El Gobierno decidió no recibir “por ahora” a la Confederación General del Trabajo (CGT) y trató de bajarle el tono al conflicto luego de las críticas sindicales, pero le respondió con anuncios directamente vinculados con los reclamos que había efectuado la central obrera: en apenas 72 horas, confirmó nuevos planes de ayuda, prorrogó la prohibición de despidos y garantizó que el Estado pagará las vacunas contra el COVID-19.
“No creo que por ahora hagan falta gestos formales”, afirmó a Infobae un importante miembro del gabinete de Alberto Fernández al referirse al pedido cegetista de mantener una reunión con el gabinete económico. “Existe diálogo y no hay ningún problema”, aseguró.
De todas formas, la sucesión de anuncios gubernamentales pareció parte de una estrategia gubernamental para dejar sin sustento los reclamos de la central obrera y tratar de demostrar que no está en marcha un ajuste para llegar al acuerdo con el FMI, como interpretan los sindicalistas (en realidad, no sólo ellos).
El consejo directivo cegetista se quejó el martes pasado por el recorte dispuesto por la Casa Rosada a la ayuda económica brindada durante la cuarentena, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Dos días más tarde, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó que se analiza el pago de un bono de fin de año a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ratificó que se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar en diciembre y anunció que se reforzarán los fondos para comedores y merenderos.
Y luego, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció que el Programa ATP (de ayuda a pagar los salarios a las empresas en crisis) “va a seguir para 400 mil trabajadores” y relanzó el programa Repro II, a través del cual se pagará a los trabajadores de las empresas adheridas una suma a cuenta de sus remuneraciones de hasta $9.000 mensuales.
La CGT, además, le pidió al Gobierno que prorrogara la prohibición de los despidos y la doble indemnización. Moroni le confirmó tres días después a los dirigentes cegetistas que ambas medidas se extenderán durante 60 días más (eso significa que en el primer caso continuará hasta fines de enero, y en el segundo, se prolongaría hasta fines de febrero).
Los sindicalistas también advirtieron a la Casa Rosada que las obras sociales no estaban en condiciones de pagar las vacunas contra el COVID-19. Lo hicieron a través de una carta dirigida al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini. Este viernes, el funcionario que responde al ministro de Salud, Ginés González García, le aseguró a la CGT que “el Gobierno se hará cargo de la provisión y aplicación de las vacunas”.
Otro punto de la lista de reclamos cegetistas fue “garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional”. Esta demanda, sin embargo, se presta a la controversia: el Presidente aseguró que los jubilados saldrán ganando, aunque el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, opinó que el cambio que impulsa el oficialismo “es un nuevo abuso y maltrato al adulto mayor”.
Pero el malestar de la CGT tiene un motivo más profundo que será difícil de resolver: los sindicalistas se quejan de existe un diálogo espasmódico con el Gobierno, sin interlocutores confiables en muchas áreas, y de que nadie les informa con anticipación las medidas oficiales. “No somos lectores”, bramó ante Infobae un encumbrado sindicalista que asegura haberse cansado de enterarse por los diarios de las decisiones de la Casa Rosada.
Ese tipo de comentarios predominó en la caldeada reunión del consejo directivo de la CGT del martes pasado, en el que una veintena de dirigentes fue desgranando críticas de todo tipo contra el Gobierno hasta que algunos dieron a entender que deberían resolverse medidas de fuerza en caso de que los funcionarios no atiendan sus reclamos.
Lo insinuó primero el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, aunque el espíritu combativo fue contagiándose entre los presentes y convirtió a un moderado como Armando Cavalieri, líder del Sindicato de Comercio, casi en un dirigente trotskista cuando habló de endurecerse ante el Gobierno y afirmó: “Tenemos que estar al lado de las bases”.
Omar Maturano, jefe de La Fraternidad, planteó: “A Alberto Fernández hay que preguntarle si estamos adentro o afuera del proyecto, y si estamos afuera tenemos que hacer algo”. Aun así, relativizó la idea de realizar una protesta: “¿Quién va a parar realmente, muchachos, si al final los únicos que paralizamos todo somos los del transporte”.
Antonio Caló, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), incluso propuso organizar una movilización de la CGT para el martes 17 de noviembre, en que el peronismo celebrará el Día de la Militancia porque se trata de la fecha en que Juan Domingo Perón volvió al país en 1972. “Podemos salir a la calle y hacer escuchar nuestros reclamos”, dijo.
Tras esa reunión que llevó al máximo la temperatura cegetista, Moroni habló al día siguiente con varios sindicalistas y demostró dos cosas: que sigue siendo el mejor interlocutor del gremialismo en el Gobierno y que el diálogo no estaba roto, pese al clima enrarecido.
La semana pasada, la dirigencia cegetista dejó en claro que estaba enojada por el destrato oficial, pero, sobre todo, actuó anticipándose al ajuste que vendrá, en una suerte de ejercicio de sindicalismo de anticipación: sin IFE ni ATP, con precios liberados, jubilaciones recortadas y tarifas en ascenso, creen en la central obrera, el año 2021 puede ser otra pesadilla para los trabajadores como este duro 2020. Y también para los sindicalistas, que deberán contener a los trabajadores y realizar el recambio de autoridades de la CGT.
Por eso la central obrera tensó la cuerda casi al límite: sabe que Alberto Fernández no podrá avanzar en el complejo cuadro socioeconómico que viene si no tiene de su lado al sindicalismo. Y no le alcanza con sumar sólo a híperoficialistas como Hugo Moyano o Hugo Yasky. Eso explica por qué el Gobierno no recibirá a la CGT, pero en los hechos, con los vertiginosos anuncios realizados en 72 horas, pareció demostrar que la central obrera tenía razón.
Seguí leyendo: