El Gobierno apunta a bajar la tensión por los desalojos y activa un fideicomiso para urbanizar barrios populares

A días del desalojo en Guernica, el ministerio de Desarrollo Social Daniel Arroyo acelerará las medidas para urbanizar los barrios populares. Habrá dos avances concretos: por un lado, finalmente se constituirá el fideicomiso para administrar los recursos que se destinarán a la integración urbana. Por el otro, se reabrirá el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), un gesto político dirigido hacia los movimientos sociales descontentos con el operativo policial definido por el gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

El Renabap es el reporte oficial que nuclea la información de la villas de emergencia en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2016. Según este registro, se contabilizaron casi cuatro millones de personas en 4.416 barrios donde hay hacinamiento y deficiencias en el acceso a los servicios públicos, como luz, agua y cloacas. Sin embargo, esa cifra está sobreestimada: en los últimos tres años se crearon más asentamientos, por lo que el Gobierno buscará oficializarse.

“Estamos abriendo el Renabap para registrar los barrios nuevos”, aseguró el ministro de Desarrollo social, ante una conversación con periodistas. La actualización de este registro era una antigua queja de las organizaciones sociales y de la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU), a cargo de la dirigente territorial de La Cava, Fernanda Miño, que es la autoridad de aplicación del Renabap y, por lo tanto, de las obras de urbanización en los barrios populares.

La sumatoria de nuevos barrios al Renabap es clave porque las viviendas incorporadas a ese registro no pueden ser desalojadas por un plazo de cuatro años, de acuerdo a la Ley 27.453 sancionada en 2018. El ministro Daniel Arroyo aclaró que solo se incorporarán aquellos barrios donde hubo toma de tierras “consolidadas”, con casas construidas con materiales, por lo que descartó que se agreguen los asentamientos que se produjeron durante el 2020.

Un caso testigo sobre la problemática se produjo el martes en el barrio “Stone”, en la localidad bonaerense de Escobar. La toma de tierras se había producido hace un año y ya contaba con edificaciones de material. Sin embargo, el gobierno bonaerense desalojó a las familias a pedido del juez de Garantías Nº3 de Escobar, Luciano Marino. Los afectados aclararon que habían comprado los terrenos de “buena fe” y que habían sido blanco de una estafa.

Fernanda Miño, titular de la SISU, se había quejado por las demoras en la actualización del Renabap. "Estas personas tienen que estar protegidas y ser partícipes de un nuevo registro, porque son las que están padeciendo la problemática con más crueldad”, dijo en una nota a Infobae. En ese momento, su secretaría estaba bajo al órbita del ministerio de Habitat y Viviendas, de María Eugenia Bielsa. En medio de críticas internas por la falta de avances, con una ejecución presupuestaria del 16,7%, la SISU fue transferida hace un mes a Desarrollo Social.

“Nosotros tenemos 46 barrios que están urbanizándose, apuntamos a hacer 440 por año”, apuntó el ministro Daniel Arroyo. “Vamos a tener tres tipos de intervenciones: la urbanización, como abrir calles, agua, cloaca electricidad; el espacio público, esto es las creación de placitas; y mejoras de la vivienda, como los núcleos húmedos, piso de material o la piecita del fondo. Por último el acceso de lotes con servicios básicos, donde se puedan construir las viviendas y no al revés".

En el último mes, las pequeñas obras en los barrios de emergencia se llevaron adelante con fondos propios del área. La novedad estará ahora en la activación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), también regulado por la Ley 27.453, y cuya administración estará en manos de la secretaría encabezada por Miño, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la incorporación de un tercer actor, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

“Si todo sale bien, la semana que viene se va a estar firmando la resolución del fideicomiso”, confirmó Arroyo.

Los recursos para el financiamiento de la urbanización de los barrios populares tiene dos fuentes principales: las partidas del presupuesto nacional y los 8 mil millones de pesos del impuesto PAIS, que se recauda con la compra de dólares. Un tercer ingreso se originaría en el aporte extraordinario a las grandes fortunas, en caso de que la ley se sancione en el Congreso.

El criterio de selección de las prioridades en los barrios populares será revisada por los gobernadores, a través del Consejo Federal de Desarrollo Social (Cofedeso). La tarea viene demorada por la pandemia desde la gestión de Bielsa. De los 4.416 barrios registrados en el Renabap, solo se iniciaron obras en 46 asentamientos, es decir, el 1 por ciento. Con el nuevo reimpulso, las obras podrían alcanzar el centenar de barrios a fin de año.

El desalojo en Guernica generó un profundo malestar en los movimientos sociales, que no ocultaron su enojo por el operativo implementado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Incluso hubo diputados y funcionarios del Gobierno que despotricaron por las escenas de violencia.

“Nadie en el campo nacional y popular puede estar orgulloso de aquellas imágenes de represión en la miseria”, dijo Fernanda Miño en su cuenta personal de Twitter. “Vamos a entregar todo para hacer realidad esas soluciones necesarias y de fondo. No seremos parte de otras respuestas, tenemos clara nuestra misión”, desafió.

La urbanización de las villas interesa a las organizaciones sociales. En septiembre, el ministerio de Desarrollo Social activó políticas territoriales como la puesta en valor y creación de 800 de jardines comunitarios para poblaciones vulnerables. Ayer se hizo la primera presentación de de la red de infraestructura del cuidado, junto al presidente Alberto Fernández, y los ministros de Infraestructura Gabriel Katopodis y Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Este tipo de acciones permiten atender no solo la demanda habitacional y de cuidado -un reclamo sentido por los grupos que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)-, sino que además configuran una fuente de trabajo para quienes están bajo la órbita de programas como el Potenciar Trabajo, sobre el que se apuntan a alcanzar los 500 mil beneficiarios. Según los cálculos oficiales, el 25% de las cooperativas trabajan en obras de construcción de baja escala, como las que se realizan en los barrios del Renabap.

Infobae preguntó al ministro de Desarrollo Social si el desalojo de las tomas no es contradictorio con la política de urbanización de los barrios populares. "Hay que dialogar, dialogar, dialogar y dialogar. Los movimientos sociales son parte de la solución, hablamos con todos. Hay mucha gente angustiada que le bajó el ingreso, y que se le complicó la vida por la falta de vivienda, de trabajo y el COVID. Mi tarea es bajar dos cambios”, concluyó Daniel Arroyo.

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