La ONU alertó sobre la crisis social y los efectos de la pandemia en la Argentina

En un contundente informe sobre la situación actual del país en la pandemia y con vistas al futuro inmediato las Naciones Unidas alertaron recientemente que “la Argentina enfrenta riesgos que hoy se centran principalmente a nivel de la salud pública y de la estabilidad económica y política, y que pueden condicionar su trayectoria futura”.

No sólo esto. El estudio titulado “Análisis de País, Argentina 2020”, la ONU realiza un diagnóstico sobre la grieta social que vive el país, “la persistencia o agravamiento de las disputas políticas por la regulación de la justicia”; el profundo avance de la pobreza con un fuerte deterioro de la población; alerta sobre los “riesgos a la estabilidad económica, financiera y fiscal del país que pueden impactar en la gobernabilidad” y la necesidad imperiosa por establecer un gran acuerdo multisectorial como herramienta para salir de la crisis.

A lo largo de este informe de 251 páginas al que tuvo acceso Infobae se desnuda la fragilidad económica y social en que vive la Argentina. El informe fue elevado al presidente Alberto Fernández y a todo el Gobierno. Luego hubo una respuesta formal de la Casa Rosada y ello resultó ser el preámbulo del reciente documento de Marco Estratégico de Cooperación para el Desarrollo Sostenible la ONU 2021-2025, que firmó la Argentina para avanzar con la Agenda 2030 y lo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU amparados bajo el lema de “No dejar a nadie atrás”.

El representante de Naciones Unidas en la Argentina, Roberto Valent, explicó para la realización del informe de diagnóstico se trabajó durante varios meses en entrevistas con todos los sectores de la política, referentes de la sociedad civil, empresarios, gremios y movimientos sociales.

“Está claro que los cambios futuros de la Argentina sólo llegarán mediante acuerdos básicos de todos los actores de la sociedad que fijen un modelo de desarrollo para dar confianza hacia el futuro”, dijo Valent en diálogo con Infobae al analizar en detalle el documento de diagnóstico actual del país.

Tras este análisis que hicieron las diferentes agencias de Naciones Unidas establecidas en el país queda en claro que la pandemia agravó sustancialmente la fragilidad económica, social y políticas en que se encuentra la Argentina.

El canciller Felipe Solá y Valent firmaron el 3 de noviembre pasado el acta de compromiso de la agenda de desarrollo 2030 de la ONU para la Argentina y en ese contexto el funcionario argentino destacó taxativamente: “Este marco se ha hecho bajo el impacto de la pandemia como tema central pero al mismo tiempo para tratar de acondicionar, reformular, rehacer alianzas, adaptarse a este mundo de la pandemia en lo que refiere a la Argentina, siempre en línea con los principios y objetivos establecidos en la Agenda 2030”.

Entre los principales tópicos que aborda el extenso informe de la ONU y que se necesitarán reformular para atender la agenda de compromisos a futuro se pueden detallar los siguientes ejes relevantes:

Riesgos económicos. El informe de Naciones Unidas sostiene que “existen riesgos a la estabilidad económica, financiera y fiscal del país que pueden impactar en la gobernabilidad, la cohesión social o la habilidad de la población para satisfacer sus necesidades”.

Así, detalla que la Argentina enfrenta desde hace algunos años una crisis económica y social profunda con un sensible deterioro en indicadores sociales relevantes. “Esta crisis se expresa en débil crecimiento económico y volatilidad macroeconómica, alta inflación, déficit fiscal y elevada evasión impositiva”.

El incremento de la pobreza y la necesidad de dar respuesta a través de políticas sociales elevan la presión sobre los recursos del Estado frente a una situación de restricción presupuestaria; esto puede disminuir la inversión del Estado en aspectos necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible también destaca el documento.

En este sentido, el representante de Naciones Unidas en la Argentina dijo a Infobae que “las recientes fluctuaciones del dólar son una muestra de esta inestabilidad económica que requieren de un diálogo o un acuerdo entre todos los sectores”.

Justicia y leyes. Esta capítulo se refiere a los riesgos para la implementación y aplicación justa, efectiva y comprehensiva de los principios de la justicia, el imperio de la ley. Y el informe allí señala que hay una “persistencia o agravamiento de las disputas políticas por la regulación de la justicia (Consejo de la Magistratura), reforma del sistema de espionaje federal (AFI) y su vinculación con la Justicia Federal, y el uso político de las causas de corrupción generan una cultura de la impunidad y baja valoración de la justicia”.

Frente a este escenario, la ONU alerta que hay una “falta de capacidad” para ampliar el acceso a la justicia para algunos grupos, por ejemplo, mujeres y migrantes, que requieren del sostenimiento y la creación de diversas políticas (de capacitación, instituciones especiales) para mejorarlo.

Sobre este punto, Valent aclaró que la “tensión permanente en la política argentina por las causas de corrupción” no es de ahora sino que vienen de un arrastre de hace más de 10 años.

Servicios sociales. Tras un extenso detalle de la situación de pobreza creciente en la Argentina la ONU alertó que “existen riesgos para la población debido a la carencia o las limitaciones al acceso a servicios sociales básicos”.

En este sentido destaca el documento que la Argentina tiene grandes desafíos en el desarrollo de su infraestructura, por ejemplo, en logística y transporte, que limitan su competitividad y posibilidades de expansión económica. Existe, además, un “riesgo de deterioro de infraestructura” por restricciones a la inversión pública y privada por la situación económica.

Además recala en que la falta de acceso a agua, saneamiento y energía en algunas regiones del país, como el Norte, y en comunidades indígenas pone en riesgo la salud de la población a la vez que dificulta la realización de algunas actividades económicas.

Como ejemplo concreto de este deterioro se advierte que los casi 4.500 asentamientos y villas miseria con fuertes carencias en el acceso a servicios e infraestructura básica dificultan el acceso a derechos de su población; además, los riesgos sanitarios preexistentes se vieron agravados por la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, la ONU destaca que el desarrollo de esta pandemia puede poner en crisis el funcionamiento del sistema sanitario y dificultar la atención de otras enfermedades.

Seguridad alimentaria. Al evaluar los otros riesgos para la población, el informe sostiene que el agravamiento de la crisis económica y la pobreza hicieron visibles problemas de hambre y mala alimentación. “Por eso será necesario un flujo de recursos significativo en los próximos años y la creación de programas para atender estos problemas”. Aunque se alertó que existe un riesgo de cobertura si no se integran las distintas políticas existentes.

Salud pública. El desarrollo actual y futuro de la pandemia de la COVID-19 es una gran amenaza para la salud pública de toda la población. “La incapacidad de sostener los avances desarrollados y asimilar aprendizajes de la emergencia aumentan el riesgo de no poder afrontar adecuadamente futuras pandemias”, dice el informe de la ONU. Y alerta que la alta concentración de políticas y recursos para atender esta pandemia pone en riesgo la atención de otros múltiples temas de salud, en particular desde el sistema público.

Con los datos disponibles, la ONU prevé un impacto directo de la pandemia sobre la economía y las dimensiones sociales más relevantes en el país. Así, se espera una “mayor contracción económica, con pérdida de empleo, el correlativo aumento de la pobreza y la desmejora en otros índices clave, con nuevas amenazas y retos para el desarrollo”.

Triple shock. Desde esta óptica, la crisis generada por la pandemia la ONU entiende que el escenario actual presenta un triple shock económico a nivel local: uno de oferta (debido a las medidas de aislamiento social), uno de demanda (derivado de los menores ingresos que genera la paralización de la actividad económica) y uno financiero (asociado a los problemas de liquidez que enfrentan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que, por supuesto, se deriva de los dos anteriores).

A esto se le suma el impacto externo derivado de la crisis global, a partir del menor precio de los principales productos de exportación, la reducción del volumen de comercio de bienes y servicios, que afecta sobre todo la demanda proveniente de países vecinos, en particular Brasil, y las tensiones financieras internacionales.

Medidas en la pandemia. Al hacer un análisis detallado de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) que tomó el Gobierno para enfrentar la pandemia la ONU destaca que esto ha generado un marcado deterioro en la actividad económica, con importantes consecuencias en el mercado de trabajo y en los niveles de pobreza. “Estos impactos se suman a un proceso recesivo que el país arrastra desde hace varios años, y a una crisis financiera que ha llevado a una renegociación de la deuda externa todavía en proceso”.

Finalmente, se alerta que los riesgos a nivel de la salud y en la esfera económica y financiera de la pandemia y sus medidas para paliar la situación sanitaria pueden impactar sobre la estabilidad política, ya que “hay algunos sectores políticos, sociales, económicos y mediáticos que fomentan una dinámica de fuerte polarización en la arena pública”.

Llamado al diálogo. Para fortalecer la institucionalidad del país la ONU entiende que se requiere mejorar la capacidad del Estado para diseñar y evaluar políticas basadas en la evidencia y para proveer –directa o indirectamente– bienes esenciales: salud, educación, justicia, transporte, telecomunicación, información accesible, entre otros (en este sentido, será clave asimilar y sostener la experiencia que dejará la gestión de la pandemia.

También se plantea hacia el futuro se requerirá generar mecanismos institucionalizados, coordinados y permanentes de diálogo social.

Valent explicó a Infobae que en las entrevistas que mantuvieron con sindicatos, empresarios, movimientos sociales, referentes de las pymes, la política y la sociedad civil coincidieron en la necesidad de abordar a acuerdo multisectoriales. “Es necesario frenar la tensión entre oficialismo y oposición por medio del diálogo para evitar una crispación de la grieta que no es nada constructiva”, añadió el responsable de la ONU en el país.

Economía y deuda. El documento señala también que “la Argentina se encuentra en una encrucijada en relación con su modelo de desarrollo: su economía no está puramente basada en los recursos naturales, pero tampoco cuenta con un desarrollo manufacturero comparable al de las potencias manufactureras, que le permita generar divisas de manera compatible con un proceso de crecimiento sostenido”.

Así, remarca que los episodios de excesivo endeudamiento externo, como el experimentado entre 2016 y 2019, y las crisis financieras resultantes se deben en gran medida a estas limitaciones estructurales y explican tanto la volatilidad macroeconómica del país como la persistencia de su carácter bimonetario (la tendencia a calcular la rentabilidad y la capacidad de ahorro de los agentes económicos en moneda extranjera). Estas razones también limitan la capacidad recaudadora del Estado y reducen el espacio fiscal para ampliar el gasto en partidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida, reducir la desigualdad y aumentar la productividad de la economía, según los especialistas que hicieron un diagnóstico de la Argentina.

Pobreza. En el análisis se profundiza en las características de la pobreza no monetaria multidimensional y su vínculo con las formas tradicionales de medición: ingresos y necesidades básicas insatisfechas.

Así, la ONU alertó que las desigualdades vinculadas con el ciclo de vida también son muy marcadas en la Argentina, en particular para niños, niñas y adolescentes: un 53% de ese segmento etario es pobre, contra el 36% del total de la población.

Educación. Sobre los niveles educativos, se resaltan algunos aspectos, por ejemplo, del Inicial, su fragmentación y su concentración de la oferta en edades obligatorias; del primario, su carácter universal pero la falta de jornadas extendidas o completas; del secundario, la asistencia masiva, pero las demoras en la graduación.

Derechos humanos. La ONU señala que más allá de los avances realizados por la Argentina en cuanto a políticas de derechos humanos, se requiere fortalecer la capacidad de las instituciones rectoras de políticas públicas en derechos humanos, la coordinación de las diversas instituciones y la elaboración de las políticas de los diversos Ministerios con una mirada que integre los derechos humanos de forma efectiva y transversal.

Si bien se destacan avances en temas de género, el progreso de la Argentina no ha sido uniforme: “subsisten marcadas desigualdades en todos los ámbitos (salud, educación, mercado laboral e ingresos, protección social) y persisten profundos contrastes en el interior del territorio y respecto a ciertos grupos, como niñas y adolescentes, mujeres mayores, con discapacidad, lesbianas, travesti y trans, migrantes, refugiadas, privadas de libertad, indígenas, rurales”, dice el documento.

Esta discriminación interseccional agrava la desigualdad de mujeres y niñas y de grupos o sectores en situación de vulnerabilidad, colocándolas en mayor desventaja para el efectivo ejercicio de sus derechos.

Inseguridad. En la Argentina los niveles de violencia e inseguridad son altos y, en algunos lugares, están muy por encima de la media nacional, dice la ONU. La política de seguridad es uno de los temas más sensibles y no se alcanzan consensos mínimos entre las mayores fuerzas políticas ni en el interior de ellas.

Para esto, la ONU pide fortalecer el Estado de derecho y la independencia judicial: la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía se encuentra seriamente lesionada, porque se ha debilitado la creencia en la imparcialidad de la justicia.

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