lecturas que pueda tener esa iniciativa en la oposición. Los promotores insisten en señalar que eso no implicaría que los casos no puedan llegar a la Corte Suprema porque ese tribunal siempre tendrá la llave para decir qué casos toma.

Este martes, en la última reunión que tenga el consejo, se le dará la última corrección al proyecto que ya está armado y ahora se estaba terminando de compilar. Se habla de unas 500 páginas de trabajo, aunque podrían ser más.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el primer capítulo se basará en una introducción al trabajo que se hizo, el segundo apartado versará sobre un enfoque transversal sobre género, federalismo innovación. Luego llegará el turno de las propuestas y en un capitulo siguiente los fundamentos. El quinto tramo citará las opiniones de los expertos que pasaron por la comisión para dar su parecer. Es todas las deliberaciones y exposiciones fue a “zoom” cerrado. Allí no estará la opinión de la Corte Suprema, blanco de los debates y gran ausente no solo en la presentación de la comisión sino también a la hora de exponer cuál debería ser la reforma sobre ella. Un detalle: no habrá conclusiones.

Durante estos meses, la comisión buscó mantener el bajo perfil. Fueron pocos los juristas que accedían a hablar con los periodistas sobre lo que se estaba deliberando. Uno de los que más silencioso estuvo fue el abogado Carlos Alberto Beraldi, defensor de Cristina Kirchner. Ni siquiera se lo vio en televisión hablando de las causas de la vicepresidenta desde que comenzó su trabajo en esta comisión. Se sabe: las miradas de la oposición le apuntaban precisamente por ser parte de este consejo asesor, más allá de las explicaciones de Alberto Fernández.

Además de Beraldi, trabajaron en los abogados León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), junto al ex juez de España Enrique Bacigalupo, coordinados por el abogado y funcionario Fabián Musso.

El 18 de noviembre llegará el fin del misterio para saber los detalles de todas las propuestas que elaboró esta comisión a la que nadie llama por su nombre oficial: “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación”. Según dijeron a Infobae las fuentes consultadas, durante este período el Presidente no se involucró en lo que se debatía. El día que los presentó en la Casa Rosada les había pedido que trabajaran con autonomía e independencia.

Como fue su propia iniciativa, a Fernández le hubiera gustado hacer un acto oficial para recibir el trabajo junto a sus autores. Pero el aislamiento arruinó esos planes. Por lo pronto, este miércoles tendrá el documento en sus manos. Si eso lo convierte en papel mojado o lo desguaza en proyectos de ley para enfrentar su suerte en el Congreso, quedará para otro capítulo.

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