Después de la aparición en bases de datos públicas las identidades de 30 agentes que se sumaron a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el año 2020, la interventora en el organismo de espionaje, Cristina Caamaño decidió que de ahora en más los integrantes de la central que revisten en áreas administrativas no utilizarán nombres de cobertura como lo vienen usando hasta ahora.
Durante octubre Infobae publicó -sin revelar sus identidades- que se habían sumado a la AFI de Caamaño un contraalmirante retirado, un “asesor internacional” de pasado lopezrreguista, un ex candidato a legislador porteño por uno de los tantos peronismos de la Capital, un ex secretario de Seguridad de un municipio bonarense y varios ex integrantes del Ministerio Público Fiscal. Todos sus nombres aparecieron en bases de datos públicas.
Desde siempre cuando una persona entra la actual AFI ex SIDE, se le otorga una identidad falsa. La lógica indicaba que se respetaban las iniciales de su nombre y apellido verdaderos. Si el agente se llama Juan Pérez su nombre de cobertura era (por ejemplo) José Pernía. Y esa regla de nombre de cobertura abarcaba a todas las áreas de la AFI.
Pero la interventora que puso Alberto Fernández, comunicó en la web de la AFI que “el personal afectado directamente a la Dirección General, a la Dirección de Comunicación e Información Pública, a la Dirección de Asuntos Internos, a la Unidad de Auditoría Interna, al Gabinete de Asesores, a la Escuela Nacional de Inteligencia, a la Secretaría de Administración y Apoyo -con excepción de la Dirección de Seguridad y Custodia- y a la Secretaría de Planificación de Inteligencia Nacional con sus áreas dependientes no utilizará ningún tipo de nombre supuesto o identidad reservada y/o encubierta, tanto dentro como fuera del ámbito” de la AFI".
Según se explicó en la web de la AFI "Caamaño entendió que las áreas relevadas de la reserva de identidad no realizan actividades de inteligencia nacional”, por lo que estableció que "no existe ningún tipo de riesgo para la seguridad de la información ni en las funciones asignadas a esta agencia”.
En la página web de la AFI volcaron los fundamentos de la resolución por la cual se releva del uso de identidades reservadas a los que revistan en áreas no operativas del organismo de inteligencia. Allí se señala que: “De esta manera, la Resolución 1471/20 instrumenta lo previsto en los anexos IV, V y VI del Decreto 1311/2015, que establecen una “clara diferenciación fundada en las características de las tareas al determinar la clasificación de la información sobre la identidad e identificación del personal”. Así, la norma asigna el carácter “secreto”, sin excepciones, para el personal abocado a actividades de inteligencia; “secreto”, con facultad para exceptuar, para quienes se desempeñan en tareas de seguridad, y “público” para el personal encargado de tareas de planificación y dirección estratégica, gestión de la comunicación institucional, gestión de asistencia jurídica, gestión económica y financiera, gestión de recursos humanos, gestión de infraestructura y patrimonio, gestión tecnológica, docencia e investigación y cualquier otra tarea de asistencia a las labores del organismo”.
Como es característico de su gestión, Caamaño le cargó responsabilidad a la administración de Mauricio Macri para tomar la decisión de terminar con las identidades encubiertas de quienes no revistan en áreas “de inteligencia nacional”. Lo hizo al recordar que "los regímenes profesionales de los tres escalafones, previstos en el Decreto 1311/2015, habían sido reemplazados por el Decreto 656/2016 -derogado por el presidente de la Nación al momento de decretar la Intervención del organismo- que instrumentó un estatuto único para todo el personal de la AFI, “el que, sin distinción alguna, aplicó de manera extensiva la disciplina del secreto a la identidad de la totalidad del personal, en clara contradicción con el principio establecido por el legislador de reserva excepcional de identidad conforme a las tareas -artículo 25 de la Ley 27.126”.
Caamaño remarcó lo hecho durante el gobierno macrista para fundamentar su decisión cuando dijo que "el decreto instrumentado por la administración anterior “restauró el principio del secreto” que fue “utilizado con arbitrariedad para eludir las normativas vigentes en relación a la gestión del personal y ejecución transparente del presupuesto”.
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