Patrimonio de los gobernadores: pidieron informes por la valuación de los bienes del catamarqueño Raúl Jalil

La publicación del patrimonio del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en Infobae, luego de que éste le enviara su DDJJ a este medio para un informe sobre los bienes de los 24 mandatarios del país, generó un pedido de informes en la Legislatura catamarqueña por el monto total declarado y un posible conflicto de interés por la contratación desde el Estado provincial con sus empresas.

En esa nota, Infobae reveló que Jalil - electo en octubre del año pasado por el Frente de Todos- declaró un patrimonio neto total al cierre del 2019 de $14 millones, según su DDJJ del impuesto a las Ganancias presentada ante la AFIP.

La declaración jurada de los mandatarios en Catamarca no es pública para la ciudadanía, excepto que medie una orden judicial. Sin embargo el mandatario le envió a este medio el formulario con el detalle de los bienes declarados ante el Tribunal de Cuentas provincial. El documento -según afirmó- era una copia de la presentada en sobre cerrado y lacrado al asumir su mandato, según prevé una acordada de 1995 de ese organismo, ratificada por la ley N° 4.817 de 2012.

En esa DDJJ, el ex intendente de San Fernando del Valle de Catamarca informó tener 9 inmuebles, de los cuales detalla ubicación e inscripción registral, pero no su superficie, ni tampoco su valuación. Se trata de cinco casas en San Fernando del Valle de Catamarca; el 50% de un campo en la localidad de Sumalao en el departamento de Valle Viejo, y el mismo porcentaje de un loteo en Alto del Valle; otra propiedad en la villa turística de El Rodeo; y la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires.

El pedido de informes fue presentado por el diputado provincial opositor Hugo Daniel Ávila, quien cuestionó que solo las 9 propiedades que incluyó en declaración jurada superan ampliamente el total del patrimonio neto de $14 millones declarado por Ganancias ante la AFIP.

Según el legislador del bloque unipersonal Frente Amplio Catamarqueño, el campo en Valle Viejo es de “amplias dimensiones conocido como La Sala” y el loteo en Alto del Valle "es un ambicioso proyecto inmobiliario según lo consigna la página web del emprendimiento”. De acuerdo a la consulta que dijo haber hecho con inmobiliarias de la provincia, “una propiedad en el microcentro y en la zona alta de la ciudad, de tan solo 200 m2 están valuadas a partir de los $10 millones”. Ávila aseguró en el texto de la iniciativa que le informaron que “la casa del Gobernador vale más de $30 millones y que un inmueble en Buenos Aires, de mínimas dimensiones, no se vende por debajo de los 100 mil dólares, unos $17 millones de pesos al cambio actual”.

El diputado opositor se preguntó retóricamente en el pedido de informes: “Suponiendo (no afirmando) que la declaración jurada presentada esté en regla, ¿alguien puede creer que tan solo nueve (9) propiedades, entre las que se encuentra la lujosa casa en la que vive, sumen $14 millones de pesos? ¿No habrá confundido la moneda con la que realizó el cálculo?”.

En este sentido, Ávila pidió que Jalil informe oficialmente los bienes y valores reales que posee hasta el día de la fecha y que el Tribunal de Cuentas de la Provincia envíe a la Legislatura la declaración patrimonial de bienes del gobernador.

Las explicaciones de Jalil

La primera respuesta del gobernador del Frente de Todos -electo el año pasado- ante la consulta de Infobae fue: “Yo me fijé que en mi declaración jurada, al asumir, estén todas las propiedades, pero la valuación técnicamente la pone el contador. Algunas son de herencia, de cuando las recibí, y están a su valor nominal de adquisición”. Tras cotejar lo consignado en la DDJJ con su contador, el gobernador se comunicó con este medio y precisó que habían sido declaradas al “valor fiscal provincial que son muy bajos en Catamarca”. Y admitió: “Es una de las cosas que hay que ir corrigiendo”.

En ese sentido, el sucesor de la también peronista Lucía Corpacci agregó que en abril de este año creó la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) que “juntó a Rentas, Catastro y el Registro de la Propiedad Inmobiliaria para cruzar sus datos y así actualizar las valuaciones fiscales y mejorar la recaudación”.

Asimismo, le dijo a este medio que este martes estaría enviando a la Legislatura una iniciativa para “darle más transparencia al Estado”. Se trata de “un proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia Fiscal Activa y Ética en el ejercicio de la Función Pública, que actualiza la Ley N° 5.336 de Derecho de Acceso a la Información Pública sancionada en 2011”, según explicó su vocero, quien admitió que aún “falta el esquema de comunicación en el portal web” para “hacer más sencillo para todos” el acceso a los datos del gobierno provincial.

Jalil informó ser dueño, además,de una camioneta 4x4 Amarok V6, comprada en 2017, de la cual tampoco consignó la valuación en su DDJJ. En el mercado, ronda $3,3 millones. Informó una tenencia de dinero al 31 de diciembre de 2019 de $2,6 millones, que incluye cuentas bancarias y un plazo fijo, y USD 35.485.

Empresas de la salud

Jalil, que también fue diputado provincial, declaró una participación accionaria del 12,5% en cinco empresas vinculadas al ámbito de la salud en la capital de Catamarca: Sanatorio Pasteur SA, Sanatorio Junín SA, Instituto Médico Privado SA, y de las farmacias Red Colón SA y Droguería Mitre. Tiene también el mismo porcentaje de las inmobiliarias Hijos de José Guido Jalil y Red de Servicios SRL. En la declaración jurada presentada ante el Tribunal de Cuentas no consignó la valuación de estas acciones.

“Somos ocho hermanos y tengo el 12,5% de estas empresas familiares que tienen más de 60 años, son hospitales y laboratorios. Trabajan mucho por el COVID”, le dijo a Infobae al enviarle su DDJJ.

Según el diputado Ávila estas participaciones “implican claramente un claro conflicto de intereses”, ya que dijo “no tener dudas” que las empresas de las que Jalil declara ser accionista “contratan con el Estado”. Y además, aseguró que “Red Colón es monopólica” en la provisión de medicamentos a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de la provincia.

Por este motivo, solicitó en el proyecto que el Ministerio de Hacienda informe qué “vínculos económicos” mantienen esas empresas con el gobierno provincial, desde cuándo, y que remita copia de esas contrataciones a la Legislatura provincial. Lo mismo hizo con el Tribunal de Cuentas. Por último, le pidió a OSEP que informe si contrató o contrata servicios o provisiones con Sanatorio Pasteur SA, Sanatorio Junín SA, Instituto Médico Privado SA, Red Colón SA y Droguería Mitre SA.

“En diversas oportunidades públicas y a través de distintas iniciativas legislativas he tratado de que el pueblo de Catamarca se entere del enriquecimiento patrimonial de la familia Jalil, pero también le he pedido al Gobernador que dejara de utilizar su dominio económico y su poder político para hacer negocios con el Estado, sin embargo, lo sigue haciendo frente a los 400 mil catamarqueños que somos testigos de cómo se enriquece el grupo económico que comanda”, sostuvo el diputado opositor en su proyecto.

Y concluyó: “Ojalá a partir de esta iniciativa, Jalil nos haga conocer su estado patrimonial, pero especificando las reales valuaciones de sus inmuebles y sus porcentajes empresariales, y lo más importante; que nos haga saber en qué porcentaje participan esas corporaciones (de la que es socio) en la venta de bienes y servicios al Estado, habida cuenta de que la Ley de Ética Pública le impide realizar negocios con el Gobierno, tanto a él, como a sus familiares”.

Dictamen del Tribunal de Cuentas

El gobernador catamarqueño negó la acusación y le dijo a Infobae que le pidió un informe al Tribunal de Cuentas de la provincia antes de asumir en la gobernación. “Me dijo que no había conflicto de interés. Las empresas no prestan al Estado, sino a la obra social de la provincia, que es autárquica. Además, tengo un porcentaje muy chico en esas empresas familiares y no soy director desde hace más de 20 años”, argumentó.

Según ese dictamen, por la ley 4.938 de Administración Financiera y Sistema de Control del Sector Público, “en una sociedad de personas o acciones en la que el funcionario o agente del estado oficial es socio pero no forma parte de la dirección (director o gerente) o del órgano de control (síndico) de la empresa, y que su participación en la formación del capital social no tenga la incidencia para formar por sí sola la voluntad social, sí puede contratar dicha sociedad con el Estado Provincial. Porque en realidad la sociedad de marras es una persona jurídica diferente de la persona del funcionario o agente”, puede leerse en el dictamen del organismo de control provincial al que tuvo acceso Infobae.

No obstante, esa resolución advierte: “Corresponde establecer también que el funcionario o agente público no de debe participar en el proceso de selección y contratación en la que participa la empresa de la que él es socio minoritario”.

Infobae consultó a su vez al relator legal del Tribunal de Cuentas provincial a cargo de la presidencia, René García Olmedo, quien se explayó sobre el dictamen: “Si la persona tiene, en forma previa a ser designado funcionario público, un capital o intereses en algún tipo de empresa, y no forma parte del directorio ni de la gerencia ni tampoco su capital es tan importante como para decidir sobre el directorio, no tiene que renunciar al capital ni a su empresa, en la medida que no está influenciando en la decisión social de la misma”.

No obstante aclaró que el Tribunal de Cuentas de Catamarca “hace un dictamen en forma genérica, no puede entrar a analizar cada uno de los casos, porque si no sería adelantar opinión sobre una actuación que luego podría entrar bajo su control”. Y agregó: “Hay que ver caso por caso, y la participación que haya tenido el funcionario en cada una de las contrataciones en particular. Por ejemplo, determinar si en una contratación del Estado, una empresa del funcionario se vio favorecida en una licitación pública”.

García Olmedo aclaró que el Tribunal de Cuentas “no tiene un detalle de las empresas” en las que el gobernador es accionista. “Las DDJJ son secretas, y por nuestra ley de información pública, hay que pedirlas a través de orden judicial. Somos depositarios de las DDJJ pero no controlamos su contenido”. Este medio le preguntó cómo podían ejercer el control sobre las empresas del gobernador si no sabía cuáles eran, a lo que el relator legal -abogado de la UBA y ex miembro del Consejo de la Magistratura de Catamarca-, respondió: “Controlamos que las ofertas se ajusten a la ley, si la empresa ganadora cumple con los requisitos, y si no hubo una intervención que indique un direccionamiento. Si una empresa gana de acuerdo al concurso de precios y al pliego de la licitación, entonces no hay sospechas”.

Exportación de nueces

El mandatario catamarqueño es además dueño del 20% de Frutos del Cerro SA, dedicada a la producción y comercialización de nueces en la provincia. En el pedido de informes, el diputado Ávila destacó que se trata de “una empresa exportadora que posee una extensión operativa de 350 ha, denominada ‘La Rinconada’, cuyos socios mayoritarios son la familia Cirigliano”. Según le dijo a Infobae, Jalil “favoreció a esa firma después de una gira oficial como gobernador por Dubai para concretar un acuerdo de venta de nueces a ese país, siendo que Frutos del Cerro es la única empresa grande con capacidad para exportarlas en la provincia, y el resto son pequeños productores”.

Ávila se refirió así a la participación del mandatario y un grupo de empresarios en la Feria Internacional Gulfood, el principal evento a nivel mundial sobre bebida y alimentación, que tuvo lugar en febrero en esa ciudad de los Emiratos Árabes. Era la primera vez que Catamarca participaba de esa feria, una de las más importantes del mundo en materia de alimentos. El gobierno catamarqueño colocó un stand y se instaló junto a intendentes, productores y empresarios. Jalil le dijo a Radio Ancasti en ese momento que la provincia tenía "tiene mucho potencial en materia de frutos secos y producción de alfalfa, y aseguró que los productores quedaron conformes por este primer contacto directo con el mundo”.

Cuestionamientos por la minera Galaxy

En su pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados de Catamarca, Ávila recordó que este año presentó una serie de proyectos donde mencionó “la existencia de un inmueble, propiedad de Jalil, alquilado a la Minera Galaxy”. Ante la consulta de Infobae, Jalii dijo que había “estado en desacuerdo” con esa decisión.

Ávila advirtió en diálogo con este medio que “esta minera explota litio en el Salar del Hombre Muerto, donde hay un conflicto con los pueblos originarios porque el uso del agua del Río Los Patos. Es un tema muy polémico, porque en todo el ecosistema de la Puna el agua es muy escasa. Y Jalil firmó un decreto autorizando a esa minera a usar agua de ese río, a la que le alquila un piso para oficinas en el edificio donde funcionan varias de sus empresas. Le dije que había claramente un conflicto de intereses”, aseguró Ávila en diálogo con este medio.

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente provincial autorizó en mayo pasado a través del decreto 770/20 un nuevo permiso a Galaxy Lithium - filial de la minera australiana Galaxy Resources y propietaria del proyecto “Sal de Vida” - para la explotación de agua subterránea por dos años en la cuenca del Río Los Patos, en Antofagasta de la Sierra. En el acuífero de ese río se construye una obra de la empresa Livent, cuestionada por pobladores y grupos ambientalistas.

Jalil prefirió destacar que firmó un decreto que eliminó otro de la década del 90 que permitía a los empleados de planta permanente del área de Minería de la provincia tomarse una licencia por tiempo indeterminado, irse a trabajar a una empresa privada, y luego volver al Estado. Infobae contactó a la secretaria de Minería de Catamarca, Fernanda Ávila, quien explicó que “hubo gente que estuvo 10 años en La Alumbrera, y después buscó volver al Estado. Para poder ser competitivo frente a los mejores sueldos del sector privado, el Estado lo que puede ofrecer es estabilidad laboral. Lo eliminamos para evitar que la gente retenga su condición de personal de planta. Ahora tiene que optar y renunciar al estado si quieren ir al sector privado”. Y respecto de la cuestión ambiental alrededor del Río Los patos, la funcionaria señaló que “se están haciendo muchos estudios de caudal. Las empresas tienen un permiso de uso precario, si se detecta que hay algún problema se les retira inmediatamente esa autorización”.

Pocas chances en Diputados y la Justicia

La iniciativa de Ávila en la Cámara de Diputados tiene pocas posibilidades de aprobarse ya que el Frente de Todos tiene 24 diputados sobre 41, y 14 senadores sobre los 16 miembros que integraban el Senado provincial. El legislador admitió también que la viabilidad de un planteo en la Justicia es muy acotada ya que “desde el mandato de Corpacci, el oficialismo ha colonizado el Poder Judicial, luego de un acuerdo de la ex gobernadora con (Mauricio) Macri, para que a través de un convenio con la ANSES, los jueces se jubilen con el 82% móvil”.

En lo que fue leído como un avance del Ejecutivo catamarqueño sobre el Poder Judicial, Jalil impulsó en medio de la pandemia y en un trámite veloz sin la presencia de la oposición, un paquete de leyes en julio por el que eliminó el Consejo de la Magistratura provincial que había sido creado en el 2000. El argumento fue que no tenía rango constitucional y “violentaba la Constitución”. El gobernador sostuvo en declaraciones radiales que "había procesos mucho más transparentes que el Consejo de la Magistratura”. Y recordó que fueron electos jueces por este organismo que estaban siendo “llevados a juicio por mal desempeño en su tarea”, por lo que consideró que “hay que buscar otra metodología de elección de los jueces y no necesariamente tiene que ser el Consejo de Magistratura”. También impulsó ampliar la cantidad de miembros de la Corte de Justicia de la provincia de 5 a 7. Corpacci - hoy diputada nacional por e l Frente de Todos- ya había elevado ese número de 3 a 5. La oposición provincial, encabezada por Juntos por el Cambio, denunció un golpe institucional.

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