En la Confederación General del Trabajo (CGT) crece el malestar por la falta de definición del Gobierno en algunos temas que podrían agravar la crisis de las obras sociales. Por un lado, hay temor de que las vacunas contra el COVID-19 tengan que ser financiadas desde el sistema sindical de salud en medio de sus serios problemas financieros. Por otro, la dirigencia cegetista alerta que el Poder Ejecutivo debería cumplir la promesa de cubrir la caída de la recaudación de las obras sociales mediante aportes del Tesoro Nacional y no de los trabajadores, como sucede actualmente.
Además, la central obrera está preocupada por la falta de avances de la ley complementaria sobre la que venía conversando con los funcionarios del área de Salud para mejorar la eficiencia del sistema sindical de salud y evitar que se siga desfinanciando.
Según los sindicalistas, el ministro de Salud, Ginés González García, se había comprometido a designar técnicos de esa cartera para consensuar con los expertos de la central obrera la redacción de aquel proyecto de ley, pero ya pasaron dos meses y medio y sigue sin haber novedades.
La crisis de las obras sociales será uno de los principales temas que se analizarán este martes, a las 15, en la reunión del consejo directivo de la CGT que tendrá lugar en la sede de Azopardo 802, donde también se evaluará la relación con el Gobierno y la situación socioeconómica. El encargado de presentar un informe actualizado sobre la situación del sistema de salud será el secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).
La confirmación de que hacia fines de año estará la vacuna contra el COVID-19 despierta inquietud en la dirigencia sindical: “¿Quién va a poner los 20 dólares que costará la vacuna rusa? Algunos funcionarios dijeron que iba a ser gratuita para la gente, pero no está claro quién la pagará”, afirmó a Infobae un gremialista que también maneja una obra social importante.
Otro tema que preocupa a la CGT es que aún no hay novedades desde el Gobierno acerca del aumento de la cápita mensual que abonan los monotributistas y la obligatoriedad del pago por parte de todo el grupo familiar, que actualmente es optativo.
Hoy, quienes están en ese régimen pagan $1041 por mes y las obras sociales están obligadas a brindarles las mismas prestaciones del Programa Médico Obligatorio que reciben los trabajadores en relación de dependencia, que aportan un promedio de $2000 mensuales al sistema de salud.
El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, afirmó hace un mes que “el Estado no está endeudado con las obras sociales sindicales y se triplicaron los fondos: este año ya les hemos bajado más de 70 mil millones de pesos”. Sin embargo, aunque admiten que hay desembolso de dinero en forma automática, en la central obrera hablan de “un importante desfase acumulado”.
Se espera que en las próximas horas se publique en el Boletín Oficial la nueva compensación mensual que desde abril otorga la Superintendencia a las obras sociales por la caída de la recaudación (una de las consecuencias de la cuarentena obligatoria). En este caso, se trata del séptimo aporte derivado del Fondo de Emergencia y Asistencia, creado durante el gobierno macrista.
La ayuda adicional para compensar la caída de la recaudación de las obras sociales comenzó en abril, con un aporte de $1279,8 millones; en mayo fue de $1276,9 millones; en junio, de $821,8 millones; en julio, de $125,3 millones; en agosto, de $502,7 millones y en septiembre, de $527,4 millones. En total, los fondos derivados para auxiliar al sistema de salud ascendió a $4533,9 millones.
Por otra parte, la Superintendencia desembolsa en forma automática el dinero para reintegrar a las obras sociales los tratamientos de alta complejidad, aunque “sujeto a la disponibilidad de los fondos”, según se quejan los sindicalistas. El último pago fue efectuado el 23 de octubre, en que se otorgaron $1.000 millones en concepto de adelanto del Sistema Único de Reintegros (SUR).
También de manera automática son los reintegros por discapacidad y desde mediados de abril se sumaron aportes para la cobertura de pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID-19.
Más allá de la asistencia financiera de las obras sociales, los sindicalistas mantienen una relación compleja con el ministro Ginés González García: aunque mantuvo un tradicional buen diálogo con la dirigencia gremial, no le perdonan que al comienzo de la gestión “haya rato” su compromiso de que la Superintendencia iba a estar manejada por alguien propuesto por la CGT.
Incluso la central obrera llegó a proponer el nombre del médico David Aruachan para ese cargo, pero sorpresivamente el ministro designó allí a Zanarini, ex vicerrector de la Universidad Isalud (creada por el mismo González García). No hubo explicación oficial sobre la promesa inclumplida, pero trascendió que Cristina Kirchner objetó que la Superintendencia estuviera dirigida por la CGT.
La relación del sindicalismo con el ministro de Salud quedó deteriorada, hasta tal punto que la CGT recién pidió oficialmente una audiencia con Ginés González García en enero y recién se la concedieron en marzo, cuando el coronavirus ya se había declarado oficialmente como pandemia.
En uno de los primeros encuentros, la CGT le pidió una ayuda financiera adicional para las obras sociales con el fin de compensar la caída de la recaudación: se concretó desde abril, pero el auxilio provino del Fondo de Emergencia y Asistencia, sostenido con aportes de los trabajadores. La central obrera había pedido que la asistencia saliera del Tesoro Nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. El ministro les dijo que sí, aunque finalmente la fórmula elegida por el Gobierno fue distinta. “A este ritmo de desembolsos, el Fondo de Emergencia se quedará sin plata, pero esa plata provino del aporte de los trabajadores, no es del Gobierno”, advirtieron los sindicalistas.
A comienzos de septiembre, el titular de la cartera de Salud sorprendió al revelar durante una charla virtual que el Gobierno y la CGT analizaban el aumento del aporte de los trabajadores y los empleadores para compensar el déficit de las obras sociales. Para los sindicalistas, la difusión de esas negociaciones antes de tiempo, y de manera inconsulta, podía poner en peligro esa iniciativa.
Fue lo que sucedió: la medida fue congelada y, en cambio, tuvo luz verde en la Casa Rosada la propuesta de la CGT de impulsar la sanción de una ley complementaria para corregir algunas distorsiones en el sistema de salud que contribuyen al desfinanciamiento de las obras sociales. El propio Alberto Fernández lo avaló al recibir en la Quinta de Olivos a una delegación cegetista: “Es necesario reformular todo el sistema de obras sociales”, dijo tras escuchar la postura sindical.
Pero desde hace dos meses no hubo avances sobre el tema. La CGT le había entregado el 12 de junio a Zanarini un documento de 12 puntos que sirvió para las primeras negociaciones sobre el tema. En esa propuesta de la central obrera figura, por ejemplo, que se descuente el 15% para el sistema de obras sociales a quienes pagan una diferencia para atenderse en una prepaga y que actualmente no aporta al Fondo Solidario de Redistribución, que se ocupa del reintegro de dinero al sistema de salud por tratamientos de alta complejidad.
Otro punto contemplado es crear impedimentos para que, desde la sanción de la ley complementaria, se complique la triangulación los aportes obligatorios de una obra social a una prepaga, un fenómeno generalizado a partir de que en los años noventa se dispuso la libre elección de la obra social y facilitó la creación de “sellos de goma” que reciben las contribuciones de los trabajadores y, mediante convenios, derivan el dinero a una empresa de medicina privada.
La reforma proyectada también preveía la creación de una nueva canasta de prestaciones médicas que reemplazará al actual Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece las coberturas mínimas que se debe brindar y al que se fueron incorporando nuevas patologías y medicamentos que terminaron asfixiando financieramente al sistema de salud.
La falta de novedades sobre la suerte de la ley complementaria que reclama la CGT es otro de los ingredientes que empaña la relación del sindicalismo con el Gobierno. El vínculo sindical con el ministro no pasa por su mejor momento, pero la dirigencia cegetista ya desliza el nombre del gran responsable de que desde el oficialismo se frenen sus proyectos: el Instituto Patria.
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