Como en la Argentina puede nunca cambiar nada y darse vuelta la taba en menos de cinco minutos, no me queda otra que comenzar por algo que no es normal en el periodismo: reconocer un error, al menos uno de percepción.
Lunes. A comienzos de la semana tenía previsto encarar las deudas de promesas legislativas de la campaña de Alberto Fernández. Hacia allí encaminaba mis hipótesis y mi agenda hasta que por la noche se patearon todos los tableros: recién llegado de la frontera con Bolivia, el presidente le pidió a Vilma Ibarra que salga a los medios a anunciar el envío del nuevo proyecto de ley para la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, la hipótesis original no cambió: la construcción de una agenda propia independiente de la de Cristina Fernández se vio potenciada tras la carta pública de la vicepresidente en la que no dio ningún nombre pero señaló a muchos, marcó la cancha y se despegó de los malos resultados. Otros tiempos, otra época, con los mercados alterados, tomas masivas de terrenos y conflictos por doquier.
Que el presidente envíe este proyecto de ley con todo lo que conlleva obedece a varias razones entre las cuales la última es la promesa de campaña. Si así fuera, habría sido de lo primero en enviar. Primero intentó construir consensos con el punto más difícil, que no es precisamente la Iglesia. Y es que si hay un experimento novedoso para la Argentina iniciado en diciembre de 2019 fue la asunción de un presidente peronista nacido y criado en la ciudad de Buenos Aires, una rara avis de corte progresista en un territorio en el cual jamás el justicialismo ganó una elección y que debía convivir con una liga de gobernadores peronistas que, por tradición, son conservadores.
Si hay algo que ya hemos remarcado desde este mismo espacio es que, entre los cambios introducidos por la reforma constitucional de 1994 se encuentra la elección directa de los senadores, cuando antiguamente eran electos en sus respectivas legislaturas provinciales. Desde entonces, responden más a intereses partidarios que a cualquier otra cosa y todo lo que se diga desde la provincia de origen puede quedar a la buena o mala relación del senador con el gobernador de su distrito. O sea: lo único que diferencia hoy, en las acciones al menos, a un diputado de un senador es el recinto en el que se sienta.
Martes. Tras las repercusiones del envío del proyecto de ley comenzaron a volar todos los telefonazos y mensajes de WhatsApp que el lunes en la noche no habían podido realizarse. El primero de los detalles que se puede leer entre líneas es que prácticamente nadie esperaba el proyecto ahora. Quienes están cerca del presidente también se encontraron con la sorpresa del momento, aunque sabían que el proyecto ya estaba terminado. Ibarra sólo esperaba la orden.
Uno de los que más transita los pasillos abiertos de la Casa Rosada sostuvo que hay dos factores determinantes. El primero es que, con la misma transversalidad en los votos que ocurrió en 2018, y habiendo cambiado la composición del Senado desde entonces, se puede estar más cerca de la aprobación en ese recinto, el escollo que volteó el proyecto de 2018. Sólo por poner un ejemplo, de los tres senadores por la ciudad de Buenos Aires de aquel entonces, sólo Fernando “Pino” Solanas estaba a favor de la ley, mientras que Federico Pinedo y Marta Varela se oponían. Esas tres bancas hoy están ocupadas por Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Mariano Recalde. Tres “verdes”. El segundo, que el momento es inmejorable dado que permitirá que la sociedad vuelva a tener un tema con el cual polarizar de forma también transversal mientras el Poder Ejecutivo hace lo que tiene que hacer con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de la resistencia de una parte de la CGT –ya veremos más abajo– y del kirchnerismo duro. Que pase desapercibido el ajuste del déficit fiscal y la reforma previsional. Después dicen que Mauricio Macri no dejó enseñanzas políticas.
Sobre cuál será el rol de Cristina Fernández en la materia, el criterio pareciera unificado. Desde el propio riñón de la vicepresidenta aseguran que sigue manteniendo las mismas convicciones “de siempre” respecto del aborto. Y las de siempre es estar en contra, dado que no le dio importancia ni cuando tenía al Congreso Nacional a sus pies. ¿Cuál fue el motivo que la llevó a apoyarla en 2018? Los más románticos del Frente de Todos recuerdan “el rol decisivo de una charla con su hija Florencia”. Los más descreídos sostienen algo más mercantilista: Cristina sabía, al igual que todos, que era imposible reunir los votos para su aprobación en el Senado.
Miércoles. Sea cual fuera el motivo, tanto en los pasillos del Congreso como en los de la Rosada dan por sentado que no contarán con el apoyo de Cristina más allá de las formalidades de habilitar el debate. La irrupción de la opinión del senador por Formosa José Luis Mayans cayó como un dardo esperable. El hombre que ante las cámaras sonríe mientras Cristina lo reta una y otra vez no tuvo reparos en afirmar que el tratamiento del proyecto hoy es inoportuno. Obviamente, sabiendo la postura de Mayans, la pregunta lógica sería cuándo creerá el senador que será un momento oportuno.
En la Rosada algunos tomaron muy en serio los dichos de Mayans y otros sonrieron como algo esperable. Una devolución de favores. Que Alberto enviara el proyecto de ley a través de Vilma Ibarra no iba a salir gratis: si hay una mujer dentro del gabinete nacional a quien Cristina le guarda un profundo rencor es, precisamente, a la autora del libro “Cristina versus Cristina: el ocaso del Relato”.
Mientras en los alrededores de la Plaza de Mayo se congregó una multitud de autos en protesta por las pérdidas de puestos de trabajo tras la partida de Latam del país, en la casa de gobierno la radio sintoniza otra frecuencia. Las negociaciones por el aborto ahora parecen trabadas y en el entorno del presidente se debate entre la posibilidad de dejar hacer o un argot tan antiguo en la historia presidencialista que fue usado desde Lincoln hasta Menem: mover gente del camino “premiándolos” con mejores cargos, más tentadores, con mayor influencia o lejos de los problemas cotidianos de la Argentina. ¿A cambio? Alguna que otra abstención.
Pero ni la manifestación ni los funcionarios que vienen y van logran frenar el rumor de que María Eugenia Bielsa se va del gobierno. Todavía falta un par de horas para el anuncio y mi interlocutor lo desconoce, pero no puede evitar remarcar que efectivamente es del grupo de “funcionarios que no funcionan” con números imposibles de refutar: una subejecución presupuestaria pasmosa en un país con un déficit habitacional a la vista de todos. “Pero bueno, también hay un ministro de agricultura, ganadería y pesca que por convicción no consume carne”, sostiene con una sonrisa no tan chistosa.
Lo que sí quisieron remarcar todos es que Cristina sabía que Alberto Fernández pretendía cambiar algunos fusibles y ella se adelantó con la carta. Y ahí es donde nadie se pone de acuerdo: “Cristina habla de sí misma en términos históricos, cuesta creer que quiera quedar pegada a un gobierno que puede fracasar”, sostiene un asesor parlamentario, mientras que un ex funcionario de Néstor Kirchner afirma exactamente lo mismo pero cambiando el final: mejor ser la única que pudo dominar los cientos de frentes abiertos internos de un movimiento peronista tan amplio que hasta está lleno de kirchneristas antiperonistas.
Para redondear, Alberto nombra a Jorge Ferraresi en reemplazo de Bielsa. La señal es triple: Bielsa había enfrentado a Omar Perotti en la interna justicialista de Santa Fe, Ferraresi es de los intendentes que quieren volver al sistema de reelecciones indefinidas para los municipios y, como pertenece al Instituto Patria, nadie puede acusarlo de estar lejos de Cristina. Habrá que ver cómo cae la designación en el Patria, donde cualquiera puede pasar de ser aliado a traidor con la misma velocidad con la que un traidor se convierte en la mejor opción para la presidencia.
Jueves. Por la mañana, el salto del dólar en la jornada previa fue visto con estupor por casi todos menos por los analistas financieros, que todavía hacen sus apuestas sobre si la calma en la cotización se mantendrá y la jornada fue sólo un susto, o si el dólar solo había descendido para tomar impulso. El cierre al alza achicó el margen de las apuestas.
Sin embargo, Alberto colocó su segundo ítem de su agenda progresista de la semana al publicar un Decreto en el que habilita el autocultivo de Cannabis con fines medicinales. Tres en uno: se lleva otro poroto del progresismo porteño, afecta el experimento de cultivo estatal de la provincia de Jujuy al regular todo a través del INTA, el CONICET, el Ministerio de Salud y al autorizar el autocultivo, y le gana de mano a la legislatura porteña que tenía agendado el tratamiento de una ley para esa misma jornada.
Finalmente, la legislatura porteña aprobó el proyecto del radical Leandro Halperín y, según los voceros de Nación, no hubo ninguna intencionalidad de Alberto de ganarle de mano a nadie. Pero los voceros siempre dicen lo más conveniente para mantener las apariencias: fue muy sugestiva la publicación del Decreto doce horas antes de que los legisladores porteños se dispusieran a aprobar la minuta de una sesión anunciada casi una semana atrás. La ley porteña se complementa con la de Nación, pero a los efectos de la opinión pública, el que pica primero gana.
“Una vez asumido, tu imagen como presidente siempre va a aumentar para después descender”, comenta a este medio un veterano experto en comunicación política que hoy asesora al Presidente. “El tema es si querés que baje de a escalones o por un tobogán”, sentencia para luego asegurar que ese tobogán existió y tuvo nombre: Vicentín.
Dentro del Frente de Todos estaban confiados en que el impuesto a las grandes fortunas estaba tan empantanado que difícilmente pudiera llegar a ver la luz alguna vez. Sí, es un proyecto que muchos resisten por lo bajo y algunos a viva voz. Los motivos para su freno radicaban en una razón técnica y legal elemental que a todos se les pasó por alto y que explica, en buena medida, la velocidad con la que Máximo Kirchner y Carlos Heller quisieron abordar el asunto: si ya no hay más asistencia a las empresas, si ya se está volviendo a una normalidad distinta, pero normalidad al fin, si ya se debate si corresponde o no pagar un cuarto IFE y si el sistema sanitario del país finalmente no colapsó con el pico de la pandemia, no hay ningún sentido para sancionar una ley que en sus argumentos recurría precisamente a todas esas emergencias. Sin embargo, Máximo logró sumar unos porotos al conseguir que se trate el proyecto el martes próximo.
En cuanto a los sindicatos, la bronca saltó por el déficit que desde la CGT vinculan con la pandemia y que, en los números de las obras sociales, señalan un rojo de unos 1.500 millones de pesos mensuales. Una ganga. El tema es que las obras sociales, en su mayoría, casi siempre son deficitarias, sólo que esta vez se vieron más afectadas por las suspensiones laborales, los despidos, el cierre de comercios y el aumento exponencial en la compra de insumos. Desde la central obrera avisaron que no podrían cubrir el costo de las vacunas contra el COVID-19. Desde la Rosada no entienden el planteo público: nadie esperaba cederles el laurel de proveer la vacuna a los afiliados. En cuanto al dinero, también creen que “nadie se podría oponer a que se gaste dinero del Tesoro en la compra de una vacuna en este contexto”.
En ese sentido, una de las paradas más duras que tiene Alberto Fernández es la reforma previsional. Ni bien asumió la presidencia –y aún en campaña– sostuvo que la aplicación de “la fórmula de Macri” era un acto de irresponsabilidad fiscal. A las pocas semanas de estar sentado en Balcarce 50 viró a un sistema de aumentos jubilatorios a tiro de decreto y hoy pretende la sanción de una nueva fórmula que es resistida tanto por los sindicatos como por la oposición. Desde el oficialismo no quieren dar el brazo a torcer y mucho tiene que ver en la materia la visita del FMI: si hay que reducir déficit, el costo en materia de seguridad social se lleva alrededor de la mitad del presupuesto anual del país.
Desde la oposición en el Senado ya dieron a entender que será prácticamente imposible que den el visto bueno a la nueva fórmula. Una veterana legisladora de Juntos por el Cambio ya adelantó la agenda: “Defenderemos lo que habíamos hecho con Macri, cuando nos desarmaron la plaza, decir que le roban una vez más a los jubilados al sacar la actualización por inflación y lo hacen socio del Estado en las malas pero no en las buenas”. En esta declaración hace referencia al 50% de actualización por salario del sector y 50% por recaudación, pero existiendo un tope para arriba y no un piso.
Obviamente, no faltaron los que recordaron que “ese 50% de gasto del presupuesto anual no son sólo jubilaciones, sino las asignaciones y los planes sociales”. La disputa recién empieza.
Pero este jueves el debate en el Senado iba por otro lado. A nadie le importó las advertencias de inconstitucionalidad de la modificación de la ley de ministerio público y avanzan con un plan a lo kirchnerista: se presenta de un modo poco viable y en su debate empeora sin que nadie se atreva a dimensionar el resultado final. Hoy Cristina no solo quiere bajar el número de votos requerido para consagrar un nuevo Procurador General –dos tercios–, a pesar de que la oposición dio señales de negociación, sino que encima, una vez abierto el debate, va por una fórmula de remoción de los fiscales mucho más veloz que la actual. Si le parece un tema menor es que, querido lector, no está teniendo en cuenta que para mediados de 2021 ya regirá en todo el país el sistema acusatorio a nivel nacional y federal: los fiscales son quienes llevarán las investigaciones penales. Si los jueces le tenían miedo a las operaciones y al control político del Consejo de la Magistratura, imagínese un fiscal a futuro.
Más allá del debate por el aborto, que nuevamente correrá por una vía distinta a la de todos los debates –las disidencias se darán para dentro de los partidos y las coincidencias serán entre adversarios políticos–, el resto de la agenda que urge a Alberto tiene un escollo que Massa está dispuesto a zanjar. “El kirchnerismo duro no quiere saber nada con tener que cerrar absolutamente ni un punto de nada con Juntos por el Cambio”, sostiene un legislador con resignación y agrega “no importa siquiera repasar algún punto en el que, por casualidad, coincidan”.
Es en ese terreno en el que Massa comenzó a negociar con el resto de los peronistas de ambos lados del mostrador –los del Frente de Todos y los de Juntos por el Cambio– además de frecuentar cada vez más a los radicales y a los PRO puros. “Si hay que juntar votos, hay que negociar, y si hay que negociar, algo hay que ceder”, remarca el legislador para recordar que “esto no es 2011”.
Y ya que estamos, fue Carlos Acuña, el líder de la CGT más cercano a Massa quien suscribió la carta de apoyo a las negociaciones del gobierno con el FMI junto con varios empresarios que hasta hoy se muestran confiados en que desde el Ejecutivo se puedan tomar decisiones que no afecten sus intereses.
Lo que nadie se atreve a responder hasta ahora es por qué Massa hace lo que hace. O mejor dicho: para quién Massa hace lo que hace. Después de todo, más allá de todos los cortocircuitos que puedan haber, hasta ahora el Senado ha convalidado casi sin cambios todo lo enviado por la Cámara Baja.
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